Va la de México; Paquete Económico 2026 le pone amenazas a revisión del T-MEC

Rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ), la discusión y votación del Paquete Económico 2026 resaltan modificaciones que representan menor competencia para México e incumplimiento de las condiciones del Tratado. Para esta semana se espera que la parte correspondiente a ingresos públicos del Paquete Económico 2026 (Leyes de Ingresos, Derechos, del IEPS, y Código Fiscal de la Federación) quede dictaminada y votada en la Cámara de Diputados. Después pasará a la Cámara de Senadores donde deberá aprobarse antes del 31 de octubre. Del conjunto de propuestas, destacan cinco que pueden afectar al comercio internacional y al T-MEC , que se revisa en 2026 por parte de los tres países integrantes. 1.- Cuotas para telefonía e Internet móvil La primera, respecto a la Ley de Derechos, es que las cuotas por derechos de espectro continuarán por encima de los estándares internacionales; según el regulador, son 60% más altos que la media global, advirtió Guillermo Bernal, director de Asuntos Públicos de la Cámara Americana de Comercio de México (AmCham). “Esto representa una barrera técnica al comercio y limita la atracción de inversión. Este enfoque, además, podría tener implicaciones para los compromisos de México en materia de competencia, pluralidad y cobertura universal establecidas en la Constitución y en el propio T-MEC”, explicó Bernal. Para el siguiente año, el gobierno federal propone mantener las tarifas de derechos sobre el espectro radioeléctrico en los mismos niveles de 2025, lo que pondría a México como el país más caro, con lo que el país se mantendría como el más caro de América Latina para este insumo esencial de las empresas que ofrecen servicios de telefonía e Internet móvil, con consecuencias para el bolsillo de los usuarios finales. No obstante, aún sin detalles, se proponen descuentos para las empresas que brinden cobertura en zonas que no cuenten con conectividad y aporten a reducir la brecha digital. 2.- Retención de 4% de ISR a plataformas digitales Para 2026, si una empresa vende productos o servicios a través de plataformas digitales, estas últimas tendrán que retener este porcentaje y enterarlo al Servicio de Administración Tributaria (SAT). “Esta medida aplicada sobre ingresos brutos puede afectar la liquidez y el capital de trabajo en las empresas, en especial de las micro y pequeñas empresas, limitando su capacidad de reinversión o crecimiento. También podría interpretarse como barreras técnicas al comercio, contrarias al espíritu de simplificación que se provee en el capítulo siete del T-MEC y genera irritantes adicionales en la cooperación bilateral”, comentó Bernal la semana pasada en reunión con los diputados que integran la Comisión de Hacienda y Crédito Público, como parte del análisis del Paquete. 3.- Acceso al SAT a base de datos de plataformas Genera preocupación la propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación, que daría acceso al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a las bases de datos de las plataformas digitales, pues tiene implicaciones en materia de privacidad, protección de datos personales y ciberseguridad. De aprobarse esta propuesta como está planteada, se prevé una mayor fiscalización en tiempo real en todas las operaciones que lleven a cabo los prestadores de servicios digitales. Las plataformas, que mayormente son empresas internacionales, tendrán que invertir en mejorar o adaptar para permitir ese ingreso. También invertir en seguridad cibernética, costos que entran en la fórmula de las empresas para elegir destinos para la inversión, explicó Gil Zenteno, socio de Basham Ringe y Correa. “De entrada sí veo algunos problemas, pues afecta a derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución. Tu información es parte de lo que es tu contabilidad, son tus papeles, son tus posiciones y la Constitución dice que la autoridad lo puede hacer, pero siempre que haya una orden por escrito en la que te explique por qué te está haciendo esa revisión. (…) Y probablemente el tema también de tratados internacionales puede verse afectado, seguramente va a haber disposiciones de protección a la inversión extranjera. Muchas de estas plataformas son extranjeras”, comentó Zenteno. El representante de la AmCham refirió que es una medida sin precedentes y que puede vulnerar el principio de libre flujo transfronterizo de datos consagrados en el T-MEC. 4.- Una más de plataformas digitales También se propone sancionar penalmente a las plataformas digitales que, “a sabiendas”, permitan la publicación de anuncios relacionados con la enajenación de comprobantes fiscales falsos, detalló IAB México, asociación de publicidad digital y marketing interactivo. “Esta disposición impone una carga de monitoreo, control y debida diligencia sin precedentes sobre intermediarios tecnológicos, plataformas de anuncios clasificados, redes sociales, motores de búsqueda y medios digitales que alojan contenido generado por terceros”, destaca el posicionamiento de IAB México. Además, contraviene lo establecido en el artículo 19.17 del T-MEC, que limita la responsabilidad legal de plataformas digitales respecto al contenido generado por terceros, siempre que no lo hayan creado o desarrollado, lo que podría posicionar a México en incumplimiento de sus obligaciones comerciales internacionales. 5.- Cuotas a bebidas edulcoradas La propuesta de gravar con una cuota de cero pesos a 3.08 pesos por litro a bebidas saborizadas con edulcorantes, también puede vulnerar las disposiciones de comercio internacional como la no discriminación comercial, la cual radica, de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio, en que los países traten a todos sus socios comerciales y sus productos, servicios o nacionales de manera equitativa, sin distinción. La disposición, de acuerdo con Bernal, puede afectar la inversión, la productividad, la competitividad y el empleo, además de “enviar señales contrarias a la cooperación que necesitamos fortalecer en este momento tan delicado del T-MEC”. ]]>

Nuevo regulador de telecom heredaría impagos de 133 trabajadores del IFT

El cierre operativo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es inminente, pero aún hay trabajadores que esperan el pago de su indemnización. De no cubrirse antes de su extinción, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) podría heredar un pasivo laboral estimado en 128 millones de pesos. Alrededor de 133 trabajadores del IFT no han recibido su liquidación, debido a que el organismo determinó que solo el personal con estabilidad laboral tiene derecho a ser indemnizado con tres meses de salario, más 20 días por cada año de servicios prestados al organismo. Esta postura quedó establecida en un acuerdo del Pleno emitido el 5 de septiembre, donde se precisa que dicha condición aplica únicamente para quienes forman parte del Sistema de Servicio Profesional del IFT, excluyendo a quienes ingresaron por vías distintas al concurso público. “El pleno del IFT desde que publicó la ley emitió su postura que el personal de libre designación no le tocaba indemnización. Dicen que es una estricta aplicación de la ley. «Hasta ahora se han negado a reconocer el derecho para el personal de libre designación, mencionando que están atados de manos, que preferirían evitarse algún problema o responsabilidad”, denunciaron colaboradores del IFT que aún siguen en operaciones. Sin embargo, trabajadores de libre designación argumentan que sí forman parte del Sistema Profesional, ya que sus nombramientos, funciones, derechos y obligaciones fueron regidos bajo las mismas normas que el personal que consideran ya indemnizado. “La única diferencia fue el proceso de ingreso, el cual fue definido internamente por cada área del Instituto, pero no por ello excluyente del sistema (de servicio profesional)”, afirmaron los trabajadores que contactaron a Expansión. La Unidad de Administración (UA) del IFT, a partir de información de la Dirección General de Gestión del Talento del Instituto, respaldó el argumento de los trabajadores. En una solicitud de transparencia realizada por el personal del regulador, la UA aseguró que “todos los servidores públicos que integran la plantilla laboral del Instituto serán considerados trabajadores de confianza debido a la naturaleza de sus funciones”, además de formar parte del Servicio Profesional de IFT, detalla el documento al que Expansión tuvo acceso. “El criterio ya fue emitido. La autoridad no puede desconocer lo que ya respondió la UA en una solicitud de información, ya sería cuestión que únicamente se aplique la resolución”, comentó uno de los colaboradores del IFT. El 26 de septiembre, los trabajadores entregaron una carta a la Unidad de Administración, el área de Gestión de Talento y el Órgano Interno de Control del IFT, en la que solicitaron el pago de su indemnización soportada bajo la información que obtuvieron por transparencia. Hasta ahora no han recibido respuesta. Expansión intentó contactar a la Unidad de Administración del IFT, pero no obtuvo respuesta. También solicitó al regulador información sobre cuándo dará respuesta formal a los trabajadores de libre designación, pero hasta la publicación del texto no emitió comentarios. El grupo de trabajadores de libre designación que exige el pago de su indemnización está conformado de personal que ocuparon niveles de mando medio en el Instituto: enlaces, técnicos, jefes de departamento, subdirectores y directores de área, cuyas funciones eran sustantivas pero cuyos sueldos están muy por debajo del nivel de alta dirección. El propio IFT reconoció que la indemnización de los trabajadores de libre designación asciende aproximadamente al 5% de los recursos del fideicomiso de Fondo de Infraestructura y Equipamiento. Al segundo trimestre de este año, el fondo ascendió a 2,560 millones de pesos, lo que implica 128 millones de pesos serían para los pagos de los 133 trabajadores. Hasta ahora alrededor de 900 colaboradores ya fueron indemnizados entre el 22 y 23 de septiembre, y dejaron de colaborar en el IFT el 30 de septiembre, aun cuando el regulador no está extinto legalmente, debido a que la nueva política de telecomunicaciones estipula que el Instituto dejará de operar junto con sus trabajadores al día siguiente de que se conforme la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) que será una nueva autoridad reguladora. Buscan apoyo del nuevo regulador A lo largo de las últimas semanas, los trabajadores de libre designación sostuvieron reuniones con representantes de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), incluyendo a su titular José Merino, así como a la candidata a comisionada de la CRT, Norma Solano, y su equipo jurídico-administrativo. Si bien reconocen apertura al diálogo, los funcionarios señalaron que, al seguir siendo el IFT un órgano autónomo, no tienen facultades para intervenir directamente en sus decisiones. No obstante, se comprometieron a mantener el canal abierto y, en su caso, incentivar a la Unidad de Administración del IFT a responder formalmente a la solicitud presentada. “Esperamos que esto lo pudiera solucionar el pleno del IFT. Si el asunto no se resuelve en el Instituto es algo que entonces (la ATDT o la CRT) heredarán. Esperamos que pronto nos den respuesta y no nos dejen en incertidumbre”, expresaron los trabajadores. El regulador de las telecomunicaciones tenía planeado quedar extinto el pasado 30 de septiembre, pero al cambiar los planes y al haber finiquitado a la mayor parte de los colaboradores, el IFT se vio obligado a recontratar cerca de 450 personas que ya habían sido liquidadas, bajo convenios de figuras eventuales, desde el primero de octubre con fecha de término indefinido. El IFT aunque tomará dinero del fideicomiso para pagar los salarios de las nuevas plazas, los trabajadores insisten en aún queda dinero suficiente para saldar sus indemnizaciones. Pero la preocupación radica en que, si no se utilizan los recursos antes de la extinción del organismo, los fondos pasarán a Hacienda, perdiendo la oportunidad de ser usados para saldar los compromisos laborales pendientes. “Una vez pasado esto, será más complejo acceder al dinero, ya que pasará a manos de Hacienda y entonces todo escalará a tribunales laborales”, lamenta uno de los trabajadores. ]]>

Inversión extranjera en Sinaloa se desploma 87% en medio de la narcoguerra

La confianza de los inversionistas en Sinaloa atraviesa un momento crítico en medio del conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos. La inversión extranjera directa cayó 87% en la primera mitad de 2025 frente al mismo periodo del año anterior. El estado recibió 34.3 millones de dólares, una cantidad inferior a los 262.8 millones de un año antes, según las cifras originalmente publicadas por la Secretaría de Economía. El impacto de la violencia El retroceso golpea los pilares de la economía local. En alojamiento temporal y servicios de alimentos y bebidas, la inversión se redujo a 5.6 millones de dólares, comparado con los 64.7 millones de 2024. Las manufacturas sumaron 9.7 millones, por debajo de los 62.5 millones previos. El comercio al por mayor pasó de 14.3 millones a 3.6 millones. Estados Unidos, principal socio histórico, aportó 17.6 millones de dólares durante el primer semestre. En el mismo periodo de 2024 fueron casi siete veces más: 129.1 millones. Empresarios de ese país señalan que la inseguridad sigue como uno de los mayores obstáculos para invertir en México, de acuerdo con el clima de inversión publicado recientemente por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Sinaloa figura entre los seis estados que Estados Unidos mantiene bajo alerta máxima de no viaje. La advertencia se apoya en un entorno violento que se intensifica con la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos por el control territorial. El discurso oficial narra otra historia. El gobernador Rubén Rocha Moya afirma que la confianza empresarial persiste. Resalta que a la mitad de su administración el estado acumuló 1,637 millones de dólares, equivalentes a 81.8% de la meta del Plan Estatal de Desarrollo. Con base en ese avance, el gobierno elevó el objetivo a 3,000 millones de dólares. Rocha asegura que los inversionistas conocen el terreno y menciona a Mazatlán como ejemplo de un destino turístico con seguridad y alta afluencia de cruceros. La violencia contradice ese mensaje. El diagnóistico del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, un organismo ciudadano, indica que entre septiembre de 2024 y junio de 2025, Sinaloa registró 2,015 privaciones de la libertad, 1,538 homicidios dolosos, 37 feminicidios, 5,811 robos de vehículos y 2,304 robos a comercios. También se documentaron 40 asesinatos de menores, más de 100 inmuebles vandalizados y numerosos cierres de negocios. El robo a comercios revela con nitidez el deterioro. Durante el primer semestre de 2025 se presentaron 1,409 denuncias, 62% más que en el mismo lapso de 2024. La tasa anual pasó de 56.12 a 85.63 denuncias por cada 100,000 habitantes. Culiacán concentró el 82% de los casos con 1,159 denuncias. Mazatlán ocupó el segundo lugar con 121 y Ahome el tercero con 97. Navolato, Guasave, Elota, Salvador Alvarado y Concordia completaron el mapa de focos rojos. La Coparmex indica que la extorsión mantiene una tendencia ascendente. En junio de 2025 se registraron 56 víctimas, un aumento de 9.8% respecto al año anterior. El número mensual subió de 3 a 12, lo que representa un alza de 300%. Las pequeñas y medianas empresas sufren con mayor intensidad. Carecen de mecanismos eficaces de protección y quedan expuestas a redes criminales que aprovechan su vulnerabilidad. El robo de vehículos muestra la magnitud del deterioro. En el primer semestre de 2025 se abrieron 8,847 carpetas de investigación, 156.2% más que en 2024. Solo en mayo se contaron 640 casos, una cifra no registrada desde 2017. Este delito impacta a particulares y también a empresas que dependen del transporte para sus operaciones logísticas. La Coparmex en Sinaloa advierte sobre daños profundos. Calcula 7,000 empleadores menos y 36,000 empleos perdidos. Más de 2,000 negocios cerraron definitivamente. Las condiciones de inversión cayeron. Nadie sabe cuándo llegarán señales de recuperación, señaló la organización, que reclama acciones firmes y mayor empatía del gobierno estatal. En medio de esta tensión, autoridades y empresarios sostienen encuentros constantes. El 10 de septiembre de 2025, el gabinete federal de seguridad encabezado por Omar García Harfuch acudió a la Base Aérea Militar No. 10 en Culiacán. Representantes empresariales expusieron inquietudes y escucharon reportes oficiales. El gobernador Rocha informó que durante la reunión se reiteró el compromiso de combatir a la delincuencia. Se mencionaron detenciones de objetivos prioritarios y se invitó a los empresarios a participar en estrategias de seguridad. Pero la distancia entre el discurso político y la vida diaria se percibe en cada cifra. La violencia eleva costos de operación, erosiona la confianza y frena decisiones de inversión. ]]>

Legisladores proponen donar sueldo, pero no cumplieron en casos similares

Este martes, Eréndira Reyes y Lidia Arista platican sobre la propuesta de los legisladores de dar una parte de su dieta para ayudar a los afectados por las lluvias, pero ya dieron esta idea después de huracán Otis y cuando ocurrió el sismo de 2017, pero muchos no cumplieron su palabra. Además, comparten los detalles más importantes de estos temas: – Huachicol fiscal y caso Tabasco desarman discurso anticorrupción de la 4T – El boom riesgoso de los data centers para el mercado – Hamás intercambia rehenes israelíes por prisioneros palestinos; Trump dice que la guerra en Gaza terminó – Trío gana el Nobel de Economía por sus trabajos sobre crecimiento e innovación ]]>

Montreal, nueva meca de la IA y el ‘Brain Gain’ que desafía a Silicon Valley

Asistí por segundo año a All In 2025 en Montreal, uno de los congresos más grandes de Inteligencia Artificial (IA) en Norteamérica, y salí con una certeza: estamos frente a un cambio importante en el tablero global de la innovación tecnológica. Las conversaciones con investigadores, emprendedores e inversionistas en esos días dejaron claro que Montreal se está consolidando como una nueva meca de la IA. El muro de los 100,000 dls y el flujo inverso de talento Un Nobel para la ciencia, un imán para el capital El resentimiento anti-estadounidense, una ventaja competitiva El glamour, la vorágine y la abundancia de recursos de Silicon Valley siguen presentes, pero hoy el futuro se dibuja más nítido desde Quebec. No es solo un relevo geográfico: es una realineación estructural que combina visión a largo plazo, infraestructura robusta y políticas migratorias que atraen al mejor talento global. Empecemos por el elefante en la habitación: el costo del sueño americano en tecnología. La reciente propuesta de imponer una tarifa de 100,000 dólares a las nuevas solicitudes de la visa H-1B en Estados Unidos ha encendido las alarmas en la industria tecnológica global. Para las startups en etapa temprana y las empresas medianas, este cargo es un muro infranqueable que estrangula su capacidad para atraer talento cualificado de todo el mundo. Esta política migratoria, diseñada para proteger el empleo local, tiene un efecto colateral irónico: está provocando un «Brain Gain» (ganancia de cerebros) masivo a favor de otros países entre ellos, Canadá. Montreal, con su acceso expedito a visas de talento global y su programa de Inmigración de Quebec, ofrece una alternativa lógica y asequible. Los desarrolladores, investigadores y emprendedores ya no se preguntan si deben irse de Estados Unidos, sino a qué ciudad canadiense dirigirse. Y el ecosistema de IA de Montreal tiene la respuesta más fuerte. Montreal no está construyendo su reputación desde cero; la está cosechando. La ciudad es el hogar de MILA, Instituto de Inteligencia Artificial de Quebec, fundado por el pionero del deep learning Yoshua Bengio, ganador del Turing Award. Además el año pasado el canadiense Geoffrey Hinton, fue galardonado con el Premio Nobel de Física 2024 por su trabajo sobre el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales. Todo eso genera dos cosas para Canadá: – Validación académica de alto calibre: Un Nobel es el sello de la máxima excelencia. Eleva el prestigio de Mila y, por extensión, de Montreal a la estratosfera, consolidándola como la capital global de la investigación fundamental en IA. – Atracción de inversión y socios: El capital de riesgo y los gigantes tecnológicos (Google, Meta, Microsoft) gravitan hacia la excelencia probada. Este tipo de reconocimiento es un faro que les indica dónde deben instalar sus laboratorios y dónde encontrar a los próximos unicornios. El ecosistema no solo tiene genios; tiene una infraestructura de investigación vasta y consolidada. Universidades como UdeM, McGill, HEC y Polytechnique están profundamente interconectadas con el sector privado a través de Mila, creando un ciclo virtuoso de investigación que se traduce en productos comerciales. No se trata de hostilidad simplista, sino de una creciente reticencia cultural y de negocios en el ecosistema canadiense a depender del capital o la agenda estadounidense. Este sentimiento anti-estadounidense en el sector startup se ha intensificado ante las políticas migratorias erráticas y la percepción de competencia desleal por parte de Silicon Valley. Para una startup en Montreal, no ser percibida como una sucursal de una empresa estadounidense es un punto a favor para atraer talento local e internacional que busca un ambiente de trabajo con mayor estabilidad, visión social y autonomía cultural. Esto se alinea con los valores de muchos emprendedores tecnológicos hartos del modelo de “crecimiento a toda costa” de Estados Unidos. Montreal, en este contexto, no solo ofrece un refugio económico, sino también un refugio ideológico. Un lugar donde la IA puede avanzar con un enfoque ético y socialmente responsable, muy valorado por el capital de impacto y los fondos de inversión que buscan diferenciación. La oportunidad clave La confluencia de estos cuatro factores, el encarecimiento de la visa H-1B, el prestigio académico premium, la infraestructura de investigación madura y un entorno de negocios menos dependiente de Silicon Valley, transforma a Montreal en la inversión más inteligente en IA del momento. Para el emprendedor, la ciudad ofrece acceso a talento global subvalorado que huye de las barreras del sur. Para el inversionista, es la oportunidad de entrar en un mercado que tiene la calidad de investigación de Stanford o MIT, pero con una fracción de los costos operativos y una estabilidad regulatoria envidiable. Lo confirmé en cada panel, pasillo y conversación durante All In 2025 en Montreal: la ciudad no solo es un refugio frente a los costos y restricciones de Silicon Valley, sino un hub ideológico, académico y de inversión que está marcando el pulso del futuro de la IA. Montreal no es una alternativa secundaria; es una opción al camino tradicional que ofrece Silicon Valley. Estoy convencido que la globalidad del desarrollo de tecnología hoy más que nunca está abriendo posibilidades de crecimiento más allá de los polos de toda la vida y Montreal, al igual que Canadá es uno de los grandes ganadores que darán forma a la próxima generación de líderes en IA en occidente. _____ Nota del editor: Fabrice Serfati es Venture Capitalist experto en negocios disruptivos en Latam, Managing Director and Partner en IGNIA Fund, mentor de emprendedores valientes y sobresalientes. Creador del podcast #ReadToLead y del Founder’s Book Club. Síguelo en X como @fabriceserfati y/o en LinkedIn. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión ]]>

Volver a la industrialización, una apuesta de desarrollo para el siglo XXI

La evidencia histórica nos demuestra que los países desarrollados con economías sólidas y finanzas sanas son aquellos que disponen de un sector industrial exitoso. El intercambio comercial es importante, sí; pero la única manera de generar riqueza real es a partir de la producción e innovación, ya que la actividad industrial se traduce en rendimientos crecientes, aumentando la eficiencia y agregando valor a la economía. En otras palabras, para que una nación o región salga de la pobreza, la manera más efectiva será apostar por la industrialización, dadas sus múltiples ventajas, incluyendo el aumento de beneficios para el empresariado, el incremento salarial para los trabajadores y precios accesibles para los consumidores. Una industria pujante detona sinergias virtuosas: si los dueños de las fábricas cuentan con mayores ganancias, invertir se vuelve factible y atractivo; mayor producción implica más empleos para la población y mejor calidad de vida; más actividad económica deriva en mayor recaudación de impuestos para el gobierno; y así sucesivamente. La actividad industrial no se limita a favorecer a quienes trabajan en fábricas o son propietarios de ellas: la derrama económica de este sector eleva el bienestar material de toda la región. Al haber más dinero circulante, incluso los pequeños negocios ven mayores ingresos. El aumento en la recaudación, a la vez, idealmente permite a las autoridades gubernamentales invertir en educación, salud, infraestructura y demás rubros de orden público. Desde hace al menos cinco siglos son conocidas las enormes bondades de la actividad industrial. Sin embargo, en las últimas décadas se ha puesto mayor énfasis en la necesidad de instaurar el libre mercado como máxima prioridad sin mayores consideraciones. Por supuesto, el comercio es fundamental para la economía global y el intercambio de bienes y servicios beneficia a personas y países. No obstante, cuando el libre mercado se distorsiona puede incluso tener efectos negativos para economías locales. Lo anterior ocurre, por ejemplo, cuando una empresa transnacional inunda de sucursales una región, orillando a la quiebra a comercios familiares; también sucede que potencias extranjeras subsidian ciertas empresas o productos para exportación, derivando en prácticas desleales que afectan la producción doméstica. Así, el libre comercio es una plataforma relevante que, bien orientada, es capaz de favorecer la actividad económica y traducirse en bienestar para las personas. Empero, la herramienta por excelencia para generar desarrollo, crecimiento y dinamismo económico es la industria. Países como Bélgica, Suecia, Estados Unidos, Canadá y más recientemente China y Singapur, son potencias económicas porque llevan décadas apostando por la industrialización. Es fácil observar que las naciones menos desarrolladas y pobres son aquellas cuya principal actividad económica se relaciona con el sector primario -por ejemplo, la agricultura-. Las materias primas son valiosas, pero la clave del desarrollo y el progreso en regiones y países radica en diversificar las actividades económicas, de modo que se generen sinergias que eleven la productividad y el bienestar. Las naciones con los sectores agrícolas más consolidados son también las más industrializadas. ¿Cómo avanzar en el fortalecimiento de la industria? La respuesta está en la triple hélice: gobierno, universidades e iniciativa privada. La administración pública, en sus distintos órdenes de gobierno, debe brindar las condiciones mínimas para que la industrialización sea viable. Infraestructura, energía, certeza jurídica y seguridad son cruciales para que la industria prospere en cualquier parte. Además, legisladores y gobernantes tienen en sus manos la facultad para promover estímulos y esquemas que contribuyan a activar la inversión en la industria y la innovación. Las instituciones de educación superior están llamadas a fungir como laboratorios de ideas, nuevas técnicas y conocimientos aplicados a la producción económica y los proyectos sociales. Las universidades deberán incorporar una visión de desarrollo regional para aportar mayor bienestar a la sociedad, participando de la industrialización y el crecimiento de la economía, con incubadoras de negocios, alianzas estratégicas, investigación, y formación de primer nivel a sus alumnos. Por su parte, los empresarios tendrán la responsabilidad de asumir riesgos para ampliar la actividad industrial, con lo cual se crearán más y mejores empleos, potenciando el mercado de consumo para el comercio y servicios en un círculo virtuoso. Necesitamos más empresas industriales locales, regionales y nacionales, que generen decenas de miles de nuevos empleos, creando, a su vez una retroalimentación positiva de mayores ingresos, niveles más altos de consumo, y mejora en el bienestar de las personas. La industria es un motor de desarrollo eficiente, como pudo comprobarse desde la invención de la máquina de vapor en la década de 1760. Por tanto, enfocar la visión en la industrialización del siglo XXI con el apoyo de nuevas tecnologías digitales es una apuesta sensata e impostergable. _____ Nota del editor: José Guillermo Fournier Ramos es docente en la Universidad Anáhuac Mayab. Vicepresidente de Masters A.C., asociación civil promotora de la comunicación efectiva y el liderazgo social. También es asesor en comunicación e imagen, analista y doctorando en Gobierno. Síguelo en X como @FournierG y en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión ]]>

Va la de México; Paquete Económico 2026 le pone amenazas a revisión del T-MEC

Rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ), la discusión y votación del Paquete Económico 2026 resaltan modificaciones que representan menor competencia para México e incumplimiento de las condiciones del Tratado. Para esta semana se espera que la parte correspondiente a ingresos públicos del Paquete Económico 2026 (Leyes de Ingresos, Derechos, del IEPS, y Código Fiscal de la Federación) quede dictaminada y votada en la Cámara de Diputados. Después pasará a la Cámara de Senadores donde deberá aprobarse antes del 31 de octubre. Del conjunto de propuestas, destacan cinco que pueden afectar al comercio internacional y al T-MEC, que se revisa en 2026 por parte de los tres países integrantes. 1.- Cuotas para telefonía e Internet móvil La primera, respecto a la Ley de Derechos, es que las cuotas por derechos de espectro continuarán por encima de los estándares internacionales; según el regulador, son 60% más altos que la media global, advirtió Guillermo Bernal, director de Asuntos Públicos de la Cámara Americana de Comercio de México (AmCham). “Esto representa una barrera técnica al comercio y limita la atracción de inversión. Este enfoque, además, podría tener implicaciones para los compromisos de México en materia de competencia, pluralidad y cobertura universal establecidas en la Constitución y en el propio T-MEC”, explicó Bernal. Para el siguiente año, el gobierno federal propone mantener las tarifas de derechos sobre el espectro radioeléctrico en los mismos niveles de 2025, lo que pondría a México como el país más caro, con lo que el país se mantendría como el más caro de América Latina para este insumo esencial de las empresas que ofrecen servicios de telefonía e Internet móvil, con consecuencias para el bolsillo de los usuarios finales. No obstante, aún sin detalles, se proponen descuentos para las empresas que brinden cobertura en zonas que no cuenten con conectividad y aporten a reducir la brecha digital. 2.- Retención de 4% de ISR a plataformas digitales Para 2026, si una empresa vende productos o servicios a través de plataformas digitales, estas últimas tendrán que retener este porcentaje y enterarlo al Servicio de Administración Tributaria (SAT). “Esta medida aplicada sobre ingresos brutos puede afectar la liquidez y el capital de trabajo en las empresas, en especial de las micro y pequeñas empresas, limitando su capacidad de reinversión o crecimiento. También podría interpretarse como barreras técnicas al comercio, contrarias al espíritu de simplificación que se provee en el capítulo siete del T-MEC y genera irritantes adicionales en la cooperación bilateral”, comentó Bernal la semana pasada en reunión con los diputados que integran la Comisión de Hacienda y Crédito Público, como parte del análisis del Paquete. 3.- Acceso al SAT a base de datos de plataformas Genera preocupación la propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación, que daría acceso al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a las bases de datos de las plataformas digitales, pues tiene implicaciones en materia de privacidad, protección de datos personales y ciberseguridad. De aprobarse esta propuesta como está planteada, se prevé una mayor fiscalización en tiempo real en todas las operaciones que lleven a cabo los prestadores de servicios digitales. Las plataformas, que mayormente son empresas internacionales, tendrán que invertir en mejorar o adaptar para permitir ese ingreso. También invertir en seguridad cibernética, costos que entran en la fórmula de las empresas para elegir destinos para la inversión, explicó Gil Zenteno, socio de Basham Ringe y Correa. “De entrada sí veo algunos problemas, pues afecta a derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución. Tu información es parte de lo que es tu contabilidad, son tus papeles, son tus posiciones y la Constitución dice que la autoridad lo puede hacer, pero siempre que haya una orden por escrito en la que te explique por qué te está haciendo esa revisión. (…) Y probablemente el tema también de tratados internacionales puede verse afectado, seguramente va a haber disposiciones de protección a la inversión extranjera. Muchas de estas plataformas son extranjeras”, comentó Zenteno. El representante de la AmCham refirió que es una medida sin precedentes y que puede vulnerar el principio de libre flujo transfronterizo de datos consagrados en el T-MEC. 4.- Una más de plataformas digitales También se propone sancionar penalmente a las plataformas digitales que, “a sabiendas”, permitan la publicación de anuncios relacionados con la enajenación de comprobantes fiscales falsos, detalló IAB México, asociación de publicidad digital y marketing interactivo. “Esta disposición impone una carga de monitoreo, control y debida diligencia sin precedentes sobre intermediarios tecnológicos, plataformas de anuncios clasificados, redes sociales, motores de búsqueda y medios digitales que alojan contenido generado por terceros”, destaca el posicionamiento de IAB México. Además, contraviene lo establecido en el artículo 19.17 del T-MEC, que limita la responsabilidad legal de plataformas digitales respecto al contenido generado por terceros, siempre que no lo hayan creado o desarrollado, lo que podría posicionar a México en incumplimiento de sus obligaciones comerciales internacionales. 5.- Cuotas a bebidas edulcoradas La propuesta de gravar con una cuota de cero pesos a 3.08 pesos por litro a bebidas saborizadas con edulcorantes, también puede vulnerar las disposiciones de comercio internacional como la no discriminación comercial, la cual radica, de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio, en que los países traten a todos sus socios comerciales y sus productos, servicios o nacionales de manera equitativa, sin distinción. La disposición, de acuerdo con Bernal, puede afectar la inversión, la productividad, la competitividad y el empleo, además de “enviar señales contrarias a la cooperación que necesitamos fortalecer en este momento tan delicado del T-MEC”. ]]>

Nuevo regulador de telecom heredaría impagos de 133 trabajadores del IFT

El cierre operativo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es inminente, pero aún hay trabajadores que esperan el pago de su indemnización. De no cubrirse antes de su extinción, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) podría heredar un pasivo laboral estimado en 128 millones de pesos. Alrededor de 133 trabajadores del IFT no han recibido su liquidación, debido a que el organismo determinó que solo el personal con estabilidad laboral tiene derecho a ser indemnizado con tres meses de salario, más 20 días por cada año de servicios prestados al organismo. Esta postura quedó establecida en un acuerdo del Pleno emitido el 5 de septiembre, donde se precisa que dicha condición aplica únicamente para quienes forman parte del Sistema de Servicio Profesional del IFT, excluyendo a quienes ingresaron por vías distintas al concurso público. “El pleno del IFT desde que publicó la ley emitió su postura que el personal de libre designación no le tocaba indemnización. Dicen que es una estricta aplicación de la ley. «Hasta ahora se han negado a reconocer el derecho para el personal de libre designación, mencionando que están atados de manos, que preferirían evitarse algún problema o responsabilidad”, denunciaron colaboradores del IFT que aún siguen en operaciones. Sin embargo, trabajadores de libre designación argumentan que sí forman parte del Sistema Profesional, ya que sus nombramientos, funciones, derechos y obligaciones fueron regidos bajo las mismas normas que el personal que consideran ya indemnizado. “La única diferencia fue el proceso de ingreso, el cual fue definido internamente por cada área del Instituto, pero no por ello excluyente del sistema (de servicio profesional)”, afirmaron los trabajadores que contactaron a Expansión. La Unidad de Administración (UA) del IFT, a partir de información de la Dirección General de Gestión del Talento del Instituto, respaldó el argumento de los trabajadores. En una solicitud de transparencia realizada por el personal del regulador, la UA aseguró que “todos los servidores públicos que integran la plantilla laboral del Instituto serán considerados trabajadores de confianza debido a la naturaleza de sus funciones”, además de formar parte del Servicio Profesional de IFT, detalla el documento al que Expansión tuvo acceso. “El criterio ya fue emitido. La autoridad no puede desconocer lo que ya respondió la UA en una solicitud de información, ya sería cuestión que únicamente se aplique la resolución”, comentó uno de los colaboradores del IFT. El 26 de septiembre, los trabajadores entregaron una carta a la Unidad de Administración, el área de Gestión de Talento y el Órgano Interno de Control del IFT, en la que solicitaron el pago de su indemnización soportada bajo la información que obtuvieron por transparencia. Hasta ahora no han recibido respuesta. Expansión intentó contactar a la Unidad de Administración del IFT, pero no obtuvo respuesta. También solicitó al regulador información sobre cuándo dará respuesta formal a los trabajadores de libre designación, pero hasta la publicación del texto no emitió comentarios. El grupo de trabajadores de libre designación que exige el pago de su indemnización está conformado de personal que ocuparon niveles de mando medio en el Instituto: enlaces, técnicos, jefes de departamento, subdirectores y directores de área, cuyas funciones eran sustantivas pero cuyos sueldos están muy por debajo del nivel de alta dirección. El propio IFT reconoció que la indemnización de los trabajadores de libre designación asciende aproximadamente al 5% de los recursos del fideicomiso de Fondo de Infraestructura y Equipamiento. Al segundo trimestre de este año, el fondo ascendió a 2,560 millones de pesos, lo que implica 128 millones de pesos serían para los pagos de los 133 trabajadores. Hasta ahora alrededor de 900 colaboradores ya fueron indemnizados entre el 22 y 23 de septiembre, y dejaron de colaborar en el IFT el 30 de septiembre, aun cuando el regulador no está extinto legalmente, debido a que la nueva política de telecomunicaciones estipula que el Instituto dejará de operar junto con sus trabajadores al día siguiente de que se conforme la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) que será una nueva autoridad reguladora. Buscan apoyo del nuevo regulador A lo largo de las últimas semanas, los trabajadores de libre designación sostuvieron reuniones con representantes de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), incluyendo a su titular José Merino, así como a la candidata a comisionada de la CRT, Norma Solano, y su equipo jurídico-administrativo. Si bien reconocen apertura al diálogo, los funcionarios señalaron que, al seguir siendo el IFT un órgano autónomo, no tienen facultades para intervenir directamente en sus decisiones. No obstante, se comprometieron a mantener el canal abierto y, en su caso, incentivar a la Unidad de Administración del IFT a responder formalmente a la solicitud presentada. “Esperamos que esto lo pudiera solucionar el pleno del IFT. Si el asunto no se resuelve en el Instituto es algo que entonces (la ATDT o la CRT) heredarán. Esperamos que pronto nos den respuesta y no nos dejen en incertidumbre”, expresaron los trabajadores. El regulador de las telecomunicaciones tenía planeado quedar extinto el pasado 30 de septiembre, pero al cambiar los planes y al haber finiquitado a la mayor parte de los colaboradores, el IFT se vio obligado a recontratar cerca de 450 personas que ya habían sido liquidadas, bajo convenios de figuras eventuales, desde el primero de octubre con fecha de término indefinido. El IFT aunque tomará dinero del fideicomiso para pagar los salarios de las nuevas plazas, los trabajadores insisten en aún queda dinero suficiente para saldar sus indemnizaciones. Pero la preocupación radica en que, si no se utilizan los recursos antes de la extinción del organismo, los fondos pasarán a Hacienda, perdiendo la oportunidad de ser usados para saldar los compromisos laborales pendientes. “Una vez pasado esto, será más complejo acceder al dinero, ya que pasará a manos de Hacienda y entonces todo escalará a tribunales laborales”, lamenta uno de los trabajadores. ]]>

Reconstruir la Franja de Gaza, el gran reto para lograr la paz

Algunos de los habitantes de la Franja de Gaza han podido regresar a sus casas después, pero la realidad que muchos encuentran es desoladora. Donde había casas y edificios de departamentos, ahora solo hay pilas de escombros. Las carreteras y las avenidas hoy solo son caminos de terracería. La Defensa Civil de Gaza dijo que más de 500,000 personas habían regresado a Ciudad de Gaza el sábado por la noche, después del cese al fuego. Hombres, mujeres y niños deambulaban en calles llenas de escombros, buscando lo que queda de sus hogares. «Caminamos durante horas», contó a AFP Raja Salmi, de 52 años. Cuando finalmente llegó a su barrio, esta mujer descubrió que su casa se había reducido a un montón de escombros. «Me paré frente a ella y lloré. Todos mis recuerdos no son más que polvo», dijo. Aunque algunos regresaron en vehículos, la mayoría caminó, llevando sus pertenencias en bolsas atadas a los hombros. Sami Musa, de 28 años, volvió solo para examinar el estado de la casa de su familia. «Gracias a Dios (…) descubrí que nuestra casa sigue en pie», dijo Musa a AFP. «No parecía Ciudad de Gaza, sino una ciudad fantasma», añadió. Este es el nivel de destrucción que enfrenta este enclave palestino después de dos años de conflicto. Un territorio sin infraestructura Los más de dos años de ataques continuos de Israel provocaron que una enorme parte de la infraestructura de la Franja de Gaza quedara destrozada. Alrededor de 193,000 edificios de Gaza han quedado destruidos o dañados, de acuerdo con un análisis del Centro de Satélites de Naciones Unidas de las últimas cifras de julio. Esto representa aproximadamente el 78% de todas las estructuras de la Franja de Gaza. Aunque la cifra podría estar subestimada, pues después de esta fecha Israel lanzó una operación terrestre contra la Ciudad de Gaza, además de que destruyó decenas de edificios residenciales donde, presuntamente, se ocultaban líderes de Hamás. De acuerdo con el Grupo de Refugios de la ACNUR, hasta septiembre de este año, el 92% de las viviendas en la Franja de Gaza estaban dañadas (276,000) o destruidas (160,000). En el caso de los edificios destinados a actividades comerciales e industriales, el panorama también es sombrío. La misma fuente indica que 88% de los 48,987 establecimientos en estos sectores han sido dañados o destruidos. El 77% de la red total de carreteras ha sido dañada —incluyendo carreteras destruidas y afectadas y carreteras restringidas por obstáculos—, en toda la Franja de Gaza. Alrededor de 213 hospitales y 1,029 escuelas han sido blanco de los ataques. 2,308 instalaciones educativas, que van desde jardines de infancia hasta universidades, han sido destruidas. Solo 14 de los 36 hospitales de Gaza siguen funcionando parcialmente, según la Organización Mundial de la Salud, y los del sur de Gaza están desbordados. Ocho se encuentran en Ciudad de Gaza, tres en Deir al Bal, tres en Jan Yunis y solo uno en el norte de Gaza, enmascarando la ciudad de Rafah. La oficina de derechos humanos de la ONU ha expresado su honda preocupación por el nivel de destrucción en la ciudad de Gaza, principal centro urbano del enclave, y ha afirmado que cualquier intento deliberado de reubicar a la población equivaldría a una limpieza étnica. En un panorama de crisis alimentaria y en el que una parte de la población vive en hambruna, de acuerdo con Naciones Unidas, el futuro de la agricultura es importante, pero también difícil. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en abril de 2025, solo 1.5% de la tierra cultivable no está dañada y es accesible para la agricultura. ¿Quién asumirá los costos de reconstruir Gaza? Aún no hay claridad de quién asumirá los costos de reconstruir la Franja de Gaza. El décimo punto del plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, introduce un “plan económico de Trump para reconstruir y revitalizar Gaza”, a cargo de expertos en desarrollo urbano del Medio Oriente, pero no más detalles sobre quiénes lo integrarán y quién lo financiará. El presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi dijo el lunes que su país organizará una conferencia sobre la reconstrucción de Gaza tras el acuerdo de cese el fuego y el intercambio de rehenes por presos palestinos. «Egipto trabajará con Estados Unidos en coordinación con socios en los próximos días para sentar las bases de la reconstrucción de la Franja (de Gaza) y tenemos la intención de organizar una conferencia sobre recuperación inicial, reconstrucción y desarrollo», dijo Al Sisi en la cumbre sobre Gaza en la ciudad de Sharm el Sheij. ¿Cuánto costará la Franja de Gaza? De acuerdo con un plan presentado por Egipto en marzo de este año, reconstruir el enclave palestino tendrá un costo de por lo menos 53,000 millones de dólares. Jorge Moreira da Silva, director de la Oficina de Servicios de Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), dijo el 9 de octubre que se necesitarán aproximadamente 52,000 millones de dólares para reconstruir la Franja de Gaza, de acuerdo con declaraciones brindadas al servicio en árabe de la cadena catarí Al Jazeera. La OMS estimó que solo la reconstrucción de la red sanitaria de Gaza costará más de 7,000 millones de dólares, según estimaciones de la OMS, cubriendo la respuesta humanitaria, la recuperación temprana y la reconstrucción a largo plazo, de acuerdo con un comunicado publicado el 8 de octubre. ]]>

Inversión extranjera en Sinaloa se desploma 87% en medio de la narcoguerra

La confianza de los inversionistas en Sinaloa atraviesa un momento crítico en medio del conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos. La inversión extranjera directa cayó 87% en la primera mitad de 2025 frente al mismo periodo del año anterior. El estado recibió 34.3 millones de dólares, una cantidad inferior a los 262.8 millones de un año antes, según las cifras originalmente publicadas por la Secretaría de Economía. El impacto de la violencia El retroceso golpea los pilares de la economía local. En alojamiento temporal y servicios de alimentos y bebidas, la inversión se redujo a 5.6 millones de dólares, comparado con los 64.7 millones de 2024. Las manufacturas sumaron 9.7 millones, por debajo de los 62.5 millones previos. El comercio al por mayor pasó de 14.3 millones a 3.6 millones. Estados Unidos, principal socio histórico, aportó 17.6 millones de dólares durante el primer semestre. En el mismo periodo de 2024 fueron casi siete veces más: 129.1 millones. Empresarios de ese país señalan que la inseguridad sigue como uno de los mayores obstáculos para invertir en México, de acuerdo con el clima de inversión publicado recientemente por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Sinaloa figura entre los seis estados que Estados Unidos mantiene bajo alerta máxima de no viaje. La advertencia se apoya en un entorno violento que se intensifica con la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos por el control territorial. El discurso oficial narra otra historia. El gobernador Rubén Rocha Moya afirma que la confianza empresarial persiste. Resalta que a la mitad de su administración el estado acumuló 1,637 millones de dólares, equivalentes a 81.8% de la meta del Plan Estatal de Desarrollo. Con base en ese avance, el gobierno elevó el objetivo a 3,000 millones de dólares. Rocha asegura que los inversionistas conocen el terreno y menciona a Mazatlán como ejemplo de un destino turístico con seguridad y alta afluencia de cruceros. La violencia contradice ese mensaje. El diagnóistico del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, un organismo ciudadano, indica que entre septiembre de 2024 y junio de 2025, Sinaloa registró 2,015 privaciones de la libertad, 1,538 homicidios dolosos, 37 feminicidios, 5,811 robos de vehículos y 2,304 robos a comercios. También se documentaron 40 asesinatos de menores, más de 100 inmuebles vandalizados y numerosos cierres de negocios. El robo a comercios revela con nitidez el deterioro. Durante el primer semestre de 2025 se presentaron 1,409 denuncias, 62% más que en el mismo lapso de 2024. La tasa anual pasó de 56.12 a 85.63 denuncias por cada 100,000 habitantes. Culiacán concentró el 82% de los casos con 1,159 denuncias. Mazatlán ocupó el segundo lugar con 121 y Ahome el tercero con 97. Navolato, Guasave, Elota, Salvador Alvarado y Concordia completaron el mapa de focos rojos. La Coparmex indica que la extorsión mantiene una tendencia ascendente. En junio de 2025 se registraron 56 víctimas, un aumento de 9.8% respecto al año anterior. El número mensual subió de 3 a 12, lo que representa un alza de 300%. Las pequeñas y medianas empresas sufren con mayor intensidad. Carecen de mecanismos eficaces de protección y quedan expuestas a redes criminales que aprovechan su vulnerabilidad. El robo de vehículos muestra la magnitud del deterioro. En el primer semestre de 2025 se abrieron 8,847 carpetas de investigación, 156.2% más que en 2024. Solo en mayo se contaron 640 casos, una cifra no registrada desde 2017. Este delito impacta a particulares y también a empresas que dependen del transporte para sus operaciones logísticas. La Coparmex en Sinaloa advierte sobre daños profundos. Calcula 7,000 empleadores menos y 36,000 empleos perdidos. Más de 2,000 negocios cerraron definitivamente. Las condiciones de inversión cayeron. Nadie sabe cuándo llegarán señales de recuperación, señaló la organización, que reclama acciones firmes y mayor empatía del gobierno estatal. En medio de esta tensión, autoridades y empresarios sostienen encuentros constantes. El 10 de septiembre de 2025, el gabinete federal de seguridad encabezado por Omar García Harfuch acudió a la Base Aérea Militar No. 10 en Culiacán. Representantes empresariales expusieron inquietudes y escucharon reportes oficiales. El gobernador Rocha informó que durante la reunión se reiteró el compromiso de combatir a la delincuencia. Se mencionaron detenciones de objetivos prioritarios y se invitó a los empresarios a participar en estrategias de seguridad. Pero la distancia entre el discurso político y la vida diaria se percibe en cada cifra. La violencia eleva costos de operación, erosiona la confianza y frena decisiones de inversión. ]]>