Cierre de gobierno de Estados Unidos impacta aduanas y visas en el corto plazo en México
La parálisis presupuestaria del gobierno de Estados Unidos llegó a su séptimo día este martes sin que haya visos de una pronta solución, lo cual genera incertidumbre entre empresas mexicanas y personas que tengan relaciones directas con sus pares estadounidenses. Tanto demócratas como republicanos amenazan con prolongar esta situación en momentos en que el presidente Donald Trump asegura que comenzaron los despidos de empleados federales. Cada bando se aferra a sus posiciones y se culpa mutuamente desde el inicio el 1 de octubre del denominado «shutdown». Impacto en aduanas ¿Cierre extenso? ¿Qué se necesita para levantar el cierre de Gobierno? Blanca Algarra Alba, maestra en Estudios Internacionales y profesora del Tec de Monterrey, comenta que las personas que estén esperando una resolución legal o beneficios de programas directos del presupuesto estadounidense sí enfrentarán afectaciones por el retraso de sus documentos o recursos. Explica que el cierre es un problema político interno de Estados Unidos, y que lo que va a suceder es que el presidente Trump declare muchos programas o servicios del gobierno como no esenciales, por lo que procedería a su cancelación. “Trump ahorita está diciendo ‘es que los demócratas cerraron el gobierno’, pero también tiene que ver con que ninguno de los dos bandos está cediendo en algo que consideran fundamental para sus principios políticos. Entonces es una forma de ejercicio del poder. Están en una pelea de qué políticas públicas pueden continuar o no”, dijo la especialista en entrevista. La semana pasada, la Embajada de EU en México anunció que seguiría operando conforme a lo programado, aunque advirtió que su cuenta en X dejaría de actualizarse y que los interesados deberían entrar a su página web para solicitar cualquier aclaración particular. Martín Pustilnick, Co-Founder y CEO de la consultora en comercio MUNDI, dice que el cierre de gobierno también puede generar impacto en los mercados financieros y que las aduanas de Estados Unidos con México operarán más lento, lo cual a su vez ralentizará el flujo de mercancías, los pagos con impacto en los inventarios. El especialista añade que los alimentos son uno de los rubros que más se verían afectados porque los productos tienden a caducar de una manera más rápida a comparación del automotriz, textil o electrónico: “Es grave porque te retrasa los inventarios y te puede retrasar los pagos (…) Me preocuparía más si estuviera en el mundo de los perecederos”. Pustilnick sugiere a las empresas afectadas atender los temas logísticos para confirmar la necesidad de programar envíos o pactar entregas en otros horarios, así como mantener una comunicación constante con los socios de ambas partes de la frontera. En el primer trimestre del año, las exportaciones agroalimentarias de México sumaron 6,648 millones de dólares (mdd) frente a las importaciones de 4,631 mdd. Ambos indicadores tuvieron reducciones de 1.2% y 10.8% respectivamente frente al mismo periodo de 2024, de acuerdo a información de la Secretaría de Agricultura. Ambos entrevistados dudan de una pronta solución al cierre de gobierno, aunque descartan afectaciones en el largo plazo. “A corto plazo obviamente genera volatilidad y la volatilidad es mala para las empresas porque no pueden planear. Pero yo creo que el impacto en México, que obviamente 85% de la exportación es hacia EU y si lo miramos en 10 meses, sea de alta importancia”, afirma el directivo de MUNDI. “El gobierno mexicano en realidad no puede hacer mucho porque son servicios los que otorga el gobierno norteamericano”, dice, por su parte, la profesora del Tec de Monterrey, quien descarta que haya un pronto recorte a la calificación de deuda soberana a ese país por las tensiones políticas que atraviesa. Hasta este 6 de octubre se han realizado seis votaciones para reabrir el Gobierno. Para que esto suceda, se necesita un total de 60 votos, por lo que los republicanos requieren de 7 votos demócratas para pasar el proyecto de ley. ]]>
México invierte menos en infraestructura que en pagar intereses de su deuda
El pago de intereses de la deuda pública supera al gasto de inversión en infraestructura para registrar la mayor brecha de la que se tiene registro, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP ). Equivalencias En el periodo enero-agosto, el costo por intereses de la deuda pública fue más elevado al de inversión física por 311,041 millones de pesos, frente al mismo periodo de años anteriores, revirtiendo la tendencia de mayor gasto en infraestructura y menor deuda del año pasado. Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, explicó que los recursos públicos que se obtienen de préstamos se deben destinar a refinanciar deuda o a gasto de inversión, este último con el objetivo de hacer crecer este capital y se vuelva redituable para la economía. “Es un tema de gran preocupación porque nosotros estimamos que por cada peso de endeudamiento que se come el presupuesto, para el siguiente año solamente 61 centavos se destinarán a proyectos de inversión. Cuando debería ser un peso de deuda, igual a un peso de inversión, es la regla de oro de la sostenibilidad de la deuda. Desde 2019 no se cumple esa métrica y nuevamente en 2026 no se cumplirá, lo cual ya nos habla de 7 años continuos de que no estamos en una trayectoria sostenible de la deuda”, explicó el especialista de México Evalúa. La propuesta de Paquete Económico 2026 refiere que 2025 y 2026 serán dos años más en los que el gasto para intereses de la deuda será mayor al destinado a inversión en infraestructura; para este año se prevé una distancia de 532,247 millones de pesos, y para el siguiente de 611,973 millones. “Este patrón refleja que una parte creciente de los recursos públicos se destina al pago de intereses, desplazando la inversión y otros gastos prioritarios”, como salud, cuidados y pensiones, en medio del aumento en la demanda de bienes y servicios públicos de una población cada vez más envejecida”, refirió el análisis Implicaciones del Paquete Económico 2026, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). De 2021 a 2025, el costo financiero de la deuda pública ha crecido en promedio 13.1% anual, al pasar de 2.1% del PIB a 3.5%, lo que representa un incremento acumulado de 68.3 %. Para 2026, se proyecta un aumento adicional de 9.4 %, equivalente a 1.6 billones de pesos, o 4.1% del PIB. “Este gasto ineludible (costo financiero) se mantiene como uno de los componentes de mayor expansión, desplazando a otros rubros del presupuesto. Hacia 2031, bajo supuestos de menor tasa de interés y crecimiento cercano a 2% anual, el costo financiero se moderaría a 3.1 % del PIB. Sin embargo, persisten riesgos asociados a la transición demográfica, la baja productividad y la caída en la producción petrolera. En este contexto, la sostenibilidad fiscal y la equidad intergeneracional son elementos centrales para garantizar estabilidad y espacio fiscal en el mediano y largo plazo”, destacó el CIEP. Si bien se anticipa que el crecimiento económico contribuya a compensar el costo financiero de la deuda, este se apoyaría en un aumento cercano a 2% anual del PIB. No obstante, aun con dicho crecimiento, la productividad laboral seguiría por debajo de la observada en 2005, en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional, resaltó. La diferencia entre deuda e inversión al cierre de agosto de 311,041 millones de pesos, es equivalente al doble del presupuesto planteado para el cierre de este 2025 para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; 21 veces para la Secretaría de Cultura o 5 veces el presupuesto para la Secretaría de Salud. Es apenas, 10,859 millones menos que el ajuste o subejercicio que aplicó Hacienda al gasto público al cierre de agosto por 321,900 millones . “La responsabilidad se traslada a las futuras generaciones, quienes deberán sostener dichos servicios con menor inversión física y financiera, pero con una productividad mayor a la observada. En este contexto, la sostenibilidad fiscal y la equidad intergeneracional deberían incorporarse en las proyecciones de deuda para atender los retos fiscales de mediano y largo plazo, tanto en ingresos como en gastos, incluido el costo financiero de la deuda”, advirtió el CIEP. ]]>
La CFE lanza estrategia para dotar de energía a parques industriales
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca atender una de las mayores demandas del sector manufacturero: la falta de energía suficiente y confiable para operar y expandirse. Con el programa “Energía para la Industria”, la empresa estatal pretende garantizar el suministro eléctrico a los parques industriales del país, muchos de los cuales han enfrentado rezagos energéticos durante años. La estrategia contempla cinco paquetes distintos de soluciones que van desde la generación hasta la interconexión a las redes nacionales de transmisión y distribución, dependiendo de las necesidades específicas de cada parque. El objetivo es ofrecer electricidad a precios más competitivos y con tecnología adaptable a la escala y requerimientos de cada zona industrial. Cinco paquetes eléctricos para atender la demanda industrial Dos de los paquetes están enfocados en generación eléctrica directa. El primero contempla una generación fósil —a través de gas natural o diésel en esquemas modulares—, mientras que el segundo se basa en tecnología híbrida, que combina fuentes renovables como eólica o solar con respaldo de gas o diésel y almacenamiento mediante baterías. Los otros dos paquetes están centrados en la interconexión, uno a la red nacional de transmisión y otro a la red nacional de distribución. En ambos casos, los plazos de ejecución varían según el tipo de obra, y pueden de hasta 25 meses en la primera fase para transmisión y seis meses para distribución. Un quinto paquete complementa la oferta con la instalación de circuitos internos de distribución y sistemas de medición, diseñados para mejorar el control energético dentro de los parques industriales. Todos los esquemas pueden combinarse según los requerimientos de cada zona o empresa. La CFE permitirá que los parques industriales soliciten los paquetes eléctricos según sus propias necesidades, ya sea de generación, de redes o de ambos servicios. De acuerdo con la AMPIP, las entidades con mayor concentración de parques industriales —y por tanto con mayores requerimientos energéticos— son Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Sonora, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, donde la expansión manufacturera ha elevado de forma sostenida la demanda de electricidad. La empresa estatal estima que la primera fase de los proyectos de generación podrá completarse en 30 meses, con extensiones de 15 meses adicionales en caso de ampliaciones o nuevas fases. Estas obras buscan responder a la creciente demanda provocada por la llegada de inversiones derivadas del fenómeno del nearshoring. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), México cuenta con más de 477 parques industriales que abarcan cerca de 85 millones de metros cuadrados, con una demanda superior a 13,000 megawatts. Las proyecciones de la AMPIP señalan que, hacia 2030, la superficie podría crecer en 23 millones de metros cuadrados, lo que elevaría la demanda en 3,000 megawatts adicionales. Estas cifras evidencian la urgencia de contar con infraestructura energética que acompañe el crecimiento industrial. “El plan de la CFE representa una medida clave para garantizar el suministro eléctrico en un sector que arrastra años de carencias energéticas, las cuales se endurecieron a partir del nearshoring”, reconoció recientemente la Asociación en un comunicado. El organismo también destacó el compromiso de la Secretaría de Energía y la CFE con el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica nacional y el acceso equitativo a la energía para la industria, elementos que consideran fundamentales para mantener la competitividad del país. Participación de los privados El programa contempla además la participación de la iniciativa privada en algunos proyectos. Aunque las obras pueden ser ejecutadas por completo por la CFE, se permitirá la colaboración de empresas bajo ciertos esquemas. Entre las opciones de colaboración figura el autoabasto, modelo mediante el cual los privados podrán instalar centrales de generación, mientras que el precio de la energía será establecido por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Sin embargo, la participación privada estará limitada, ya que las subestaciones eléctricas y líneas de transmisión seguirán siendo actividades exclusivas del Estado. Este marco busca equilibrar la inversión pública y privada dentro de los márgenes legales actuales. Además de los paquetes principales, la CFE ofrecerá servicios complementarios para acompañar el desarrollo de los proyectos desde la planeación hasta la operación, lo que incluye asistencia técnica, diseño de infraestructura y mantenimiento preventivo. Arturo Carranza, analista del sector energético, señaló que la nueva estrategia responde a las condiciones que exige el modelo de desarrollo impulsado por el gobierno. “El desarrollo económico del sexenio actual está sujeto a la estrategia de los Polos de Desarrollo, donde los parques industriales toman una relevancia importante por lo establecido en el Plan México”, afirmó. El especialista advirtió, sin embargo, que el éxito de estos polos depende del cumplimiento de ciertas condiciones básicas. “Para que los parques industriales se desarrollen hay, al menos, dos elementos fundamentales a cumplirse: el acceso al agua y la energía; y específicamente sobre la electricidad no solo es tenerla, sino que cumpla con ciertas características como que sea limpia, asequible y confiable”, aseguró. Carranza subrayó que la estabilidad del suministro es determinante para la operación industrial. “Es muy importante que no haya variaciones en el suministro, porque cuando en los parques hay interrupciones, aunque sea de unos segundos, eso tiene repercusiones profundas para cualquier parque industrial”, añadió. El impulso a los parques industriales forma parte de la meta del Plan México, que busca desarrollar 100 nuevos complejos industriales durante la actual administración, con especial atención en el sureste del país, donde se concentran los proyectos de relocalización y los corredores interoceánicos. ]]>
Accede a las nuevas casas Infonavit: eliminan sistema de puntos y piden solo tres requisitos
El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ), Octavio Romero Oropeza, informó que s e eliminó el sistema de puntos para adquirir una de las Viviendas para el Bienestar , cuya construcción coordina la institución. Con esta medida, las personas interesadas en estas viviendas ya no enfrentarán trabas institucionales y solo deberán cumplir con los requisitos mínimos para obtener un patrimonio, que se pagará directamente mediante descuentos de su salario, se informó en la conferencia mañanera del 6 de octubre . ¿Cuáles son los nuevos requisitos? Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario explicó que se simplificaron los trámites para adquirir una de estas viviendas, cuyo objetivo es que las personas más pobres puedan acceder a un hogar. “Era un problema la entrega de los créditos hipotecarios porque no alcanzaba, la vivienda era muy cara y, además, se le ponían mil 80 puntos que eran muy difíciles que los derechohabientes pudieran adquirir”, señaló Oropeza. De esta manera, los requisitos para acceder a una Vivienda para el Bienestar son tres: 1.- Que el derechohabiente perciba entre uno y dos salarios mínimos. 2.- Que no cuente con vivienda propia. 3.- Que tenga un empleo formal. Además, destacó que los jóvenes podrán acceder a este crédito a partir de los seis meses de antigüedad en su empleo, ya que su capacidad de pago es suficiente considerando que los contratos hipotecarios son a 30 años. Por último, indicó que todos los derechohabientes, que cumplan con estos requisitos, deben acudir a las delegaciones o centros de servicio del Infonavit para actualizar sus datos y escoger su vivienda. ¿Qué son las Viviendas para el Bienestar? Las Viviendas para el Bienestar son proyectos coordinados por el Infonavit durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, destinados a ofrecer hogares dignos a personas con ingresos bajos, jóvenes, madres y padres solteros, así como a personas con alguna discapacidad que puedan trabajar. Estas casas buscan garantizar acceso a vivienda con todos los servicios básicos y un diseño funcional, procurando que sean habitables y estéticas. Según informó Octavio Romero Oropeza en la conferencia matutina, la meta del sexenio es entregar 1 millón 200 mil viviendas. Al 3 de octubre de 2025, se han contratado 200 mil 613 viviendas, de las cuales 110 mil ya iniciaron el proceso de construcción, que incluye preparación de terreno, infraestructura de servicios y plataformas para la edificación. Este año se proyecta contratar 101 mil viviendas adicionales, con lo que se alcanzaría el 25% de la meta sexenal. Para 2026, se prevén 400 mil viviendas más en contratación, y durante los siguientes cuatro años se completará el resto del objetivo. Romero Oropeza destacó que la entrega de viviendas ya comenzó en 11 estados, incluyendo Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Coahuila, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas, y que en meses siguientes se sumarán otros nueve estados, entre ellos Michoacán, Veracruz y Guanajuato. Las viviendas ya terminadas cuentan con 60 metros cuadrados, todos los servicios y espacios adecuados para familias, y se ha dispuesto que los derechohabientes visiten casas muestra antes de recibir su hogar. Además, el Infonavit ha puesto en marcha un portal en línea donde los derechohabientes pueden consultar los contratos, montos y ubicación de los proyectos, para mayor transparencia y acceso a la información. También se mantiene activo el programa de Mejoramiento de Vivienda, con una meta actualizada de 280 mil viviendas, que permite ampliar y mejorar los hogares existentes. ¿Desaparece el programa de puntos del Infonavit? Oropeza no anunció la cancelación del programa de puntos del Infonavit; únicamente informó que este no aplicará para adquirir una de las Viviendas para el Bienestar, ya que el objetivo es facilitar el acceso a quienes más lo necesitan. Cabe recordar que en agosto pasado, el titular de la institución presentó el modelo T100, que también simplifica la compra de cualquier vivienda a través del sistema del Infonavit y reduce de manera significativa los puntos requeridos. El modelo T100 del Infonavit es un sistema simplificado de otorgamiento de créditos diseñado para facilitar que los trabajadores con ingresos de entre 1 y 2 salarios mínimos puedan adquirir vivienda propia. A diferencia del modelo anterior, que exigía 1,080 puntos y 10 requisitos distintos, ahora solo se requieren 100 puntos y criterios mucho más claros: no tener vivienda propia y cumplir con un empleo formal. El modelo elimina penalizaciones que antes afectaban a los trabajadores, como el incumplimiento de pago de cuotas por parte de la empresa, y reduce la intervención del buró de crédito, limitándola únicamente a verificar que el solicitante no tenga otra vivienda. Con esto, se agiliza la precalificación del crédito: los trabajadores solo responden si cumplen los requisitos y muestran interés en la vivienda, y de inmediato se inicia el proceso. Además, este modelo se complementa con los créditos de Mejoravit, que permiten ampliar y mejorar viviendas existentes, alcanzando ya metas superiores a 250 mil créditos entregados. En conjunto, el modelo T100 busca que más personas accedan a vivienda digna de manera rápida, justa y acorde a su capacidad de pago. ]]>
Nuevo León anuncia «corredor verde», un shuttle de carga que conecta con Laredo
El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció el desarrollo de un transporte de carga elevado que irá de Monterrey a Laredo, en Estados Unidos, el cual tendrá una inversión de 17,000 millones de pesos. “ Green Corridors es una innovación de carga, que irá paralelo al tren del norte de la presidenta Claudia Sheinbaum y a la carretera 1 Norte de Monterrey. Este shuttle termina en un desarrollo que ya están construyendo en Laredo, Texas, sin salir de Nuevo León”, comentó. Es un viaducto de 250 kilómetros de la ciudad de Monterrey a Laredo, que ya cuenta con permiso de Casa Blanca, que ya cuenta con permiso estatal y es un proyecto de 17 billones de dólares de los cuales 11 son del lado mexicano. García Sepúlveda señaló que la innovación de este Shuttle es que toda la carga de México llegue a un terrero en Monterrey que tiene grúas, las cuales “pescan” el contenedor y lo suben a este Shuttle. “De lo que se trata es de que te ahorres y puedas tener tu producto ya en Laredo en cuatro horas (…) Adentro se pone el contendor y no se abre hasta llegar a Laredo”, detalló. El gobernador explicó que este transporte busca agilizar el comercio transfronterizo por medio de un viaducto elevado que están por empezar construir, con el fin de reducir costos, que exista mayor seguridad y se eviten bloqueos. “Ya (cuando llegue a) Laredo, abres el cascaron, sacas el contenedor y lo pones en el flete y de ahí llega a Estados Unidos. Obviamente, todo el tema de tecnología, GPS”, comentó. Mencionó que este un viaducto tendrá una extensión 250 kilómetros de la ciudad de Monterrey a Laredo, que ya cuenta con permiso del gobierno estadounidense, mexicano y de Nuevo León. En el marco del North Capital Forum, el mandatario señaló que con este proyecto Nuevo León tiene 101,000 millones de dólares de inversión extranjera, que es, dijo, 10 veces más que lo recibido en la pasada administración. Asimismo, comentó que proyectos como este han sido posible, debido a que su administración ha apostado 180,000 millones de pesos en obra pública estatal, a lo que se suman 150,000 mdp por parte de la Federación, que en conjunto alcanzan los 300,000 mdp, lo que trae una derrama económica nunca antes vista, generación de empleo y mejores ingresos. En un evento anterior a este, comentó que el gobierno estatal pasado, encabezado por Jaime Rodríguez Calderón, tuvo una inversión de 9,000 millones de dólares, mientras en sus cuatro años de gobierno que lleva ya van más de 100,000 millones de pesos, se abren dos o tres empresas por semana y generan más de 400,000 nuevos empleos. «Estas inversiones no se pueden explicar sin el ecosistema que Nuevo León ha forjado durante un siglo», mencionó. ]]>
Hamás e Israel inician con una “atmósfera positiva” su negociación sobre Gaza
Delegaciones de Israel y Hamás iniciaron este lunes en Egipto negociaciones indirectas que Estados Unidos espera que pongan fin a la guerra en Gaza, enfrentándose a cuestiones polémicas como las exigencias de que Israel se retire del enclave y Hamás se desarme. Tanto Israel como Hamás han respaldado los principios generales del plan del presidente Donald Trump, según el cual cesarían los combates, los rehenes quedarían libres y la ayuda llegaría a Gaza, que es lo más cerca que han estado del fin de los enfrentamientos. La primera ronda de conversaciones Gaza entre Hamás y los mediadores terminó en Egipto en medio de una «atmósfera positiva», informó un medio vinculado al estado egipcio el martes. Al Qahera News, vinculada a la inteligencia estatal egipcia, informó que las conversaciones continuarán el martes entre Hamás y los mediadores en la ciudad turística de Sharm el Sheij, donde una delegación israelí llegó el lunes. El plan también cuenta con el respaldo de estados árabes y occidentales. Las conversaciones indirectas buscan cerrar los detalles sobre el plan a dos años del inicio del conflicto, que estalló tras el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Los principales cabos sueltos que plantea la propuesta de Trump son el desarme de Hamás, su salida del gobierno de Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes de este territorio palestino. Fuentes egipcias afirmaron que Hamás quería que se aclararan varios detalles, entre ellos las garantías de que Israel cumplirá con sus promesas de retirar sus tropas de Gaza una vez que los militantes renuncien a su influencia liberando a los rehenes. Trump ha pedido que se negocie rápidamente un acuerdo definitivo. El presidente estadounidense aseguró el lunes que Hamás está cediendo en asuntos «muy importantes» en las negociaciones indirectas entre el grupo islamista e Israel para un acuerdo de paz en la Franja de Gaza. «Tengo líneas rojas, si no se cumplen ciertas cuestiones, no se va a hacer», aseguró Trump a los periodistas en el Despacho Oval cuando le preguntaron si ha impuesto condiciones, como el desarme de Hamás, para sellar la paz. «Creo que lo estamos haciendo muy bien y que Hamás está aceptando cosas muy importantes», añadió. Trump se mostró optimista sobre el futuro de las negociaciones indirectas que mantienen Hamás e Israel en Egipto para poner fin a la guerra en virtud de su plan de 20 puntos. «Creo que vamos a llegar a un acuerdo», aunque «llevan años y años intentando llegar a un acuerdo (…) vamos a llegar a un acuerdo sobre Gaza, estoy bastante seguro, sí», afirmó el republicano. Los bombardeos continúan Pese a que Trump y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instaron a Israel a detener los bombardeos en el territorio, imágenes de AFP mostraron explosiones en Gaza este lunes, con columnas de humo en el horizonte. Las autoridades sanitarias de Gaza informaron de 19 muertos por ataques israelíes en las últimas 24 horas, alrededor de un tercio de la cifra diaria usual de las últimas semanas, cuando Israel ha estado montando una de sus mayores ofensivas de la guerra, un asalto total a la ciudad de Gaza. «Ha habido una clara disminución en el número de bombardeos aéreos. Los tanques y vehículos militares se han retirado un poco, pero creo que se trata de una maniobra táctica y no de una retirada», dijo el domingo a la AFP Muin Abu Rajab, un habitante de Gaza de 40 años. Durante el ataque del 7 de octubre, combatientes de Hamás secuestraron a 251 personas, de las cuales 47 permanecen cautivas en Gaza y el ejército israelí declaró que 25 están muertas. Según el plan de Trump, a cambio de los rehenes, Israel deberá liberar a 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua y a más de 1.700 personas capturadas durante la guerra en la Franja de Gaza. El rol de Hamás Hamás insiste en participar en la futura gestión del territorio aunque el plan de Trump estipula que el grupo y otras facciones «no tendrán ningún papel en la gobernanza de Gaza». Según su propuesta, la administración del territorio palestino recaería en un organismo dirigido por tecnócratas y supervisado por una autoridad de transición encabezada por el propio Trump. El ataque del 7 de octubre provocó la muerte de 1,219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un balance elaborado por la AFP a partir de datos oficiales. La ofensiva israelí en represalia ha causado la muerte de al menos 67.160 personas en Gaza, en su mayoría civiles, según las cifras del Ministerio de Salud de Hamás, consideradas fiables por la ONU. Con información de AFP y Reuters ]]>
La Autoridad Palestina, la figura en duda en el plan de Trump para Gaza
Expulsada de Gaza hace dos décadas por Hamás, sin dinero y en Cisjordania ocupada por Israel, las esperanzas de la Autoridad Palestina (AP) de dirigir un futuro Estado palestino han parecido sombrías durante mucho tiempo. Sus perspectivas, sin embargo, parecieron mejorar brevemente el lunes, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un plan para poner fin a la guerra de Gaza que dejaba entrever un futuro papel para la AP y su líder, Mahmud Abás, de 89 años, no ha enfrentado elecciones desde 2005. Negociaciones sin la AP Sin embargo, las condiciones establecidas en el plan de 20 puntos de Trump exigen que la AP lleve a cabo difíciles reformas antes de que pueda volver a gobernar Gaza, lo que establece un camino complicado para su regreso al territorio, donde Israel ha dicho que no puede desempeñar ningún papel y donde se enfrenta a la oposición de su viejo rival Hamás. Las negociaciones en Egipto partirán del plan del presidente estadounidense, que envió a su enviado Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner. Trump urgió el domingo a los negociadores de Hamás e Israel a «moverse rápido» en las conversaciones. «Estas conversaciones han sido muy exitosas y avanzan rápidamente. Los equipos técnicos volverán a reunirse el lunes (…) Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y estoy pidiendo a todos que se muevan rápido», escribió Trump en su red Truth Social. El objetivo es cerrar los detalles sobre las condiciones de liberación de los rehenes secuestrados durante el ataque del 7 de octubre, y las negociaciones se celebrarán en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, indicaron ambas partes El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aliado de Trump, anunció el domingo que los negociadores israelíes partirían hacia Sharm el Sheij el lunes, una delegación encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer. El jefe negociador de Hamás, Jalil Al Hayya, llegó el domingo a Egipto para encabezar una delegación que iniciará negociaciones indirectas con Israel, anunció el movimiento islamista palestino. Hamás precisó que se iniciarán negociaciones sobre «los mecanismos de un cese el fuego, la retirada de las fuerzas de ocupación y el intercambio de prisioneros”. La ausencia de la AP en estas negociaciones es notable, como lo ha sido en los casi 24 meses del conflicto. ¿El plan contempla la creación de un Estado palestino? En su plan, el presidente estadounidense prevé un papel para la Autoridad Palestina, que podría, eventualmente, «recuperar el control de Gaza de manera segura y efectiva». Tampoco descarta la creación de un Estado palestino, a pesar de la firme oposición de Netanyahu tras el reciente reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Francia, Reino Unido y otros países. «Finalmente podrían darse las condiciones para abrir un camino creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino», afirma el texto. Un camino minado Aunque sus lazos con Washington han fluctuado bruscamente a lo largo de los años, la AP está reconocida por la ONU, la Unión Europea, la Liga Árabe y la mayoría de los países del mundo como representante legítimo del pueblo palestino. Ha sido el principal interlocutor de los esfuerzos internacionales para resolver el conflicto palestino-israelí y acordar una solución de dos Estados. Sin embargo, Ghassan Khatib, profesor de estudios internacionales y ciencias políticas en la Universidad de Birzeit, en Cisjordania, y exministro de la AP, dijo que el plan de Trump solo dejaba «una posibilidad teórica» para un futuro papel de la AP en Gaza, con «muchos campos de minas y condiciones». «Este plan no es bueno para la AP, y no es bueno para las aspiraciones políticas palestinas», dijo. «Cisjordania y Gaza no serán una unidad integral». El plan contempla que el movimiento islamista palestino Hamás, que tomó el control del territorio en 2007, quede excluido del gobierno de Gaza. Sus miembros que depongan las armas y acepten la «coexistencia pacífica» con Israel recibirán una «amnistía». Quienes deseen abandonar Gaza se beneficiarán de un «derecho de paso protegido a los países de destino», según el plan. Desde hace tiempo, la Autoridad se ha posicionado como preparada para tomar el relevo de Hamás en Gaza, iintensificando las promesas de reformas desde que el gobierno del presidente Biden lanzó la idea de una AP ‘revitalizada’ que dirigiera una Gaza posbélica. El plan de Trump prevé que Gaza sea gestionada por un comité palestino apolítico de transición supervisado por un organismo internacional presidido por Trump «hasta el momento» en que la AP haya completado las reformas, incluidas las que los analistas palestinos consideran exigencias políticamente duras establecidas en su plan de paz para 2020. El plan también desplegaría una fuerza internacional de estabilización que entrenaría y apoyaría a la policía palestina, en consulta con Jordania y Egipto. La fuerza palestina, que se formaría en Egipto y Jordania, tendría una cadena de mando distinta de la AP, según un alto representante jordano. La financiación y la supervisión se organizarían a través de un mecanismo árabe-islámico, y los salarios no estarían directamente vinculados a la AP. ]]>
México importa más desde Asia que desde EU y Canadá por primera vez
Mientras se insiste en la retórica de la integración regional bajo el T-MEC, los números dibujan otra realidad. El eje de las importaciones mexicanas se mueve hacia el Pacífico y deja en evidencia el retroceso de los socios tradicionales de Norteamérica . Entre enero y julio de 2025, las importaciones mexicanas desde Asia subieron 11.3%. El caso más llamativo es Taiwán, que registró un repunte anual de 94.8%. No obstante, en términos de valor absoluto, China encabeza el liderazgo con 73,708 millones de dólares. En contraste, durante el mismo periodo, las compras mexicanas a Estados Unidos y Canadá cayeron 5.3%, un dato que refleja un rezago que se amplía frente al dinamismo asiático. Desde 2020 las importaciones procedentes de Asia comenzaron a acortar distancia y para 2024 la brecha ya era inocultable. Ese año, México adquirió en Asia 253,686 millones de dólares frente a los 274,477 millones que provinieron de Canadá y Estados Unidos. Las compras a Norteamérica crecieron apenas 0.13%, las asiáticas avanzaron 12.7%, de acuerdo con datos de Banxico. El punto de quiebre llegó este 2025. En los primeros siete meses del año, las importaciones asiáticas sumaron 157,026 millones de dólares, mientras las norteamericanas se ubicaron en 152,305 millones. Por primera vez, en cuanto al valor total, el eje del comercio exterior mexicano se inclina de manera decisiva hacia el Pacífico. El gobierno de Claudia Sheinbaum quiere revertir esa curva con el Plan México. La apuesta es sustituir una parte de las compras asiáticas con producción nacional o regional. La Secretaría de Economía asegura que entre México, Estados Unidos y Canadá es posible reemplazar hasta 30% de lo que hoy se adquiere en Asia, sobre todo en China. Entre las tres economías compran alrededor de 500,000 millones de dólares a la región asiática. Un reemplazo de esa proporción equivaldría a redirigir 150,000 millones hacia proveedores en Norteamérica, según los cálculos de Marcelo Ebrard. El Secretario de Hacienda también lo plantea en términos de impacto económico. Si México sustituye tan solo 10% de los insumos importados con producción nacional, el PIB potencial podría elevarse entre 1.7% y 1.8%. Además se crearían miles de empleos adicionales cada año, con efectos en sectores clave como la industria automotriz. Una de las acciones para apoyar ese cambio ya está en el Congreso y parte del Plan México. Se trata de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum enviada al Congreso para reformar la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Propone elevar aranceles a 1,463 fracciones de 19 industrias, con un valor de 52,000 millones de dólares, dirigida a países sin tratado comercial, incluidos China, Corea del Sur, India y Tailandia. El objetivo es frenar la dependencia para abrir espacio a la sustitución y la reducción del déficit comercial. Estados Unidos y Canadá también buscan depender menos de Asia, en especial de China, y reforzar sus cadenas de valor. Para México, la oportunidad es clara. Puede ganar presencia en el mercado estadounidense, atraer inversión y subir de nivel en manufactura. Pero el diagnóstico de especialistas reconoce un límite. Aun con mayores exportaciones, México seguirá necesitando insumos asiáticos, especialmente de los chinos. La razón está en la composición del comercio. De acuerdo con Liu Xuedong, profesor de economía de la UNAM, México compra de China principalmente bienes intermedios y de capital, no de consumo final. En los 90, los productos de consumo representaban 19% de las importaciones mexicanas desde ese país. En 2022 bajaron a 10.5%. Ahora, casi 90% son insumos industriales. En las 20 fracciones más importadas desde China, los bienes de alta tecnología alcanzan más de 93%. Con este perfil, desvincularse de Asia en el corto plazo es poco realista. El déficit comercial lo confirma. Con Asia, México acumula un saldo negativo de 223,349 millones de dólares en 2024, China representa más de 119,000 millones. La brecha se amplió tras la crisis financiera de 2007, la guerra comercial entre Washington y Beijing en 2018 y la pandemia de 2020. Cada evento reforzó la dependencia de insumos asiáticos, indica un análisis de la Universidad de Colima. México se especializa en sectores de transporte y manufactura para su vecino del norte. Con Asia, la relación sigue siendo complementaria pero desequilibrada. Especialistas coinciden en que el reto de México en la sustitución importaciones es hacerlo sin poner riesgo su competitividad. El desafío es sostener la integración regional y al mismo tiempo reconocer que Asia seguirá siendo indispensable. ]]>
Grupo México, de Germán Larrea, lanza plan agresivo para comprar Banamex
En un movimiento que ni en Banamex se esperaban, Grupo México , de Germán Larrea, lanzó una oferta con la que busca obtener 100% del control del banco. La apuesta, considerada ‘agresiva’ por analistas, refleja el interés del segundo hombre más rico de México en un negocio que, pese a haber perdido posición en el mercado, realiza inversiones para reposicionarse. Citi dio a conocer que no había recibido una oferta, pero que, de presentarse, el banco la revisará ‘de manera responsable’. “Hay una gran oportunidad de negocio porque se puede comprar muy barato”, dijo en entrevista Gabriel Reyes Orona, exmiembro de Banxico y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). “En segunda, le posiciona en un sector que va a ser clave y le da la capacidad de fondear la operación, porque hay mucho capital disponible e interesada en refugiarse en el mercado bancario”, añadió. Banamex es el cuarto banco más grande en el país por número de activos, con 1.1 billones de pesos, lo que representa 7.19% de los activos totales del sistema, de acuerdo con datos de la CNBV. “Banamex ha hecho avances significativos para reducir costos, solidificar su base de ingresos y aumentar su potencial de utilidades”, señaló recientemente Moody’s en un reporte. La firma destacó que pese a que la rentabilidad de Banamex es modesta en comparación con BBVA, Santander o Banorte, las inversiones en digitalización y mejora operativa podrán ayudarlo a crecer hacia 2027. La cartera de crédito asciende a 486,300 millones de pesos mientras que la captación es de 763,127 millones. En promedio, las utilidades del banco en los últimos años es de 22,000 millones. No pasó desapercibido el tono del comunicado de Grupo México, que según Álvaro Vértiz, country head de DGA Group, consideró que Grupo México no está dispuesto a compartir el negocio, o al menos, quiere tener más control sobre quiénes podrían ser sus socios. Cuando Larrea buscaba en 2023 comprar al banco, justo antes de que se cayeran las negociaciones, algunos analistas decían que ‘el rey del cobre’ pondría en el Consejo de Administración a Pedro Aspe y a Javier Arrigunaga, ambos exfuncionarios de Banamex. Fernando Chico Pardo, por su parte, parece tener el respaldo de Roberto Hernández, ya que es cuñado del expropietario y exdirector general del banco. “Sí veo personajes políticos detrás de las dos propuestas”, destacó Gabriel Reyes. Para Álvaro Vértiz, las intenciones de Larrea al querer comprar el 25% de Banamex también dan señales de que hace un guiño al gobierno para que vea que el banco queda al 100% en manos mexicanas. Cuando Citigroup anunció la venta, en 2022, se consideró que el gobierno quería intervenir en esta operación debido a los requisitos que impuso: el pago de impuestos, que los compradores fueran mexicanos y sin adeudos ante SAT, así como evitar despidos de trabajadores. Esa serie de requisitos, aunado a los desencuentros que tuvo entonces Larrea con López Obrador, provocó que la compra del banco no se concretara y así fue como Citigroup decidió que la salida a Bolsa era la opción que «más le gustaba». Fernando Chico Pardo dijo recientemente que el gobierno de Claudia Sheinbaum no había impuesto o sugerido ninguna condición cuando externó sus intenciones de comprar al banco. ‘Casos tóxicos’ que atender Para Gabriel Reyes, Citi debe atender los ‘casos tóxicos’ que hay al interior de Banamex, es decir, casos de corrupción y de demandas que siguen en proceso. Uno de estos casos está relacionado con Oceanografía; otro, con Axis Asset Management. En 2014, Oceanografía fue acusada de un fraude millonario de más de 5,300 millones de pesos contra Banamex y Citigroup, supuestamente por haber obtenido créditos con contratos falsificados con Pemex, y poco después entró en concurso mercantil. La CNBV impuso una multa de 29.9 millones de pesos en octubre de ese año contra Citibanamex por omitir la creación de mecanismos de control eficientes que le permitieran al banco verificar que los empleados de la contraloría interna cumplieran con sus funciones. El asunto derivó en el despido de 11 personas. El caso de Oceanografía puso en duda, en 2022 y 2023, que Citigroup pudiera vender Banamex ante las denuncias que la empresa impuso en tribunales estadounidenses. En mayo de este año, Citigroup recibió una demanda de más de 1,000 millones de dólares que lo acusaba de orquestar y ocultar el fraude de Oceanografía. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones, en Miami, dijo que 30 vendedores, acreedores y tenedores de bonos de Oceanografía alegaron que Citigroup ayudó sustancialmente al fraude, y que un juez de primera instancia se equivocó al desestimar el caso. En el caso de Axis Asset Management, la firma —dirigida por Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz— demandó en septiembre de este año por 53 millones de dólares, de acuerdo con información de Bloomberg. Todo empezó cuando en 2012, Axis creó un fideicomiso para financiar empresas e infraestructura mexicanas. La firma se denominó como administrador y Banamex como fideicomisario de los certificados emitidos en 2013, destinados a recaudar capital de fondos de pensiones mexicanos controlados por Banamex y Sura Asset Management. Los fondos financiaron a Oro Negro, un operador de plataformas petroleras fundado por Gil White y otros socios. En 2017, Oro Negro se acogió a la protección por bancarrota en México, tras enfrentar dificultades derivadas de la caída del precio del petróleo. Gabriel Reyes señala que estos son algunos de los casos que Citigroup debe resolver antes de concretar una venta. “Si no es así, a la larga todos lo pagamos porque (estos casos) acaban deteriorando al banco y al cabo de un tiempo hay que rescatarlo”, advirtió. ]]>
Revisión del T-MEC reaviva reclamos del autotransporte por libre tránsito y reglas claras
La revisión en puerta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantiene en alerta no solo a los sectores industriales, sino también a quienes sostienen la logística de ese intercambio: los transportistas de carga, un gremio que busca ganar visibilidad dentro de las negociaciones para garantizar reglas claras que no obstaculicen su operación, especialmente ante nuevas medidas en Estados Unidos que podrían complicar su acceso al mercado. Las alarmas se encendieron el pasado 28 de abril, cuando Donald Trump, nuevamente en la presidencia estadounidense, firmó un decreto para imponer el inglés como idioma obligatorio a los transportistas mexicanos que operan en carreteras de ese país. La medida, sin embargo, no ha tenido claridad en su aplicación. “Primero dijeron que los operadores mexicanos que transitan en carreteras estadounidenses deberían de hablar inglés, y luego el Departamento de Transporte dijo que quienes solo hacían cruces no debían cumplir con esta medida, pero ahora resulta que sí. No hay claridad en lo que ellos están diciendo”, comenta Manuel Sotelo, vicepresidente de la Región Norte de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Aunque se trata de una orden de carácter federal, el sector mexicano ve en la revisión del T-MEC una oportunidad para dar certeza jurídica a esta disposición, particularmente por el nivel de integración que existe entre las cadenas productivas de ambos países. Martín Rojas, representante en América de la Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU), considera que el tema del idioma debe resolverse de manera estructurada dentro del propio tratado. “Se debe simplificar y definir bien. Esto implica que lo que debemos de tener es un proceso claro, que no haya discrecionalidad, que haya mejor coordinación incluso entre las entidades del autotransporte, porque afecta de manera local, estatal, federal. Esto debe de hacerse de una manera más coordinada, y también dedicar más recursos a ese tipo de capacidades”, señala. Pero el idioma no es el único frente abierto. El sector también reclama la falta de implementación de los compromisos contenidos en el capítulo 7 del T-MEC, dedicado a la facilitación del comercio, que supuestamente debía garantizar el libre tránsito de transportistas certificados entre los tres países. Permisos del DOT, un obstáculo histórico Sotelo recuerda que la apertura de rutas transfronterizas fue uno de los temas más debatidos durante la negociación del antiguo TLCAN, cuando se aprobaron programas piloto para permitir el ingreso de camiones mexicanos a Estados Unidos. Sin embargo, casi tres décadas después, el avance es marginal. “Nunca ha sucedido. De hecho, solo nueve empresas mexicanas tienen el permiso para entrar a Estados Unidos, lo que se le conoce como el servicio largo… Los americanos difícilmente nos permitirán que andemos en las carreteras de Estados Unidos, eso no ha sido hasta ahora. Es muy complicado obtener los permisos del DOT para que nosotros ingresemos, tan es así que del 96 (cuando entró en vigor el TLCAN) a la fecha, solo nueve empresas pueden cruzar hacia Estados Unidos”, expone. El acceso limitado al mercado estadounidense refleja, para los transportistas, una falta de reciprocidad. Mientras decenas de empresas norteamericanas operan libremente en territorio mexicano, sus contrapartes enfrentan un laberinto regulatorio que se traduce en mayores costos y tiempos de espera. A ello se suma otro incumplimiento: la falta de homologación de procesos aduaneros y logísticos entre los países socios. El T-MEC preveía la creación de una “ventanilla única regional” que simplificara la gestión fronteriza, pero este sistema nunca se concretó. “Eso ya estaba dentro del T-MEC, pero la verdad es que no se implementó. No tenemos una ventanilla única regional o por lo menos bilateral, entonces ese es uno de los temas, todos los procesos que no se han llevado a cabo, que se prometieron en el T-MEC y que deberían de estar ya implementando”, comenta Rojas. La falta de coordinación se ha hecho evidente cada vez que surgen tensiones políticas o comerciales. En octubre de 2023, por ejemplo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, impuso “inspecciones exhaustivas” a los camiones procedentes de México, lo que elevó los tiempos de cruce de dos a doce horas y paralizó parcialmente el flujo de mercancías. Aunque la medida fue de carácter local, sus efectos trascendieron a nivel federal. “Cuando se trata de un cruce internacional, ya no es un asunto estatal, es interestatal. Por eso creemos que en esta revisión del T-MEC se debe definir cómo se manejarán estas situaciones en el futuro”, apunta Rojas. La incertidumbre regulatoria genera un efecto dominó en toda la cadena de valor. Las demoras en frontera afectan los tiempos de entrega, encarecen el transporte y restan competitividad a las exportaciones mexicanas, particularmente en sectores como el automotriz, electrónico y agroindustrial. Los transportistas argumentan que la revisión del T-MEC debería no solo revisar los compromisos incumplidos, sino también incorporar nuevas disposiciones que fortalezcan la logística transfronteriza, como infraestructura tecnológica, mejores mecanismos de seguridad y esquemas de capacitación. Al interior del gremio, la expectativa es que el nuevo acuerdo preserve la integración lograda en los últimos 30 años, pero con reglas más equilibradas. “Lo que necesitamos es certeza operativa. Que se pongan las normas y las leyes necesarias para cumplir con ello, porque teniendo la certeza operativa está bien. Que pongan las normas y las leyes que quieran, y cumpliremos con ello, lo haremos, pero que haya seguridad en cómo se van a comprender”, dice Sotelo. Más del 80% del comercio bilateral entre México y Estados Unidos se mueve por carretera. Cualquier modificación en las reglas del juego repercute directamente en la competitividad de ambas naciones. De ahí que la revisión del T-MEC, más que un proceso técnico, se perfila como una oportunidad política para afianzar la relación logística entre los tres países. Los transportistas mexicanos, que llevan tres décadas esperando un trato recíproco, buscan ahora que su voz se escuche en las mesas de negociación. Mientras tanto, la industria sigue rodando entre fronteras y reglamentos, sosteniendo el comercio norteamericano en medio de barreras lingüísticas, burocráticas y políticas que esperan una definición en los próximos