Noticias – Página 47 – Lupita Humildad

Las empresas tienen hasta el 31 de marzo para presentar su declaración al SAT

El plazo para que las empresas presenten su Declaración Anual 2025 concluye el próximo 31 de marzo de 2026 , «por lo que se les invita a cumplir a tiempo con esta obligación fiscal», informó el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) en un comunicado. La autoridad fiscal detalló que las personas morales sin fines de lucro tienen hasta el 16 de febrero para presentar su declaración del ejercicio 2025. Mientras los demás regímenes establecidos en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) tienen hasta el 31 de marzo para cumplir con esta obligación. Detalló que la nueva plataforma del SAT para declaración de personas morales cuenta con la siguiente información precargada: • Pagos provisionales presentados y pagados durante el ejercicio. • Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) pagada en el ejercicio. • Retenciones efectivamente pagadas (ISR por sueldos y salarios, asimilados a salarios, arrendamiento y RESICO). • CFDI de devoluciones, descuentos y bonificaciones. • Remanente de declaraciones de ejercicios anteriores, como pérdidas fiscales, pagos al extranjero, dividendos, subsidio para el empleo, entre otros. «Si se requiere modificar los ingresos o cualquier otro dato precargado, se deben presentar declaraciones complementarias. Cuando exista un saldo a cargo, la actualización de la información será visible 48 horas después del pago. Si el saldo es en ceros, tardará 24 horas en reflejarse», detalló la autoridad fiscal. Para enviar la declaración es necesario contar con e.firma vigente y con un servicio de banca electrónica, ya que en caso de obtener un saldo a cargo, el pago debe realizarse mediante transferencia a través de bancos autorizados para el cobro de contribuciones federales, detalló el SAT. ]]>

México y Canadá activan cruzada de inversión y comercio con 2,000 reuniones empresariales

México y Canadá buscan abrir una nueva etapa en su relación económica con una apuesta clara por sectores estratégicos que hasta ahora no se habían explorado a fondo. La reunión de 400 empresas de ambos países marca el arranque de ese intento por acelerar una relación que, en tres décadas, ya creció 12 veces. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que se prevén cerca de 2,000 reuniones entre empresas para identificar oportunidades concretas, cifra dada a conocer por el ministro canadiense Dominique LeBlanc, quien encabeza la comitiva empresarial en México. Destacó que no recuerda un diálogo empresarial de este tamaño en muchos años. La agenda incluye una visita recíproca de México a Canadá y la presentación, en el segundo semestre, de un plan de acción bilateral que definirá prioridades para los próximos años. Comentó que la incertidumbre global no debe frenar a ambos países, sino empujarlos a diversificar y profundizar su integración. Lo que se busca es detonar nuevas inversiones en farmacéutica, aeronáutica, industria espacial y manufactura avanzada, además de áreas como robótica, drones, Inteligencia Artificial, vacunas y nuevas tecnologías médicas. Una de las piezas relevantes en esta nueva fase son los minerales críticos, pues Canadá cuenta con experiencia y tecnología en minería y procesos de refinación, mientras que México busca dejar de ser solo proveedor de materia prima y avanzar hacia el procesamiento. La cooperación se quiere extender a puertos, infraestructura y seguridad de cadenas de suministro. Canadá es un socio confiable, afirmó el secretario, y el objetivo es acelerar el comercio y la inversión por razones económicas y de seguridad. Un dato ilustra el cambio que se busca: está por concretarse una inversión relevante de una empresa mexicana en Quebec. No solo se trata de capital canadiense en México, sino también de inversión mexicana en Canadá, un paso que Ebrard calificó como inédito. La agenda también incluye temas sensibles como la seguridad y el combate al tráfico de armas hacia México, un punto en el que ambos gobiernos han intercambiado propuestas. ]]>

Esquemas mixtos de CFE despiertan cuestionamientos sobre participación del 54%

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía (Sener) impulsan un nuevo esquema de participación entre privados y el estado para el desarrollo de centrales que se consideran estratégicas para el sector eléctrico nacional. Se trata de los Esquemas para el Desarrollo Mixto de generación de energía, cuyos lineamientos fueron presentados la semana pasada a empresas e interesados en participar en la nueva figura prevista en la Ley del Sector Eléctrico y que, supuestamente, ahora se tendrán reglas claras y certidumbre jurídica. Sin embargo, especialistas y analistas señalan que existe incertidumbre dentro de los interesados sobre los criterios financieros y, en especial, sobre los porcentajes de participación que tendrá la CFE y los privados. De acuerdo con la presentación de la CFE, la estructura de capital indicativo es que la empresa estatal mantendrá –mínimo– el 54% de la participación y el privado el 46%. En el caso de la Comisión, hará aportaciones en especie, mientras que su socio realizará las aportaciones de capital o recursos financieros. En duda Carlos Flores, especialista en temas de energía, explicó que, de manera general, a ninguna empresa le va a resultar atractivo ser propietario sólo del 46% de la participación en un activo tras haber desembolsado el 100% de los recursos. Aunque habrá empresas que sean la excepción, pero ahí todo dependerá de las condiciones contractuales y muy particulares que se firmen con la CFE. Dentro del 54% de participación de capital indicativo que tendrá la CFE, se consideran sus aportaciones en especie que pueden ser la gestión de permisos y trámites regulatorios, la adquisición de la energía, el contrato y las negociaciones para el uso de tierras. Mientras que del lado del privado se tendrán que destinar los recursos económicos para el desarrollo y construcción del proyecto, así como su gestión y mantenimiento durante la operación. “En el entorno actual, en el que el regulador aprueba otorgar permisos de generación a cuenta gotas y el operador facilita contratos de interconexión de la misma manera, sí es valioso que CFE ayude con la gestión de permisos, así como también tiene valor que la empresa pública se comprometa de largo plazo a la compraventa de la energía, eso le da bancabilidad al proyecto; sin embargo, pretender que ese nivel de aportación equivale al 54% de la participación accionaria no parece corresponder con la realidad del mercado y la experiencia global en este tipo de contratos”, aseguró. La titular de la CFE, Emilia Calleja, dijo durante el discurso de presentación de los esquemas dijo que lo que se busca es acelerar el desarrollo de proyectos estratégicos en el país “sin perder de vista un principio fundamental, la rectoría del estado del sector eléctrico, se mantiene intacta. La CFE conserva en todo momento la planeación y la toma de decisiones estratégicas, los esquemas mixtos no sustituyan empresa pública ni trasladan responsabilidades esenciales”, puntualizó. En tanto, Arturo Carranza, experto en temas de energía, señaló que los temas de financiamiento son relevantes para los inversionistas, por lo que siempre debe tener especial atención en las condiciones contractuales bajo las que desarrollar proyectos, y ahí es donde el porcentaje de asociación que tendrán resulta relevante, pues podría complicar el interés de las empresas. “Para poder empezar a explorar si se ve una oportunidad o no a los esquemas mixtos hay que analizar esa parte del porcentaje de participación de, al menos, el 54% de la CFE, dentro de ese porcentaje ¿qué va a ser responsabilidad de la CFE? También hay que ver si las regiones en las que se tiene interés de desarrollar un proyecto ya se tengan algunos estudios previos de factibilidad, de interconexión. Hay que definir bien el alcance de la sociedad tanto de la CFE como del privado”, aseveró. Otro factor determinante que evaluarán los privados son los tiempos de construcción de las centrales, que según la titular de la Sener, Luz Elena González, se espera que los proyectos puedan concluir su construcción en un periodo de tres años. “Nuestro objetivo es que estas nuevas centrales, estas nuevas plantas se construyan en los próximos 3 años y que estén en operación antes del 2030. Los lineamientos establecen la aportación de recursos, el control estratégico de los proyectos, la selección de los participantes, el proceso de desarrollo, las características de los contratos (…) De nuestra parte pueden estar seguros que contarán con todas las facilidades para agilizar el avance de estos productos y dar cumplimiento a las reglas y las condiciones establecidas, por eso estamos poniendo las reglas muy claras del juego”, aseguró la funcionaria. Aunque la Sener ha iniciado un proceso acelerado para presentar interés y acreditar los requisitos necesarios, a fin de que la construcción arranque en noviembre de este año, los especialistas consideran que habrá que ver si esos plazos se cumplen, alineando las obligaciones del estado con las de los privados que mantengan un interés en los esquemas. ]]>

Meta añadirá reconocimiento facial a sus lentes inteligentes, NYT

El éxito alrededor de los lentes inteligentes de Meta provoca una exploración de tecnologías que la empresa había olvidado. Y es que de acuerdo con un reporte del New York Times, la firma considera integrar funciones de reconocimiento facial a este dispositivo aun cuando plantea preocupaciones de privacidad. Según el reporte, que consultó a cuatro personas implicadas en los planes de Meta, esta función está prevista para incluirse en el gadget este mismo año y permitirá a los usuarios identificar a otras personas e incluso obtener información de ellas por medio de su asistente de Inteligencia Artificial. La función está identificada internamente como “Name Tag”, pero también es importante destacar que los planes de la compañía no son 100% seguros, pues al interior se ha debatido desde inicios de año cómo lanzar una integración de este tipo, así como los “riesgos de seguridad y privacidad” que podría implicar, señala el documento al que tuvo acceso el Times. El mismo archivo señala que el plan era presentar dicha función el año pasado y orientarla hacia un tema de accesibilidad, pues estaría dirigida a personas ciegas; sin embargo, la compañía no lo hizo y ahora, en medio del panorama político en Estados Unidos, consideran que es un buen momento para su despliegue. “Lo lanzaremos durante un entorno político dinámico en el que muchos grupos de la sociedad civil que esperaríamos que nos atacaran tendrían sus recursos enfocados en otras preocupaciones”, se puede leer en el documento de Reality Labs, la división de hardware de Meta. Tecnología de reconocimiento facial, una polémica antigua para Meta Esta no es la primera vez que los planes en torno a la tecnología de reconocimiento facial generan controversia. En 2021, la empresa cerró el sistema de etiquetado de personas en Facebook debido a las quejas que provocaba y a una intención de encontrar el “equilibrio adecuado” en torno a las preocupaciones legales y de privacidad. También consideraron incluirlas en las primeras versiones de las Ray-Ban Meta, pero no lo hicieron por dificultades técnicas. Ahora, la tecnología se conectaría a una base de contactos para que un usuario pueda identificar a gente de su círculo social cercano. Según las declaraciones que obtuvo el Times, la función no podría buscar a cualquier persona, como si fuera una herramienta de reconocimiento facial con el fin de atender las preocupaciones de privacidad que puede plantear. “Si bien escuchamos con frecuencia sobre el interés en este tipo de funciones, y algunos productos ya existen en el mercado, aún estamos considerando opciones y adoptaremos un enfoque reflexivo antes de implementar cualquier producto”, dijo la empresa en un comunicado. El historial de Meta en torno a asuntos de privacidad es cuestionable, pues la empresa ha tenido que pagar grandes sumas de dinero por multas al respecto. En 2019 pagó 5,000 millones de dólares a la Comisión Federal de Comercio para resolver una demanda de privacidad y posteriormente pagó 2,000 millones de dólares para casos similares en Illinois y Texas, donde se le acusaba de recopilar datos faciales sin permiso para una función de Facebook. No obstante, este tipo de tecnología ahora es más preocupante para los ciudadanos, pues genera temores por su potencial de ser utilizada por parte de gobiernos para vigilar y reprimir la disidencia. En este sentido, legisladores demócratas pidieron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que dejara de usar reconocimiento facial en las calles. ]]>

Usuarios reportan fallas en la red social 𝕏

Usuarios de la red social 𝕏 (antes Twitter) aseguran que la hay intermitencias al tratar de actualizar la información. La plataforma de monitoreo del estado de servicios de internet, Downdetector, muestra un incremento en los reportes de fallas a partir de las 08:00 horas de este lunes 16 de febrero. ¿Por qué está fallando X o Twitter? Entre los problemas más reportados son fallos en la app (64%), actualización del feed (21%) y el sitio web (15%). Las ciudades con más reportes hasta el momento son Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Torreón. Las causas del por qué una red social presenta fallas son muy variadas, pero entre algunas de las principales son estas: Sobrecarga del servidor: Cuando hay un aumento repentino y significativo en la actividad en la rd social, como durante eventos en vivo, discusiones populares o situaciones de crisis, la plataforma puede enfrentar una sobrecarga en sus servidores. Esto puede llevar a tiempos de carga lentos o incluso a caídas temporales del servicio. Problemas de infraestructura: Si los sistemas subyacentes de X, como su infraestructura de servidores, bases de datos o redes, experimentan problemas técnicos, esto puede afectar la disponibilidad y el rendimiento de la plataforma. Errores de software: Los errores en el código de software pueden causar problemas en la funcionalidad de la red social. Estos errores pueden surgir durante el desarrollo de nuevas características, actualizaciones o incluso debido a cambios pequeños en el código. Actualizaciones problemáticas: A veces, las actualizaciones de software pueden causar problemas inesperados. Una actualización que no se ha probado adecuadamente o que presenta incompatibilidades con otros componentes del sistema puede provocar fallos en la plataforma. Mantenimiento programado: X a veces realiza mantenimiento programado para actualizar su plataforma y corregir problemas. Durante estos períodos, la plataforma puede estar fuera de línea temporalmente. ]]>

Se cayó X hoy, 16 de febrero 2026: usuarios reportan fallas en Twitter

¿Por qué tantas empresas hablan de innovación, pero pocas la convierten en una ventaja real?

“El verdadero problema no es que las ideas sean escasas, sino que las buenas ideas no logren sobrevivir”: Paul Romer, economista y Premio Nobel de Economía en 2018. Convertir buenas ideas en resultados tangibles es un reto común en empresas multisectoriales de diversas latitudes. Si bien hay honrosas excepciones, no pocas empresas ven cómo iniciativas prometedoras fracasan antes de madurar, no por falta de talento ni creatividad, sino por entornos que no saben cómo sostenerlas. En América Latina, este fenómeno es aún más visible, no solo por las barreras estructurales, sino por dinámicas internas que limitan su desarrollo. Cuando las buenas ideas no alcanzan El riesgo de no transformar el talento No se trata de un problema externo, sino de cómo operan muchas culturas organizacionales. En vez de alentar la iniciativa, penalizan el riesgo y desalientan la exploración. Cuando los equipos perciben que equivocarse compromete bonos, evaluaciones o reputación, lo más seguro es no proponer nada. Así, innovar deja de ser una apuesta valiosa y se convierte en una amenaza personal. Más que casos aislados, estos comportamientos reflejan fallas estructurales en la forma en que se lidera, se organizan los equipos y se toman decisiones. En un inicio, referencias como el Manual de Oslo —una guía reconocida internacionalmente impulsada por la OCDE para medir la innovación en políticas públicas y empresas— ayudaron a identificar barreras financieras o de conocimiento. Pero con el avance de la práctica empresarial, quedó claro que los bloqueos más duros no estaban en los recursos, sino en la forma en que se lidera, se organiza y se toman decisiones. Bajo esas condiciones, la presión por no fallar impone decisiones defensivas. Los proyectos se fragmentan, las áreas compiten, el error se castiga. Proponer, lejos de valorarse, se percibe como una amenaza. A esto se suma un obstáculo silencioso pero determinante: la forma en que se gestiona el talento. Innovar requiere pensamiento crítico, habilidades técnicas y aprendizaje continuo. Sin embargo, muchas empresas mantienen jerarquías rígidas, estructuras aisladas y escasa colaboración. Los profesionales más inquietos se frustran o se van, mientras que quienes se quedan aprenden a hacer lo mínimo. Algunas organizaciones logran revertir esa dinámica al descentralizar decisiones, promover la autonomía y convertir el aprendizaje en parte de la rutina. Pero si esto depende solo de esfuerzos individuales, el cambio no es sostenible. La situación se agrava por la carga burocrática. Procedimientos lentos, controles excesivos y decisiones que no llegan a tiempo terminan por ahogar los proyectos estratégicos. Frente a este panorama, los equipos terminan concluyendo que innovar cuesta y, en muchos casos, ni siquiera se traduce en respaldo real o visibilidad interna. Ver solo lo que ya conocemos Cuando se recortan recursos, lo primero que se sacrifica es la inversión futura. Así, muchas empresas protegen el presente a costa de su evolución a largo plazo. Los desafíos no están solo dentro de las organizaciones. Muchas compañías también muestran una mirada limitada hacia el entorno. Se enfocan casi exclusivamente en sus competidores actuales, replican modelos conocidos sin cuestionarlos y pierden de vista a los nuevos actores que están transformando el mercado. Esta rigidez externa se intensifica cuando las organizaciones intentan incorporar tecnología. El proceso exige desaprender rutinas, romper inercias y adoptar nuevas formas de trabajar. Incluso en economías avanzadas, suele haber resistencia al cambio. En empresas pequeñas, la ausencia de redes de apoyo y formación adecuada amplifica aún más la brecha. A esta mirada limitada del entorno, se suma una aproximación conservadora al cambio. Una visión enfocada solo en perfeccionar lo conocido —sin cuestionar los supuestos de fondo— puede dejar a las empresas expuestas. Si toda la atención se dirige a mejorar lo que ya se ofrece a los clientes actuales, se corre el riesgo de pasar por alto señales de transformación más profundas, como la aparición de tecnologías emergentes, nuevos modelos de negocio o actores que redefinen las reglas del juego. Ese enfoque sesgado —centrado en lo inmediato y lo conocido— suele ir acompañado de una desconexión aún más profunda, reflejada en el desfase entre los esfuerzos de cambio y la estrategia general de la organización. Cuando la innovación no se alinea con una estrategia clara, corre el riesgo de convertirse en una suma de esfuerzos dispersos. No se trata de acumular iniciativas llamativas ni de perfeccionar lo existente, sino de avanzar con dirección, adaptabilidad y una cultura que aprenda con rapidez. Superar esa desconexión requiere más que intención: implica integrar el cambio en la manera misma de operar. Ese es, en esencia, el verdadero desafío. Las ideas necesitan entornos que las nutran y las hagan escalar. Como advierte Paul Romer, economista y Premio Nobel de Economía en 2018, las ideas mueren cuando no existen ecosistemas que las sostengan. _____ Nota del editor: Jeannina Valenzuela es comunicadora, productora y emprendedora. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión ]]>

¿Por qué elegimos optimizar el consumo, pero no el odio?

La tecnología nunca ha sido neutral. Tampoco lo es la forma en que decidimos qué observar, qué analizar y qué dejar fuera de foco. En los entornos digitales, la visibilidad no se asigna por impacto social, sino por alineación con intereses económicos globales. Lo que generara retorno se examina, se ajusta y se perfecciona, lo demás suele quedar al margen. Vivimos en una época capaz de convertir el consumo en una supuesta revolución económica. Afinamos cada clic, cada intención de compra, cada segundo de atención. Sabemos qué reduce fricción, qué impulsa una conversión y que estimulo acelera una decisión. Dedicamos enorme capacidad analítica a aquello que produce valor inmediato, mientras relegamos lo que no encaja fácilmente en un modelo de negocio. La rentabilidad como filtro Lo llamativo es que, contando esas mismas herramientas, entendemos poco y discutimos aún menos otros fenómenos digitales que también operan a plena vista. Hace unas semanas, durante un congreso de tecnología en Europa, una hacktivista alemana mostró cómo logró infiltrarse y desmantelar varios sitios de citas supremacistas blancos, vinculados a una plataforma conocida como el llamado Tinder para nazis. El acceso dejó al descubierto cerca de 100 GB de información. Perfiles, mensajes, fotos y posibles datos de pago. Información suficiente para reconstruir redes sociales, patrones geográficos y dinámicas internas de grupos extremistas. El caso pasó rápido. No hubo debate sostenido ni análisis profundo. Y quizá ese silencio sea lo más revelador. No se trata de falta de información ni de límites técnicos. Se trata de prioridades. La visibilidad no desaparece por censura; se diluye cuando deja de resultar conveniente. Cuando no produce retorno, cuando incomoda a los actores adecuados o cuando obliga a formular preguntas que no caben en un dashboard. Hoy destinamos recursos, talento y sofisticación analítica a entender cómo consumimos, cómo compramos y cómo reaccionamos ante estímulos comerciales. En cambio, cuando se trata de mapear, entender y frenar estructuras de odio organizadas digitalmente, la atención se diluye. No porque no sea posible, sino porque no resulta igual de rentable. La reacción frente al caso lo ilustra con claridad. El foco no estuvo en cómo operaban estas plataformas, quién las alojaba o por qué habían funcionado durante años sin fricción. La conversación se desplazó con rapidez hacia la privacidad de los usuarios expuestos. Un tema legítimo, sin duda, pero también como salida cómoda. El problema estructural quedó intacto. Los sistemas de análisis digital no fueron concebidos para entender fenómenos sociales complejos. Se diseñaron para reducir incertidumbre económica, eficientar mercados y maximizar rendimiento. Todo lo demás queda en la línea casi invisible: lo difícil de monetizar, lo incómodo, lo que no tiene un dueño claro. Por eso sabemos más sobre hábitos de consumo que sobre redes de radicalización. Tenemos lecturas detalladas de lo que compramos y apenas visibilidad fragmentada sobre dinámicas de odio que también utilizan plataformas, datos y tecnología para expandirse. Responsabilidad sin arquitectura No es un problema de intención. Es un problema de diseño Auditar aquello que limita los derechos de otros parece una obligación básica. Sin embargo, los sistemas que gobiernan el entorno digital no operan bajo esa lógica, sino bajo una mucho más estrecha: la del valor económico. Sabemos medir fricción cuando afecta ventas, rastrear comportamientos cuando impactan conversión y corregir dinámicas cuando se ponen en riesgo ingresos. Pero cuando una actividad digital produce daño social sin afectar directamente el flujo económico, queda fuera del mandato operativo. No por malicia, sino porque nadie tiene responsabilidad asignada. Los derechos no tienen dashboard, presupuesto, o un responsable funcional claro. Y en un sistema que opera por métrica, lo que no se mide no se corrige; parece que se normaliza . En ese vacío surgen formas de auditoría informal. Periodistas – hackers como Root o comunidades organizadas como el ARMY de BTS en México, capaces de rastrear abusos y exponer prácticas ilegítimas, muestran algo fundamental: la capacidad existe. El talento está ahí, pero opera sin marco institucional, sin reglas claras y sin rendición de cuentas. A veces produce correcciones necesarias; otras, reproduce nuevas formas de acoso. Si somos capaces de convertir el consumo en un laboratorio permanente de optimización, ¿por qué seguimos tratando el análisis del odio organizado como un asunto secundario? Tal vez el debate de fondo no sea sobre hacktivismo ni sobre privacidad, sino sobre qué estamos dispuestos a ignorar cuando mirar de frente deja de ser rentable. Porque los sistemas digitales, incluso el silencio es una decisión estratégica. Y no en todas las decisiones se toman por incapacidad. Muchas se toman porque alguien en algún punto del sistema, decidió que no valía la pena medirlas. _____ Nota del editor: Ilse Canela es Chief Marketing Officer en Solucredit | Cofundadora y CMO en Imagina Lab. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión ]]>

Telecom en año clave. Presión regulatoria, derechos en juego

Con el inicio del registro obligatorio de líneas móviles, México activó uno de los procesos de verificación de identidad más amplios de su historia reciente: asociar cada línea activa a una persona plenamente identificada. El objetivo —reducir delitos como la extorsión y el fraude— es legítimo y socialmente relevante. Sin embargo, la magnitud del universo a registrar y los tiempos establecidos colocan el debate en un terreno distinto: el de la viabilidad operativa y la sostenibilidad del propio mecanismo. El desafío no es menor. Se trata de incorporar a un sistema único a decenas de millones de usuarios, en un mercado dominado por esquemas de prepago y con una alta rotación de líneas. En ese contexto, el calendario de implementación no es un dato administrativo: es una variable crítica de política pública. Su diseño define si el proceso será gradual y ordenado o si, por el contrario, concentrará presiones técnicas y de atención en periodos muy acotados. Toda política de verificación masiva enfrenta un dilema estructural: mientras más corto es el plazo de ejecución, mayor es la probabilidad de saturación de plataformas, cuellos de botella en los procesos de validación y fricciones para los usuarios. Estos efectos no necesariamente responden a fallas de voluntad ni a errores de diseño normativo, sino a la simple relación entre capacidad instalada y volumen de demanda. Desde la perspectiva del usuario final, el riesgo no es abstracto. La interrupción de una línea telefónica no implica solo la pérdida de un número, sino el acceso a servicios esenciales: banca digital, autenticación por mensajes, plataformas de movilidad, comunicación laboral, educación a distancia y trámites públicos. Por eso, el éxito del padrón no puede medirse únicamente por el número de registros logrados, sino por su capacidad para operar sin afectar derechos ni continuidad del servicio. La experiencia internacional muestra que los esquemas de identificación funcionan mejor cuando se despliegan de forma progresiva. Los periodos de estabilización permiten corregir vulnerabilidades técnicas, fortalecer mecanismos de protección de datos y ajustar procesos de atención antes de activar sanciones generalizadas. En cambio, cuando el énfasis se coloca exclusivamente en el cumplimiento acelerado, el sistema tiende a trasladar sus tensiones al usuario y a la operación cotidiana de los operadores. A este reto se suma un componente adicional: la transparencia sobre cuántas líneas están asociadas a cada persona. Para muchos usuarios, será la primera oportunidad de verificar si existen registros a su nombre que no reconocen, por errores, duplicidades o posibles casos de suplantación. Ese ejercicio, positivo en términos de control, previsiblemente incrementará solicitudes de aclaración y corrección en un proceso que ya opera bajo alta presión. Más allá del plano técnico, el padrón introduce un factor de certidumbre sectorial. Si la implementación se percibe como frágil o confusa, puede erosionar la confianza en el mecanismo y generar fricción entre usuarios, operadores y autoridad. Además, concentrar en pocos meses los costos regulatorios y operativos presiona infraestructura, ciberseguridad y redes de atención en un momento en el que la continuidad del servicio es especialmente sensible. El impacto tampoco es homogéneo. Los operadores con mayor escala suelen tener más margen para absorber inversiones adicionales en sistemas y personal. Para los actores medianos o pequeños, la carga proporcionalmente es mayor, lo que abre la puerta a distorsiones competitivas que van más allá del objetivo original del registro. No se trata sólo de inclusión digital, sino del equilibrio de un sector que funciona como infraestructura económica. Este debate adquiere mayor peso en el contexto actual. México enfrenta un año de alta exigencia para la conectividad por eventos de alcance global que incrementarán la demanda, la visibilidad y la necesidad de estabilidad en los servicios. A ello se suma un entorno internacional donde la certidumbre regulatoria influye directamente en decisiones de inversión y despliegue de redes. En ese escenario, ajustar el calendario de implementación no equivale a debilitar la política pública. Al contrario: una prórroga puede ser un instrumento de mitigación de riesgos, orientado a asegurar que el padrón sea operable, confiable y compatible con los derechos de los usuarios. Fortalecer plataformas, ampliar capacidad operativa y depurar procesos antes de aplicar medidas restrictivas reduce la probabilidad de fallas masivas y mejora el cumplimiento efectivo. La discusión, entonces, no es si debe existir un registro, sino bajo qué condiciones puede consolidarse sin generar costos sociales innecesarios. Un padrón sostenible es aquel que logra su objetivo de seguridad sin comprometer la conectividad ni la confianza en el sistema. En un país donde el teléfono móvil es la principal puerta de acceso a servicios esenciales, asegurar una implementación robusta no es un obstáculo para la política pública: es parte central de su éxito. ____ Nota del editor: Gilberto García es Director de Miranda Intelligence, la división de análisis de Miranda Partners. Cuenta con más de 15 años de experiencia en análisis estratégico y financiero. Antes de integrarse a Miranda Partners en noviembre de 2023, fue Analista Senior de Renta Variable en Barclays, donde estuvo a cargo de la cobertura del sector financiero en América Latina. Es Licenciado en Economía por el Tec de Monterrey. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión ]]>

De Minneapolis a Madrid. Dos procesos a contracorriente

Dos asesinatos son representativos de la política de terror aplicada por la administración Trump a las y los migrantes asentados en Estados Unidos. Alex Pretti y Renee Good no eran inmigrantes indocumentados, eran anglosajones nativos de la Unión Americana, lo que indica que la represión no va sólo contra la inmigración, sino contra todos aquellos que se oponen a la ilegalidad, las acciones arbitrarias y el miedo. Irónicamente la apuesta trumpista por generar una división social y fortalecer la legitimidad de sus acciones contra las poblaciones inmigradas ha logrado exactamente lo contrario: ha construido un puente sólido de comunidad entre los inmigrantes y amplias comunidades blancas que ven en Trump un peligro para su seguridad. Minneapolis es un laboratorio para el mal que ha resultado un ensayo de la resistencia civil que comienza a generar grietas en una política migratoria que se creía inamovible. Por supuesto el aviso de Minneapolis no es un guion concluido. Si la inmigración ha sido una fuente de rentabilidad política-electoral, es improbable que la actual administración abandone la agenda. En cualquier caso, se verá obligado a matizar, reorientar sus acciones de deportación, especialmente por dos razones: a) el contagio que puede generar en otros estados que como Minneapolis, ensayen métodos de resistencia civil y el fortalecimiento de su organización de base que construya otros puentes de comunidad entre blancos, latinos y otros grupos que minen una legitimidad cada vez menos sólida en torno a la política migratoria; b) la reconstrucción de bases de trabajo que reduzcan la pérdida de aceptación pública de cara a las próximas elecciones de noviembre, que pueden hacer perder la mayoría de Trump en el legislativo. Un escenario de estas características sería un golpe grave a las políticas actuales. Del otro lado del Atlántico, se ha presentado un escenario inédito e inesperado. El gobierno del cuestionado Pedro Sánchez en España ha lanzado un decreto para regulariza a una cantidad cercana a las 500,000 personas. Esta iniciativa se presenta por razones básicamente espurias: existe un esfuerzo desesperado por recuperar unas bases de apoyo que lo tienen en un estado de permanente chantaje por parte de partidos políticos, y que han hecho de la extorsión un método eficaz para fortalecer sus proyectos. La tragedia de los trenes en Adamuz, las acusaciones de corrupción en su entorno familiar; los juicios a colaboradores cercanos a su administración y la permanente dependencia política de personajes prófugos de la justicia, hace que la propuesta de regularización migratoria sea vista como un recurso para desviar la atención de los problemas que lo acosan. Sin embargo, aunque la razón de este decreto esté contaminada por intereses de poder, el fundamento está por encima de cualquier otro razonamiento: se trata de una acción que saca de las sombras a miles de seres humanos, que les concede la posibilidad de pertenecer a la comunidad española, que les da la oportunidad de aportar su esfuerzo, sus impuestos, su mano de obra y su fortaleza a una sociedad española envejecida, que requiere urgentemente una inyección de juventud venga de donde venga. Más allá de la razón y del uso electorero que le están dando los partidos mayoritarios y de unas afirmaciones de partidos racistas que avergüenzan por su miseria argumentativa, la realidad es que esta iniciativa puede generar una reacción que puede abrir espacios de debate sobre la necesidad de retomar las acciones de recuperación de la dignidad de las poblaciones inmigradas. Hoy por hoy la marca España debería ser la defensa por los derechos humanos. Ojalá los actores políticos españoles asuman el reto de estar a la altura de la responsabilidad que se les presenta. Se trataría de un hecho que avanzaría a contracorriente de lo que Estados Unidos trata de generalizar en el mundo y que fortalecería el laboratorio social que ya ensaya Minneapolis. _____ Nota del editor: Javier Urbano Reyes es profesor e investigador en el Departamento de Estudios Internacionales (DEI) en la Universidad Iberoamericana (UIA), académico de la Maestría en Estudios sobre Migración en el DEI-UIA. Escríbele a javier.urbano@ibero.mx Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión ]]>

Categoría: Noticias