Gastos en camionetas ponen en jaque a la nueva Corte
Este martes, Alberto Verdusco y Lidia Arista hacen un recuento de los los gastos que se han hecho en la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante los primeros cuatro meses de su funcionamiento, ya que se pagaron como camionetas, viajes, servicios de salud y hasta togas. También hablan sobre estos temas: – Sheinbaum dice que Salinas Pliego ya expresó su deseo de pagar – El autoempleo repunta en México y la manufactura se enfría – Se esperan aumento en contratación de seguros en 2026, pese al aumento de precios – Los robots también anotarán goles en el Mundial de Futbol 2026 ]]>
El registro nacional de telefonía: más datos, más riesgo
Llegó el registro de telefonía y la promesa es siempre la misma: reducir delitos como la extorsión, facilitar investigaciones y “poner orden” en el uso de las líneas celulares. En el discurso suena razonable. En la realidad digital, es mucho más complejo… y potencialmente más riesgoso. La lógica parece simple: si cada número está vinculado a una persona identificable, será más fácil rastrear a quien comete un ilícito. El problema es que esa visión parte de un supuesto que rara vez se cumple: que los sistemas tecnológicos son infalibles y que los datos estarán siempre seguros. La experiencia demuestra totalmente lo contrario. Un registro nacional de telefonía implica concentrar millones de datos personales en una sola infraestructura. Dependiendo del modelo, puede incluir nombres, identificaciones oficiales, datos biométricos o elementos que permiten la plena identificación de las personas. Desde el punto de vista de la ciberseguridad, eso no es solo una base de datos: es un objetivo de altísimo valor para grupos criminales, ciberdelincuentes y redes de fraude. No hace falta imaginar escenarios sofisticados. Basta con una mala configuración, una contraseña expuesta, un acceso indebido o una vulnerabilidad sin corregir para que ocurra una filtración masiva. Cuando eso pasa, el daño no es institucional, es personal. La información termina en mercados clandestinos, se usa para suplantar identidades, abrir cuentas bancarias, contratar servicios o cometer fraudes a nombre de terceros. Lo que se diseñó para dar seguridad termina multiplicando el riesgo. A eso se suma un segundo problema: la verificación de identidad. Registrar una línea no garantiza que quien figura como titular sea quien realmente la usa. De hecho, los esquemas obligatorios suelen detonar nuevos mercados ilegales: venta de identidades, uso de documentos falsos, registros realizados con datos de terceros sin su consentimiento. Incluso comienzan a verse casos de suplantaciones apoyadas en tecnología, como videos manipulados para pasar controles de validación remota. El resultado es un sistema que aparenta formalidad, pero que en la práctica puede estar lleno de identidades ficticias o prestadas. Esto abre también un frente jurídico complejo. Si una línea está registrada a nombre de alguien que en realidad no la usa, ¿qué valor probatorio tiene ese dato en una investigación? ¿Cómo se acredita la suplantación? ¿Quién asume la carga de demostrar que su identidad fue utilizada sin autorización? En lugar de simplificar el trabajo de las autoridades, se pueden generar nuevas disputas legales. Otro aspecto delicado es la exposición de información. Para cumplir con un registro de este tipo, las personas deben entregar datos que permiten no solo identificarlas, sino hacerlas plenamente rastreables. Cada campo adicional incrementa el impacto potencial de una brecha de seguridad. No se trata únicamente de un número telefónico, sino de un perfil que puede vincularse con hábitos, ubicaciones, relaciones y rutinas. En manos equivocadas, esa información es extremadamente sensible. El registro también plantea preguntas sobre vigilancia. Una base de datos nacional que asocia identidades con líneas activas facilita esquemas de monitoreo a gran escala. Aunque se justifique en términos de seguridad pública, la existencia de esa infraestructura crea condiciones para usos indebidos, accesos no autorizados o consultas sin control suficiente. La historia tecnológica demuestra que los sistemas diseñados con fines legítimos pueden terminar utilizándose de formas que no estaban previstas originalmente. Además, este tipo de medidas suele generar efectos secundarios que pocas veces se reconocen. Aparecen líneas registradas a nombre de terceros, números “prestados”, tarjetas SIM vendidas de forma irregular y servicios que ofrecen activaciones con identidades ajenas. Lejos de ordenar el mercado, se crea un ecosistema paralelo más opaco, donde la trazabilidad que se buscaba fortalecer se diluye. El debate de fondo no debería ser si queremos más seguridad. Por supuesto que la queremos. La pregunta correcta es si esta es la vía adecuada para alcanzarla. Sin una arquitectura técnica robusta, sin auditorías independientes, sin transparencia sobre cómo se protegerán los datos y sin mecanismos claros de rendición de cuentas, un registro masivo puede convertirse en un nuevo punto de falla nacional. Antes de celebrar la creación de un gran padrón, valdría la pena recordar algo básico en seguridad digital: toda base de datos puede ser vulnerada. La pregunta no es si alguien lo intentará, sino cuándo. Y cuando eso ocurra, los afectados no serán los sistemas, sino las personas. ____ Nota del editor: Carlos Ramírez Castañeda es especialista y apasionado por el Derecho Informático, particularmente en ramas de Ciberseguridad, Cibercriminalidad y Ciberterrorismo. Tiene un Máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Santiago de Compostela España, Doctor en Administración y Políticas Públicas de México. Es colaborador de diversas instituciones académicas y gubernamentales, profesional siempre interesado en temas de ciberprevención particularmente con sectores vulnerables. Síguelo en Twitter como @Ciberagente . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión ]]>
La confianza, la infraestructura invisible de la economía digital
En la carrera por digitalizar procesos, servicios y relaciones, los datos personales se han convertido en uno de los activos más valiosos de la economía. Sin embargo, su verdadero valor no está solo en su explotación tecnológica, sino en la confianza con la que son gestionados. Cuando esa confianza se rompe, el costo no es técnico: es reputacional, económico y social. La transformación digital ha sido presentada durante años como una promesa de eficiencia, escalabilidad y crecimiento. Automatizar trámites, digitalizar servicios y personalizar experiencias se ha vuelto parte del lenguaje cotidiano de empresas y gobiernos. Pero en ese camino, hay un elemento que rara vez aparece en los planes estratégicos con la misma jerarquía que la tecnología: la confianza. Hoy, los datos personales son el insumo que hace posible gran parte de la economía digital. Sin ellos, no hay servicios financieros ágiles, telecomunicaciones inteligentes, plataformas interoperables ni experiencias personalizadas. Sin embargo, cuando la gestión de esos datos falla, no solo se compromete un sistema: se compromete la relación con las personas. En este contexto, la protección de datos personales ya no puede entenderse únicamente como un tema jurídico o de cumplimiento normativo. Es, cada vez más, una decisión estratégica de negocio y política de Estado. Las organizaciones invierten de manera constante en infraestructura tecnológica, automatización y ciberseguridad. Sin embargo, con frecuencia subestiman el impacto económico de perder la confianza de usuarios, clientes o ciudadanos. Un incidente de datos no solo implica sanciones o costos legales; implica pérdida de adopción, cancelaciones de servicios, deterioro de reputación y una conversación pública difícil de revertir. La confianza funciona como una infraestructura invisible: no se ve cuando todo marcha bien, pero su ausencia puede paralizar sistemas completos. Cuando las personas dudan sobre qué se hace con su información, cómo se protege o quién puede acceder a ella, la innovación deja de percibirse como progreso y comienza a leerse como riesgo. Por eso, las organizaciones que entienden la protección de datos como parte central de su propuesta de valor suelen tener una ventaja competitiva real. No solo cumplen con la ley; construyen relaciones más sólidas, sostenibles y resilientes con sus audiencias. En México, este debate ocurre además en un momento clave. En 2025 entró en vigor un nuevo marco legal en materia de protección de datos personales que actualiza obligaciones, redefine responsabilidades y busca responder a una realidad digital muy distinta a la de hace una década. El cambio normativo reconoce, al menos en el papel, que los datos personales, y especialmente los datos sensibles, requieren un tratamiento más riguroso y una supervisión más clara. Sin embargo, la existencia de una nueva ley no garantiza por sí misma confianza. La confianza no se decreta: se construye con decisiones operativas, gobernanza clara y comunicación transparente. Y ahí es donde muchas iniciativas digitales enfrentan su mayor reto. México, como otros países, avanza rápidamente hacia esquemas de identidad digital y registros centralizados. Estas iniciativas suelen justificarse por razones legítimas: eficiencia administrativa, inclusión, seguridad o acceso a servicios. El problema no es la tecnología en sí, sino que la velocidad del despliegue no siempre viene acompañada de una conversación pública clara sobre límites, controles y responsabilidades. El debate en torno a la incorporación de datos biométricos en sistemas de identificación ha puesto este dilema en evidencia. Más allá de posturas a favor o en contra, lo relevante es que buena parte de la discusión se ha dado de manera fragmentada, con vacíos de información y con una percepción creciente de opacidad. Cuando las personas no entienden para qué se recolectan sus datos, cuánto tiempo se conservarán o qué mecanismos existen para protegerlos, la desconfianza se vuelve inevitable. A esto se suma la experiencia reciente del registro obligatorio de líneas móviles. Antes incluso de que se consoliden esquemas más amplios de identidad digital, este proceso ya evidenció fallas técnicas, confusión operativa y preocupaciones legítimas sobre la seguridad de la información, así como la aparición de narrativas y ofertas informales que aseguran contar con chips previamente validados con datos personales sensibles. El caso es ilustrativo: iniciativas con objetivos legítimos pueden erosionar rápidamente la confianza si no se diseñan con estándares claros, controles de calidad robustos, una estrategia de ciberseguridad sólida y una comunicación rigurosa desde el inicio. Durante años, la responsabilidad de la privacidad se ha colocado casi por completo en el usuario: aceptar términos, leer avisos extensos, otorgar consentimientos. Esta lógica hoy muestra claros signos de agotamiento. La llamada “fatiga del consentimiento” es real y tiene consecuencias prácticas: las personas aceptan sin comprender, y las organizaciones asumen que eso equivale a confianza. La confianza no se firma en un aviso de privacidad ni se resuelve con un clic. Se construye con decisiones estructurales, con procesos claros y con una ética de diseño que ponga a las personas en el centro. En un entorno donde los datos son cada vez más sensibles y valiosos, la carga de la responsabilidad debe recaer en quienes los recolectan y administran, no en quienes simplemente necesitan acceder a un servicio. Aquí es donde la comunicación deja de ser reactiva y se vuelve estratégica. No basta con tener políticas internas robustas si no se saben explicar. No basta con cumplir la norma si no se comunica con claridad qué se está haciendo, por qué y con qué límites. _____ Nota del editor: Matías Carrocera es experto en liderazgo, capital humano y visión empresarial, con una trayectoria destacada en el desarrollo de estrategias innovadoras. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión ]]>
2026, el año para invertir con método, no con prisa
El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de propósitos financieros: ahorrar más, invertir mejor, hacer crecer el patrimonio. Sin embargo, empezar 2026 invirtiendo no es solo una cuestión de calendario, sino de contexto. Hoy los mercados son más accesibles que nunca, pero también más complejos, más rápidos y más expuestos a decisiones impulsivas. Esta combinación ha generado una paradoja: nunca había sido tan fácil invertir y, al mismo tiempo, tan fácil hacerlo mal. En México, el interés por invertir ha crecido de forma sostenida. Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) muestran un aumento en el número de cuentas de inversión y en la participación del inversionista minorista, impulsado principalmente por plataformas digitales. El crecimiento, sin embargo, no ha venido acompañado de una mejora proporcional en el entendimiento financiero. El resultado es un mercado con más participantes, pero no necesariamente con mejores decisiones. La evidencia internacional confirma este rezago. La Encuesta de Educación Financiera para Adultos (INFE) de la OCDE 2023, aplicada en 39 países, evaluó conocimientos, comportamientos y actitudes financieras, tanto tradicionales como digitales. Los ocho países de América Latina y el Caribe incluidos en el estudio se ubicaron en niveles iguales o por debajo del promedio global. Este dato es contundente: incluso con mayor acceso a productos financieros, la región sigue enfrentando una brecha estructural en la comprensión del riesgo y en la toma de decisiones informadas. Este contexto ayuda a explicar por qué muchos inversionistas llegan al mercado con expectativas poco realistas. La narrativa de rendimientos rápidos, amplificada por redes sociales y recomendaciones simplificadas, ha desplazado conversaciones más incómodas, pero necesarias, sobre volatilidad, pérdida y disciplina. Invertir no es un atajo para resolver problemas financieros en el corto plazo, y tratarlo como tal suele tener consecuencias costosas. Por eso, antes de preguntarse “¿en qué invertir en 2026?”, la discusión debería empezar por cómo invertir. Definir objetivos claros, un horizonte de tiempo realista y una tolerancia al riesgo honesta es lo que permite distinguir entre invertir y especular. Sin este marco, cualquier instrumento —por sofisticado que sea— se convierte en una apuesta. La educación financiera no es un accesorio ni una etapa que pueda omitirse. Es un elemento central del proceso. Quien no entiende cómo funcionan los mercados está condenado a reaccionar ante ellos. Y reaccionar, en un entorno volátil, rara vez es una estrategia sostenible. Cuando el proceso está claro, entonces sí tiene sentido hablar del “en qué”. De cara a 2026, la conversación debería alejarse de la búsqueda de la oportunidad del momento y centrarse en la diversificación como principio básico de gestión de riesgo. Diversificar no es acumular activos sin lógica, sino distribuir el riesgo de forma deliberada y alineada con objetivos de largo plazo. Las acciones pueden ofrecer crecimiento, pero también están sujetas a ciclos y correcciones. Los instrumentos de renta fija pueden aportar estabilidad, aunque no están exentos de riesgos. La exposición internacional reduce la dependencia de una sola economía, pero exige entender variables externas. Incluso los instrumentos más complejos requieren un nivel de conocimiento que no todos los inversionistas tienen ni necesitan. Datos del Inegi y de la Condusef muestran que una parte relevante de la población mexicana utiliza productos financieros sin comprender plenamente su funcionamiento. Esta brecha entre uso y entendimiento es uno de los principales obstáculos para una inclusión financiera real. Democratizar la inversión no debería medirse solo por el número de cuentas abiertas, sino por la calidad de las decisiones que esas cuentas permiten tomar. La tecnología, por sí sola, no corrige este problema. Puede facilitar el acceso y la información, pero no sustituye el criterio. Sin educación, la tecnología solo acelera errores. Con educación, en cambio, puede convertirse en una herramienta poderosa para construir patrimonio de forma responsable. Invertir mejor no es un propósito anual ni una moda pasajera. Es un proceso continuo que exige información, disciplina y visión de largo plazo. 2026 puede ser el año para empezar a invertir con método y dejar atrás la prisa. _____ Nota del editor: Catalina Clavé es CEO de Webull México. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión ]]>
La relación México-Canadá eleva su apuesta económica ante la presión de Trump
La relación económica entre México y Canadá avanza en un momento de definiciones para América del Norte. Mientras ambos gobiernos buscan estrechar su cooperación en infraestructura, energía, comercio y agricultura, Ottawa enfrenta presiones externas que influyen en cada movimiento. La relación con China y las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , marcan el telón de fondo de una etapa clave para el futuro del T-MEC . En ese escenario el Plan de Acción México-Canadá bajo el gobierno de Mark Carney y Claudia Sheinbaum , coloca a la relación económica como eje central de la relación bilateral. A diferencia de ejercicios anteriores, la nueva estrategia apuesta por una cooperación más profunda en puertos, corredores logísticos, energía, comercio, inversión y agricultura. El objetivo es reforzar la competitividad regional y reducir vulnerabilidades en un sistema comercial cada vez más fragmentado. Los datos muestran una relación económica con amplio margen de crecimiento. En 2024, el intercambio comercial entre México y Canadá alcanzó 32,027 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, lo que representó apenas 2.6% del comercio total de México. El balance favorece a México. En 2024, el país registró un superávit comercial de 5,886 millones de dólares frente a Canadá, y entre enero y noviembre de 2025 el saldo positivo ya sumó 8,780 millones de dólares. En inversión extranjera directa, Canadá ocupa el tercer lugar entre los principales inversionistas en México, mientras que México se ubica hasta la posición 29 entre los países que invierten en Canadá. En el plan de Sheinbaum y Carney la infraestructura ocupa un lugar protagónico, con la cooperación portuaria y logística. México y Canadá plantean una agenda conjunta para fortalecer la conectividad marítima, modernizar puertos y mejorar la integración entre transporte marítimo, ferroviario y carretero. La intención es construir corredores logísticos más eficientes, con menores costos y tiempos de traslado, capaces de sostener cadenas de suministro más sólidas y de abrir nuevas rutas hacia mercados internacionales. Ese impulso se extiende a la energía, pues el plan traza una agenda de corredores energéticos que busca una cooperación más estrecha en seguridad del suministro, transición y desarrollo de infraestructura estratégica. Ambos países apuestan por un diálogo técnico más profundo, el intercambio de información y la exploración de proyectos que respalden el crecimiento industrial y comercial a largo plazo. El comercio y la inversión completan esta estructura económica al incluir medidas para facilitar el intercambio bilateral y promover la llegada de capital, con atención especial en pequeñas y medianas empresas. La meta consiste en reducir barreras, mejorar la coordinación regulatoria y ampliar la participación empresarial en ambos mercados. A estas acciones se suman iniciativas de promoción económica conjunta y de digitalización de procesos logísticos y comerciales, orientadas a fortalecer la eficiencia de las cadenas productivas. En innovación, Canadá y México dan un primer paso con el compromiso de firmar un nuevo Memorándum de Entendimiento para fortalecer la colaboración en investigación. El acuerdo involucrará al Consejo de Investigación en Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá, al Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades y a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de México, y deberá concretarse antes del 31 de marzo de 2026. Este memorándum busca ampliar la cooperación científica y dar impulso a proyectos conjuntos en áreas interdisciplinarias estratégicas, como la transición energética, la inteligencia artificial y las tecnologías de la salud. La agricultura también forma parte de este rediseño. México y Canadá proponen una acción conjunta en agroalimentación para fortalecer cadenas productivas, facilitar el comercio de alimentos y avanzar en cooperación sanitaria y fitosanitaria. Este frente adquiere peso estratégico en un momento en el que el comercio agrícola vuelve a ocupar un lugar central en las disputas y negociaciones comerciales. El cambio es evidente al compararlo con el Plan de Acción México-Canadá, que se pactó en las administraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el ex primer ministro Justin Trudeau. En ese entonces, el comercio y la inversión figuraban dentro de una agenda más amplia dominada por temas sociales, movilidad humana, género, reconciliación con pueblos indígenas, salud y cooperación ambiental. La economía tenía presencia, pero no marcaba el rumbo ni contaba con objetivos específicos en infraestructura logística y energética, como ocurre ahora. Este cambio de enfoque coincide con una etapa compleja para Canadá. El primer ministro Mark Carney ha defendido que las decisiones recientes de Ottawa respecto a China se apegan a las obligaciones asumidas bajo el tratado comercial con Estados Unidos y México. El acuerdo, recordó, impide firmar tratados de libre comercio con economías no basadas en el mercado sin notificación previa. Su gobierno, subrayó, no tiene intención de hacerlo con China ni con ninguna otra economía de ese tipo. Bajo esa premisa, Canadá acordó reducir el arancel de 100% aplicado a los vehículos eléctricos fabricados en China a una tasa de 6.1%, con un límite anual de 49,000 unidades. A cambio, se prevé una reducción de los aranceles de represalia que China impuso a productos agrícolas canadienses como la langosta, el cangrejo y la canola. Para Carney, este entendimiento busca cerrar tensiones comerciales de larga data sin salirse de los márgenes del T-MEC. La respuesta desde Washington no tardó, pues Donald Trump amenazó con imponer aranceles de 100% a los productos canadienses si Ottawa alcanza un acuerdo comercial con China. Para Carney, no resulta casual que estas advertencias aparezcan justo antes de las negociaciones para renovar el tratado. En redes sociales, el mandatario estadounidense incluso se refirió al primer ministro canadiense como “gobernador” y reiteró su amenaza arancelaria. Mientras Carney Describió a Trump como un “fuerte negociador” y llamó a leer algunos de sus mensajes dentro de una lógica más amplia. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha fijado una línea similar. Su gobierno, afirmó, trabajará para preservar la integración comercial regional. En los meses clave para la continuidad del T-MEC, anunció su intención de colaborar con Mark Carney. Las diferencias, sostuvo, reflejan miradas distintas frente a lo que ocurre en el comercio internacional. Las
México, en la mira para ser el segundo mercado clave de la automotriz china Jetour
En un entorno automotriz cada vez más complicado por la guerra arancelaria y la amplia competencia interna , Jetour, una de las marcas del gigante Cherry Holding Group, busca convertir a México en su segundo mercado más importante a nivel mundial, solo por detrás de China. Y para hacerlo, la compañía plantea una reestructura operativa que busca capitalizar el interés de los consumidores mexicanos por los vehículos SUV y la tecnología híbrida de última generación. Sorteando la furia arancelaria La compañía opera bajo un esquema de subsidiaria, contando con una red de 33 distribuidores en territorio nacional y que espera llegar a 50 a finales de este año, cuenta Saul Espinosa Aguilar, VP de Jetour Soueast México. “Tenemos una cobertura nacional de aproximadamente el 80%, con presencia en las principales ciudades. Solo nos falta presencia en cuatro estados: Guerrero, Aguascalientes, Baja California Sur y Tamaulipas. Actualmente operan 33 distribuidores; buscamos llegar a 40 para la primera mitad de 2026 y cerrar ese año con 50 agencias funcionando al 100%”, detalla el directivo en entrevista con Expansión. A pesar de la incertidumbre geopolítica y los ajustes en aranceles, Espinosa Aguilar destaca la solidez financiera de la compañía y su capacidad para adaptarse al crecimiento del mercado nacional. “Todas las unidades son producidas en China e importadas. Aunque enfrentamos nuevas cuotas de importación en México, estamos en una etapa temprana de desarrollo que favorece nuestra estructura financiera, contando con el apoyo de Jetour International en costos operativos”, comenta. Logística ante la incertidumbre “Somos la marca más rentable de Grupo Cherry a nivel mundial. Nuestro cliente tiene un perfil más resistente a los ajustes de precio por el tipo de producto que ofrecemos. Podemos desacelerar el ritmo de crecimiento si es necesario, pero la tendencia sigue firme, y el surtimiento de productos y autopartes está garantizado ya que nuestro portafolio está vigente a nivel global”, añade el VP de Jetour. “Nuestro cliente tiene un perfil más resistente a los ajustes de precio por el tipo de producto que ofrecemos. Podemos desacelerar el ritmo de crecimiento si es necesario, pero la tendencia sigue firme, y el surtimiento de productos y autopartes está garantizado ya que nuestro portafolio está vigente a nivel global”, destaca el ejecutivo. Ante un posible riesgo de altos tiempos de espera por refacciones o piezas para los usuarios del país, Espinosa Aguilar dice que cuentan con una alianza con Estafeta para la logística interna y entrega de partes a los distribuidores, lo cual permite que los tiempos de respuesta sean cortos y el servicio técnico sea especializado. Actualmente, la empresa emplea de forma directa a 50 personas, pero su red de distribuidores genera entre 300 y 500 empleos indirectos. Una vez que operen las 50 agencias, los empleos indirectos podrían escalar hasta los 1,500 puestos. ¿Nueva planta armadora en México? Respecto a la posibilidad de instalar una planta productora en México, el directivo reconoce que existe el interés, pero el factor determinante será la estabilidad política. «Al día de hoy, con tanta incertidumbre a nivel global, no se da la certidumbre para una inversión de esa magnitud. Sin embargo, la puerta permanece abierta una vez que el panorama internacional se aclare”. Jetour llegó a México en 2023 bajo una modalidad de importación, modelo que permaneció hasta marzo de 2025, cuando tomaron el control bajo un esquema de subsidiaria, vendiendo y operando directamente como marca. Actualmente tiene una oficina nacional de ventas para controlar la operación con distribuidores. De marzo a noviembre pasados, la empresa llevaba 2,088 unidades vendidas en el país. La apuesta de Jetour va más allá de las fronteras mexicanas, ya que tiene presencia en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. En Brasil entrarán como subsidiaria a mediados de 2026. La firma está en el Top 10 de ventas en Medio Oriente y China. En 2026 entraremos a Europa y para inicios de 2027 a otros mercados africanos. Solo en Estados Unidos y Canadá no tienen presencia en el continente. ]]>
La IA da retornos al retail en México en tiempos récord de 90 días
La integración de la Inteligencia Artificial (IA) dejó de ser una tendencia para convertirse en un motor financiero crítico del sector comercial en México. Lo que antes se consideraba una inversión experimental, hoy es una herramienta de rentabilidad inmediata que redefine no solo la manera en que el consumidor interactúa con las marcas, sino también la rapidez con la que las empresas recuperan su capital invertido. De acuerdo con datos del reporte Evaluación de Tecnología Minorista: Oportunidades para mejorar las experiencias del consumidor, de Soti, la personalización, habilitada por la IA, es un factor clave para las compras en línea. Por ejemplo, a un 85% de los mexicanos le gusta cuando un retailer en línea le sugiere productos o servicios basados en mis compras anteriores, mientras que a un 85% le agrada cuando le avisa que está por quedarse sin un producto o le facilita volver a pedirlo. Es por razones como esta que México apuesta por la integración de la IA en el sector. Ramón Martínez, director de Soti para Latinoamérica, señala que mientras en el panorama global los grandes corporativos destinan aproximadamente un 7% de su presupuesto a investigación y desarrollo, y de ese total al menos el 50% se enfoca específicamente en IA, el mercado mexicano muestra una dinámica particular. ”Los retailers nacionales de gama media están siendo aún más agresivos en nichos específicos, reportando inversiones de entre el 15% y el 20% en tecnología de IA para personalizar la experiencia de consumo en puntos estratégicos de sus establecimientos”, señala. Sin embargo, ese no es el dato más revelador para los tomadores de decisiones, ya que en realidad lo importante es la extraordinaria velocidad del retorno de inversión (ROI). Mientras que una implementación corporativa tradicional suele tardar un año en madurar, en el retail tecnológico este ciclo toma alrededor de tres meses, comenta Martínez. Esta aceleración permite a las empresas mexicanas validar sus estrategias casi en tiempo real. Es decir, se trata de una agilidad financiera que otorga a los comercios una ventaja competitiva, pues al consolidar el ROI en un solo trimestre, las organizaciones pueden decidir rápidamente si escalar una solución exitosa o corregir el rumbo sin comprometer el presupuesto anual. El experto apunta que esta brecha temporal, comparada con el promedio de 12 meses en otras industrias, es lo que permite «redireccionar el camino y decir ‘vamos bien, lo hacemos masivo’ o ‘vamos mal, mejor vamos a incorporar otra cosa’». Un año de IA en el retail La urgencia por implementar estas tecnologías responde también a una demanda directa del consumidor mexicano. Según el informe de Soti, siete de cada 10 consumidores en el país coinciden en que la IA mejorará totalmente su experiencia de compra. Además, existe una creciente exigencia de personalización, pues el 75% de los usuarios desea una experiencia en tiendas físicas adaptada a sus gustos personales, lo que justifica las altas inversiones en analítica predictiva. De hecho, datos del informe anual de Nvidia sobre el estado de la IA en el comercio minorista y los bienes de consumo envasados, resalta que el 90% de las empresas aprovechará el éxito de los proyectos actuales y aumentará sus presupuestos de IA en 2026. “El retorno de la inversión en IA se vuelve cada día más evidente”, agrega Marcio Aguiar, director de la división Enterprise de Nvidia para América Latina, “lo que incentiva nuevas inversiones, pero, más allá de eso, transforma por completo y para bien la lógica del mercado”. A pesar del optimismo financiero, el éxito del retorno de inversión también depende de la confianza del usuario en la seguridad de sus datos. Y es que según las cifras de Soti, el 39% de los encuestados ha sido víctima de fraude y un 51% se preocupa por la privacidad de su información. Por ello, el retorno de inversión no solo se mide en ventas, sino en la capacidad de la tecnología para ofrecer un entorno seguro, ya que una mala experiencia en este ámbito evitaría que el 30% de los clientes vuelva a comprar en un establecimiento. ]]>
Ecuador contra Colombia: la lógica de guerra comercial entra en Latinoamérica
La lógica de guerra comercial impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump entró de lleno en la política exterior latinoamericana la semana pasada. Ecuador y Colombia viven una crisis comercial que se extiende también a la cooperación energética y al transporte de crudo. La guerra comercial comenzó el miércoles cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció desde Davos la imposición de aranceles de 30% a Colombia a partir de febrero por considerar que Bogotá no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común. El Ministerio colombiano de Comercio respondió el jueves que aplicará la misma tarifa a 20 productos aún sin definir y con la posibilidad de extender la medida «a un grupo más amplio, como respuesta a la alteración de las condiciones del comercio bilateral generada por la decisión unilateral» de Noboa. «Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional», añadió. Sin mencionar directamente los aranceles, el Ministerio de Minas y Energía expidió de su lado una resolución para suspender las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) entre ambos países, «como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética» de Colombia. Colombia vende a Ecuador principalmente energía eléctrica, medicamentos, vehículos, productos cosméticos y plásticos y le compra grasas y aceites vegetales, conservas de atún, minerales y metales, de acuerdo con gremios empresariales. Quito y Bogotá han aceptado reunirse para desescalar la crisis, pero no han anunciado la fecha del encuentro. Colombia y Ecuador comparten una línea fronteriza de 600 kilómetros desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía, donde operan guerrillas colombianas y organizaciones binacionales dedicadas al tráfico de drogas, de armas y a la minería ilegal. En orillas políticas opuestas, pero socios comerciales importantes en la región, Noboa y Petro chocan con frecuencia. Luchar contra el tráfico de precursores de fentanilo Ecuador quiere estar «un paso adelante» de las mafias de precursores químicos para la producción de fentanilo, en medio de una ofensiva para doblegar al narco. El país aliado de Washington teme ser impactado por este potente opioide producido en gran parte en México, con precursores químicos procedentes de China. En Ecuador «queremos dar un paso adelante a cualquier situación o a cualquier deseo mal intencionado» de «las redes internacionales que se dedican al traslado de precursores químicos por nuestro país”, dijo el viceministro de Seguridad Pública, Jorge Rivadeneira a la AFP. Las alarmas están encendidas. El fin de semana la policía ecuatoriana incautó en la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, 10,000 frascos de ketamina, un poderoso anestésico usado en la producción de drogas sintéticas. El cargamento iba escondido en bloques usados para la construcción. Su origen era Perú y el destino Colombia. Los hallazgos de precursores químicos usados para drogas sintéticas todavía son incipientes en Ecuador, apuntó el viceministro, un coronel en servicio pasivo. Por esa razón «lo que queremos es blindar a nuestro país de este tipo de avance de bandas internacionales», agregó y pidió la «colaboración de los países vecinos”. La semana pasada el presidente Daniel Noboa reclamó en X «la falta de reciprocidad» y «acciones firmes» por parte de Colombia para enfrentar a narcotraficantes que operan en ambos lados de la frontera. De acuerdo con el exdirector de la policía colombiana Jorge Luis Vargas, los mercados criminales de Oriente pretenden «aprovechar cualquier debilidad, especialmente en América» para llevar los precursores hasta laboratorios ubicados «en México y en otros países de Centroamérica”. Por Ecuador circula un 70% de la droga que sale de sus vecinos Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo. Esto ha desatado en los últimos años una sangrienta guerra entre grupos criminales que deja una tasa récord de homicidios en el país. Pese a las políticas de mano dura de Noboa, la violencia narco crece en Ecuador y deja un récord de 52 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2025, de acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Ecuador paralizado Las consecuencias de la guerra comercial que emprendió contra Colombia puede ser muy altas para Ecuador. Ecuador ha sufrido intensas sequías que llevaron en 2024 a prolongados cortes de electricidad, en un país donde el 70% de la energía eléctrica depende de la generación hídrica. Colombia ha abastecido en distintas ocasiones a Ecuador, con 17 millones de habitantes y un déficit energético de 1,000 MW. «Espero que el Ecuador haya agradecido, el que cuando se nos necesitó, acudimos solidarios con la energía», había anticipado el presidente Gustavo Petro el miércoles, en referencia a la peor sequía que atravesó su vecino en 60 años. Ambos países pierden con este escenario, pero las consecuencias afectarían más a Ecuador que a Colombia. El tema energético «puede paralizar al país. (…) Colombia puede perder muchos millones de dólares con las exportaciones que no se hagan a Ecuador, pero al final del día, el costo va a ser para esos sectores productivos. En cambio, la electricidad es algo transversal», dijo Alberto Acosta Burneo, analista económico del Grupo Spurrier, a la AFP. Tarifas al crudo Ecuador aumentó de tres a 30 dólares la tarifa del transporte de petróleo de Colombia por su oleoducto, en medio de una guerra arancelaria. «Hicimos un cambio en el valor de la tarifa» aplicada a la estatal colombiana Ecopetrol por el uso del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), de propiedad de Ecuador, dijo la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, y agregó que «en vez de tres dólares son 30» por barril. El SOTE transportó casi 10.300 barriles por día (bd) de petróleo colombiano, de empresas privadas y Ecopetrol, en noviembre pasado, de acuerdo con el portal electrónico Primicias. El jueves pasado, Manzano anunció que su país impondría nuevas tarifas al transporte de crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en «reciprocidad» a la decisión de Bogotá de suspender la venta de electricidad. Sin embargo, este lunes, la ministra precisó que el transporte
Entre amparos y control; el gobierno libera los precios y dos días después retoma el tope al gas LP
La semana pasada, en solo dos días, la Comisión Nacional de Energía (CNE) liberó y topó el precio de venta al público de gas LP, que desde julio de 2021 tenía un precio máximo impuesto por el gobierno como una manera de contener el precio del energético y tener mejor impacto en los bolsillo de los hogares mexicanos. El cumplimiento de una serie de amparos otorgados a permisionarios del sector obligó al regulador a liberar los precios para las actividades de comercialización y expendio al público de gas licuado de petróleo en las modalidades de bodegas de expendio, estaciones de servicio con fin específico y estaciones de servicio multimodal, en una medida publicada el pasado marte 20 de enero y que entraría en vigor al siguiente día. Sin embargo, a primera hora del miércoles 21 de enero, el mismo regulador publicó una nueva metodología tarifaria para topar nuevamente los precios como una medida de contención para proteger a la población de la volatilidad de precios, puntualmente para establecer y determinar los precios máximos de venta del gas en la realización de las actividades de comercialización, distribución y expendio al público. Esto quiere decir que para todas esas personas que compran gas LP, en tanques o cilindros para sus hogares, comercios o negocios, el precio máximo al que podrán adquirir el energético seguirá siendo determinado por el gobierno y no por las empresas y que será definido de manera semanal y publicado cada sábado. Liberación de un día El acuerdo publicado el martes pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) contemplaba la liberación de precios como parte de un cumplimiento a la orden judicial tras múltiples amparos promovidos por empresas permisionarias del sector del gas LP, y las medidas tuvieron que aplicarse con efectos generales para todos a fin de no propiciar una distorsión en el mercado. “Diversas personas permisionarias del sector de gas licuado de petróleo promovieron diversos juicios de amparo en los cuales se dictaron diversas sentencias ejecutorias en las que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a los promoventes, para el efecto de que se dejara insubsistente el acuerdo A/023/2022, únicamente respecto de las actividades de comercialización y expendio al público de gas licuado de petróleo, en modalidad de: a) bodegas de expendio, b) estaciones de servicio con fin específico y c) estaciones de servicio multimodal”, señala la publicación del DOF. De manera real, la liberación del precio solo aplicó el miércoles para las actividades de expendio y comercialización, pero ya de manera efectiva no se observó un cambio en los precios, porque no hubo un tiempo para hacer los ajustes en el mercado cuando ya se tenía la nueva metodología, explicó Beatriz Marcelino, CEO de Grupo Ciita. De vuelta al tope El segundo acuerdo publicado en el miércoles, establece que la nueva metodología de determinación de precios máximos de gas LP para venta al usuario final es aplicable a los permisionarios que realizan las actividades de distribución mediante planta de distribución; distribución por medio de auto-tanque; distribución mediante vehículos de reparto; comercialización; expendio al público en sus modalidades de: estaciones de servicio con fin específico y estaciones de servicio multimodal. La Comisión justificó la medida bajo la necesidad de implementar la política de precios máximos en las 220 regiones del país, a fin de evitar distorsiones en los márgenes de comercialización y asegurar condiciones equitativas de acceso al combustible y proteger la economía de las familias mexicanas. “La presente medida se emite en cumplimiento de la obligación del estado de garantizar el bienestar colectivo, promoviendo el acceso asequible a un energético de consumo básico y contribuyendo a que los hogares puedan destinar el ahorro generado al consumo de otros bienes esenciales de la canasta básica”, apunta la CNE. Con la nueva metodología aplicada se contempla una nueva tarifa en la que se modificó una variable que es el margen de comercialización por un margen de operación, en que se asegura que se reconocen los costos y gastos de los permisionarios para poder suministrar al usuario final y una utilidad asociada a la operación. Los precios máximos de venta al público deben seguirse actualizándose cada semana, y en caso de que no lo hagan, los permisionarios serán sancionados. Con el cambio de las variables de comercialización a operación, se considera que se reconocerán todos los gastos operativos, sin embargo, los precios publicados el sábado pasado reflejaron márgenes similares con los que veía operando el sector en los últimos meses, comentó Marcelino. En promedio, para la zona centro del país, se tiene un margen de 2.80 pesos por litro; pero para otras regiones el margen se reduce porque los costos de llevar la molécula son mayores, como para en las zonas del sur del país y la península de Baja California, donde está en menos de 2 pesos por litro. En agosto del año pasado, la Secretaría de Energía, la CNE y representantes de sector gaselepero, anunciaron que se llegó a un acuerdo con en el que se garantizaría, a través de la tarifa, un margen comercial de 6.50 pesos por kilo y de 3.51 por litro; el cual no se está cumpliendo para todas las regiones del país, donde para algunas la brecha es más grande que en otras. ¿Por qué toparon el precio del gas LP? En 2021, el gobierno determinó que se establecería un control de precios en todas las actividades, desde comercialización, distribución, estaciones de servicio con fines específicos y reparto al público final, aunque la extinta Ley de Hidrocarburos no lo permitía, comentó Susana Cazorla, socia fundadora de SICEnergy. La única excepción era en caso de no existir competencia efectiva en la actividad de distribución, no en los lugares de expendio ni la comercialización, y esa medida no respetada según lo establecido por la ley, fue lo que originó la ola de amparos contra la medida. La medida surgió en julio del 2021, la CRE estableció una directriz de emergencia para topar los precios del gas LP
Entre amparos y control; el gobierno libera los precios y dos días después retoma el tope al gas LP
La semana pasada, en solo dos días, la Comisión Nacional de Energía (CNE) liberó y topó el precio de venta al público de gas LP, que desde julio de 2021 tenía un precio máximo impuesto por el gobierno como una manera de contener el precio del energético y tener mejor impacto en los bolsillo de los hogares mexicanos. El cumplimiento de una serie de amparos otorgados a permisionarios del sector obligó al regulador a liberar los precios para las actividades de comercialización y expendio al público de gas licuado de petróleo en las modalidades de bodegas de expendio, estaciones de servicio con fin específico y estaciones de servicio multimodal, en una medida publicada el pasado marte 20 de enero y que entraría en vigor al siguiente día. Sin embargo, a primera hora del miércoles 21 de enero, el mismo regulador publicó una nueva metodología tarifaria para topar nuevamente los precios como una medida de contención para proteger a la población de la volatilidad de precios, puntualmente para establecer y determinar los precios máximos de venta del gas en la realización de las actividades de comercialización, distribución y expendio al público. Esto quiere decir que para todas esas personas que compran gas LP, en tanques o cilindros para sus hogares, comercios o negocios, el precio máximo al que podrán adquirir el energético seguirá siendo determinado por el gobierno y no por las empresas y que será definido de manera semanal y publicado cada sábado. Liberación de un día El acuerdo publicado el martes pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) contemplaba la liberación de precios como parte de un cumplimiento a la orden judicial tras múltiples amparos promovidos por empresas permisionarias del sector del gas LP, y las medidas tuvieron que aplicarse con efectos generales para todos a fin de no propiciar una distorsión en el mercado. “Diversas personas permisionarias del sector de gas licuado de petróleo promovieron diversos juicios de amparo en los cuales se dictaron diversas sentencias ejecutorias en las que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a los promoventes, para el efecto de que se dejara insubsistente el acuerdo A/023/2022, únicamente respecto de las actividades de comercialización y expendio al público de gas licuado de petróleo, en modalidad de: a) bodegas de expendio, b) estaciones de servicio con fin específico y c) estaciones de servicio multimodal”, señala la publicación del DOF. De manera real, la liberación del precio solo aplicó el miércoles para las actividades de expendio y comercialización, pero ya de manera efectiva no se observó un cambio en los precios, porque no hubo un tiempo para hacer los ajustes en el mercado cuando ya se tenía la nueva metodología, explicó Beatriz Marcelino, CEO de Grupo Ciita. De vuelta al tope El segundo acuerdo publicado en el miércoles, establece que la nueva metodología de determinación de precios máximos de gas LP para venta al usuario final es aplicable a los permisionarios que realizan las actividades de distribución mediante planta de distribución; distribución por medio de auto-tanque; distribución mediante vehículos de reparto; comercialización; expendio al público en sus modalidades de: estaciones de servicio con fin específico y estaciones de servicio multimodal. La Comisión justificó la medida bajo la necesidad de implementar la política de precios máximos en las 220 regiones del país, a fin de evitar distorsiones en los márgenes de comercialización y asegurar condiciones equitativas de acceso al combustible y proteger la economía de las familias mexicanas. “La presente medida se emite en cumplimiento de la obligación del estado de garantizar el bienestar colectivo, promoviendo el acceso asequible a un energético de consumo básico y contribuyendo a que los hogares puedan destinar el ahorro generado al consumo de otros bienes esenciales de la canasta básica”, apunta la CNE. Con la nueva metodología aplicada se contempla una nueva tarifa en la que se modificó una variable que es el margen de comercialización por un margen de operación, en que se asegura que se reconocen los costos y gastos de los permisionarios para poder suministrar al usuario final y una utilidad asociada a la operación. Los precios máximos de venta al público deben seguirse actualizándose cada semana, y en caso de que no lo hagan, los permisionarios serán sancionados. Con el cambio de las variables de comercialización a operación, se considera que se reconocerán todos los gastos operativos, sin embargo, los precios publicados el sábado pasado reflejaron márgenes similares con los que veía operando el sector en los últimos meses, comentó Marcelino. En promedio, para la zona centro del país, se tiene un margen de 2.80 pesos por litro; pero para otras regiones el margen se reduce porque los costos de llevar la molécula son mayores, como para en las zonas del sur del país y la península de Baja California, donde está en menos de 2 pesos por litro. En agosto del año pasado, la Secretaría de Energía, la CNE y representantes de sector gaselepero, anunciaron que se llegó a un acuerdo con en el que se garantizaría, a través de la tarifa, un margen comercial de 6.50 pesos por kilo y de 3.51 por litro; el cual no se está cumpliendo para todas las regiones del país, donde para algunas la brecha es más grande que en otras. ¿Por qué toparon el precio del gas LP? En 2021, el gobierno determinó que se establecería un control de precios en todas las actividades, desde comercialización, distribución, estaciones de servicio con fines específicos y reparto al público final, aunque la extinta Ley de Hidrocarburos no lo permitía, comentó Susana Cazorla, socia fundadora de SICEnergy. La única excepción era en caso de no existir competencia efectiva en la actividad de distribución, no en los lugares de expendio ni la comercialización, y esa medida no respetada según lo establecido por la ley, fue lo que originó la ola de amparos contra la medida. La medida surgió en julio del 2021, la CRE estableció una directriz de emergencia para topar los precios del gas LP