App de Banamex presenta fallas este 1 de septiembre; usuarios reciben alerta por otra sesión activa
“Algo salió mal. Solo puedes tener una sesión activa. Intenta más tarde” es la alerta que algunos usuarios encuentran al intentar ingresar a la aplicación de Banamex este 1 de septiembre. Los clientes también reportan problemas para realizar transferencias y otras operaciones bancarias desde la plataforma. Las quejas aparecen horas después del pago de salarios y depósitos de la segunda quincena de agosto. Las fallas en la app de Banamex empezaron desde la medianoche Usuarios reclaman en redes por las fallas Banamex pide contactar a banca electrónica o acudir a sucursal Estas son las zonas donde más usuarios reportan problemas De acuerdo con la plataforma especializada DownDetector, los reportes comenzaron aumentar a partir de las 12:00 a.m. Según los datos del sitio, los principales problemas reportados por los usuarios son: – 66% están relacionados con la aplicación móvil – 12% corresponden a problemas con la banca móvil – 12% están vinculados con el inicio de sesión Las dificultades de acceso también provocaron comentarios de clientes en X, donde algunos cuestionaron que el banco no haya informado de manera general sobre los problemas. Entre los mensajes publicados aparecen quejas como: “Por qué, no sacan un comunicado y avisan a sus clientes que no funciona la app”, mientras otro usuario señaló que pudo entrar más temprano, pero posteriormente recibió la alerta de que solo podía tener una sesión activa. Otros clientes relacionaron directamente los problemas con el periodo de quincena y reclamaron nuevamente por las dificultades para utilizar la aplicación de Banamex. Ante los comentarios de clientes, Banamex ha respondido en redes sociales y canalizado a algunos usuarios al contacto de banca electrónica para atender los inconvenientes. El banco también ha indicado a clientes qué pueden hacer para recuperar su contraseña cuando enfrentan problemas de acceso y, en algunos casos, les ha recomendado acudir a una sucursal para recibir atención. Hasta el momento, sin embargo, Banamex no ha confirmado una falla en su sistema. Por ello, los reportes de usuarios y los registros de DownDetector muestran los problemas que se están presentando, pero no permiten afirmar que exista una caída generalizada de los servicios del banco. Los reportes no se concentran en un solo punto del país. Down Detector señala actividad en distintas entidades y ciudades, entre ellas Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Monterrey, Mérida, Ciudad Juárez y Chihuahua. La situación ocurre después del periodo de pago de salarios y depósitos de quincena, por lo que los problemas de acceso pueden complicar a clientes que necesitan consultar su saldo, realizar transferencias o efectuar otras operaciones bancarias. ]]>
Disciplina financiera sí, pero también inversión
Diez años después de su entrada en vigor, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF) puede presumir, en buena medida, haber cumplido su objetivo de contener el crecimiento de la deuda subnacional. Dicho esto, ahora la pregunta que para nosotros hay que responder es; si el principal desafío de las finanzas públicas locales en 2016 sigue siendo el mismo para 2026. A lo largo de la década de los 90 del siglo pasado, la federación llevó a cabo la descentralización hacía los estados y municipios de ciertos capítulos de gasto (educación, salud e infraestructura, principalmente). En consecuencia, crecieron las obligaciones presupuestales de los subnacionales, pero no así la capacidad recaudatoria de muchos de ellos. Esto generó, con el paso de los años, desbalances en el gasto que afectaron sus condiciones financieras. Varios subnacionales acumularon una gran cantidad de deuda que, junto con la crisis financiera de Coahuila en 2011, dejaron claro la falta de transparencia y la poca disciplina fiscal. Frente a esto, la reforma constitucional de 2016 trajo consigo: la creación del Sistema de Alertas y el Registro Público Único, el establecimiento de techos de financiamiento vinculantes y el fortalecimiento de los procesos de contratación mediante licitación pública, así como se priorizó el uso de la deuda para inversión pública productiva. En otras palabras, el gobierno federal creó un sistema de monitoreo periódico con el deseo de que los gobiernos contrataran y gestionaran su deuda responsablemente y de forma transparente. De tal manera que este monitoreo, en términos generales, establece restricciones o permite mayor flexibilidad para la contratación de deuda. Antes de 2016, los crecimientos porcentuales anuales de la deuda pública de los estados y municipios llegaron a ser de hasta doble dígito. En términos de crecimientos anuales de la deuda, la tasa media anual de crecimiento nominal de 2012 a 2016 fue de 6.9%, mientras que para el periodo de 2016 a 2025 fue de 2.6%. Lo anterior apoya el efecto positivo de la implementación de la LDF sobre la contratación de deuda pública. Otra situación que hay que resaltar, en torno a la contratación de deuda pública, fue la dinámica que se observó en 2020, 2021 y 2022, periodo marcado por la pandemia y, en consecuencia, por las presiones de liquidez que enfrentaron las entidades federativas. En 2020, el endeudamiento subnacional ascendió a 637,300 millones de pesos , lo que fue 8.2% mayor a lo observado en 2019. Este crecimiento anual fue el máximo observado desde la promulgación de la Ley. Posteriormente, los crecimientos anuales en 2021 y 2022 fueron de 4.6% y 2.6%, respectivamente. Nuevamente, este desempeño no se podría entender sin considerar el monitoreo implementado con la LDF. Actualmente, parece ser que el problema que pretendía resolver la Ley ha quedado resuelto; pues las 32 entidades federativas cuentan hoy en día con una etiqueta sostenible (color verde del semáforo). No obstante, revisando la información histórica de las distintas entidades federativas que HR Ratings califica, podemos detectar lo siguiente: en la mayoría de los casos, las mejoras en los indicadores del Sistema de Alertas se debieron más a una reducción de la deuda que al crecimiento de los ingresos (en particular de los ingresos locales, más no así de los ingresos federales). Tres administraciones federales han vivido los efectos de la Ley desde su promulgación y los estados presentan, en términos generales, menores niveles de deuda respecto a sus Ingresos de Libre Disposición (ILD). Si bien, puede interpretarse que la reducción de la deuda es una buena señal acerca de la salud fiscal de los subnacionales, en nuestra opinión, este enfoque deja fuera asuntos como: 1) pasivos pensionarios , 2) déficits operativos estructurales (entre el 80% y 85% del gasto estatal y municipal se destina a nómina y compromisos recurrentes) y 3) infraestructura subfinanciada . En este sentido, contradictoriamente, el mejor desempeño de las finanzas públicas subnacionales se ha reflejado en una reducción en la inversión pública y pudiéramos decir que, como consecuencia, también en un modesto desempeño económico. En un entorno caracterizado por un menor crecimiento económico, menor inversión privada y crecientes necesidades de infraestructura, mantener bajos niveles de endeudamiento no necesariamente trae los mayores beneficios . Creemos que construir carreteras, hospitales, parques industriales, infraestructura hídrica y eléctrica, o construir medios de transporte masivo, entre otros, son proyectos que justificarían la contratación de financiamiento a largo plazo. De tal manera que, desde nuestra óptica, haría falta incorporar una visión más integral en torno al monitoreo sobre la salud fiscal de los subnacionales. El sistema de monitoreo fiscal de México ha sido exitoso para promover la disciplina financiera y contener la deuda; pero una vez que se han logrado avances importantes en la transparencia y la responsabilidad fiscal, hoy pareciera ser insuficiente para promover la sostenibilidad fiscal y desarrollo económico de los subnacionales en el largo plazo. Tal vez se necesita ampliar el espectro de indicadores, promover las capacidades recaudatorias y crear mecanismos de atracción de inversión (pública y privada). La disciplina financiera no debería confundirse con la ausencia en inversión. Si bien, opinamos que la LDF no es la causa que más pesa en la caída de la inversión pública, sí formaría parte del conjunto de incentivos que favorecen la prudencia financiera sobre el uso del endeudamiento para proyectos de infraestructura de largo plazo. Por otra parte, la consolidación fiscal del gobierno federal y, en consecuencia, la reducción en su espacio presupuestario para la inversión pública debería impulsar a los gobiernos subnacionales para tener un papel más relevante en el financiamiento de infraestructura regional. El verdadero reto consistiría en encontrar el punto donde la prudencia financiera deje de ser un freno para convertirse en un catalizador del desarrollo económico. Después de una década de vida, se puede decir que la LDF ha cumplido en buena parte con su misión original. La siguiente discusión, ya no debería centrarse en cuánto pueden endeudarse las entidades subnacionales, si no en cómo usar razonablemente ese margen financiero con el que gozan actualmente
El Tetris entre la escuela y el trabajo
Agosto se me hace eterno por todo lo que implica el regreso a clases. Que si los uniformes, los zapatos, los libros, los materiales. Que si hay forma de cuadrar los nuevos horarios de entrada y salida, las rondas y las actividades de la tarde. En mi caso, este ejercicio se multiplica por tres porque tengo hijos e hija de edades muy distintas. Es como jugar un “Tetris familiar” que requiere una buena dosis de carga mental para estirar el tiempo y el ingreso entre todos los pendientes. A primera vista, este asunto parecería ser completamente privado. Sin embargo, el regreso a clases tiene implicaciones para las empresas, porque buena parte de su personal tiene responsabilidades familiares. Alrededor de la mitad de los trabajadores son padres y siete de cada 10 trabajadoras son madres, según cálculos con datos del Inegi. Esto sugiere que la mayoría de las personas colaboradoras están como yo y mi marido: preocupados por el gasto adicional y por encontrar los arreglos necesarios que nos permitan seguir generando. El inicio del ciclo escolar implica reacomodar una red de cuidados que permite que millones de madres y padres puedan trabajar. En esta red se incluyen a las escuelas, como señaló de forma burlona hace unos meses el secretario Mario Delgado , puesto que son parte de la infraestructura social que libera tiempo para las personas cuidadoras. El problema es que existe un desfase entre los horarios que ofrecen las escuelas y centros de atención infantil y lo que necesitan madres y padres que trabajan en empleos con jornadas generalmente rígidas. En los casos más extremos, una persona decide abandonar su empleo o buscar otra opción para atender las necesidades de su familia. En un país como México donde las mujeres dedican más del doble de horas que los hombres al trabajo de cuidado generalmente son ellas quienes absorben estos ajustes. No siempre el desenlace es tan drástico. Muchas veces se conserva el trabajo y simplemente se sobrevive a unas semanas particularmente complicadas mientras se acomodan los nuevos horarios y necesidades. Esto puede reducir el rendimiento laboral, aunque sea por un tiempo. Además, el regreso a clases trae consigo una presión financiera considerable. Uniformes, útiles, colegiaturas, transporte y actividades representan gastos adicionales que también pueden convertirse en una fuente de estrés para las personas trabajadoras. Ante este panorama, ¿qué pueden hacer las empresas? ¡ Muchas cosas y no necesariamente con un alto presupuesto! Las acciones pueden ir desde informar mejor hasta ofrecer ciertas consideraciones y, sobre todo, escuchar a su personal. Por ejemplo, una opción es aprovechar la coyuntura para recordar a las personas colaboradoras los beneficios que ya tienen disponibles y que podrían aliviar algunas de estas presiones. Otra, es tener consideraciones a la hora de evaluar el desempeño durante esta época. Asimismo, es un buen momento para abrir canales de comunicación con las personas colaboradoras para detectar ajustes que la organización podría realizar en el corto o mediano plazo y reducir fricciones innecesarias. Las empresas no están para resolver los desafíos familiares de su personal. Sin embargo, si quieren ofrecer condiciones de trabajo más humanas y empáticas, pueden empezar por reconocer que detrás de una buena parte de las y los trabajadores existe una historia de cuidados. En ese sentido, el regreso a clases ofrece una oportunidad para que las empresas revisen qué tan compatibles son sus condiciones laborales con la vida de las personas. Esto no es solo un gesto de empatía, sino también una forma de tener personas más enfocadas, comprometidas y capaces de permanecer en sus empleos. _______________________________________________ Nota del editor: Fátima Masse es Economista especializada en temas sociales. Síguela en Twitter como @Fatima_Masse . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión ]]>
Altán, el T-MEC y la preponderancia que nadie ha resuelto: una agenda pendiente para México
Altán Redes (La Red Compartida) nació de un diagnóstico correcto y un diseño incompleto. La reforma de telecomunicaciones de 2013-2014 identificó, con razón, que México no iba a resolver la falta de competencia en el sector solo con reglas de conducta contra el operador dominante: hacía falta un jugador nuevo. La solución fue crear un cuarto operador, mayorista puro. Hasta ahí, la apuesta era razonable (al menos en papel). Sin embargo, México decidió agregar un elemento más al mecanismo ya de por si complejo: llevar cobertura a las zonas del país donde ningún operador comercial había querido invertir, cargando a Altán, desde su título de concesión, con una misión de cobertura social…que en cualquier otro país se financia aparte. Y ahí está el defecto de origen. En Estados Unidos y la Unión Europea, la cobertura en zonas no rentables se sostiene con fondos dedicados y permanentes, ambos financiados con aportaciones de la industria o del erario, disponibles para cualquier operador que cumpla los requisitos. En 2013, México simplemente no contempló ese mecanismo: le entregó a Altán una obligación de cobertura nacional y en zonas no rentables sin ese respaldo, y esperó que la sostuviera con los ingresos de un mercado —el de los operadores móviles virtuales— que todavía no alcanzaba la escala necesaria para financiar infraestructura de esas dimensiones. Por qué el rescate, con todo y sus fallas, tiene una justificación real Las redes de telecomunicaciones no son un lujo de mercado: son la infraestructura de la que dependen, en gran medida, el acceso a la información/libertad de expresión, la salud y la educación. Y Altán no es solo una empresa en problemas: es, hasta ahora, la única infraestructura de telecomunicaciones que opera en zonas marginadas y la única plataforma mayorista del país diseñada específicamente para eliminar barreras de entrada a nuevos competidores —de ella dependen los operadores móviles virtuales que hoy sí ya compiten enserio con los operadores tradicionales establecidos (Telcel y AT&T)—. Si Altán desaparece, se esfuma con ella la única vía estructural que México construyó para intentar diversificar un mercado que sigue dominado por un solo jugador, y garantizar derechos constitucionales a la población menos favorecida del país. Con ese telón de fondo, la intervención financiera del Estado no fue, en sentido estricto, un regalo: en 2020-2022 entró como deuda a la par de recursos aportados por los propios accionistas privados de la compañía. En 2024-2025 el gobierno federal, a través de la CFE, decidió adquirir capital y deuda de Altán a una fracción de su costo original, con la finalidad de dejar la cobertura social bajo el control permanente del Estado. No es un modelo insólito, en Italia, Open Fiber —el operador mayorista que despliega fibra en las zonas rurales que el mercado no cubre— reparte su propiedad entre el Estado y un fondo de infraestructura privado en una lógica muy parecida a la mexicana: 60% para Cassa Depositi e Prestiti, controlada por el Ministerio de Economía italiano, y 40% para el fondo australiano Macquarie —una estructura casi espejo a la de Altán, con 49% de la CFE y 51% de Morgan Stanley. Es un rescate imperfecto, quizás incluso poco transparente en su ejecución, pero responde a un problema real de política pública que deriva del diseño original de 2013 —no es, como se ha querido presentar, un capricho de política industrial sin fundamento. Eso sí, hay algo de la vieja caricatura de los dos ratones de laboratorio en la historia de las reestructuras de Altán Redes: no la ambición del plan, sino la fe con la que México ha repetido el mismo intento sin corregir entre una operación y la siguiente el defecto que provocó que el anterior no alcanzara. Cerebro nunca se pregunta, antes de lanzar el plan de esta noche, por qué el de anoche fracasó —y no se diga Pinky—; Pareciera que México tampoco se ha preguntado, con el mismo cuidado con el que diseñó cada rescate, por qué el anterior no fue suficiente. Urge, entonces, un mecanismo de fondeo estatal hacia Altán que cumpla con los principios de transparencia, no discriminación y neutralidad competitiva —eso es justo lo que permite el Artículo 18.19 del T-MEC—. De lo contrario, distintos actores de la industria seguirán teniendo motivos para alegar —como ya ocurrió en el Senado— un trato preferencial del Gobierno hacia la compañía, con una consecuencia previsible: el congelamiento de cualquier nueva transferencia de recursos, por temor a violar el tratado. Eso volvería a poner a Altán en el mismo aprieto del que ya se le ha rescatado dos veces, y convertiría en pérdida los esfuerzos y recursos invertidos hasta ahora en sostenerla. No hace falta una tercera reestructura: hace falta la pieza que ha faltado desde 2013, un fondo de cobertura universal para México, diseñado con las mismas reglas de transparencia y neutralidad que ya operan en Estados Unidos y la Unión Europea. El costo del espectro, en la mesa de la revisión del T-MEC, no resiste el análisis estructural La propuesta de un fondo de cobertura universal para México exige preguntarse de dónde saldrían los recursos —y ahí se cruza, de cara a la revisión conjunta del T-MEC de 2026, el argumento de que México debe bajar de forma general el costo anual del espectro, hoy entre los más altos de América Latina según la GSMA y la OCDE. El diagnóstico no es nuevo: la OCDE lo señala desde al menos 2017. El problema no es el diagnóstico, sino la solución, por dos razones. Primera: a diferencia de Altán, ni Telcel ni AT&T cargan con una obligación de cobertura social comparable —sus compromisos de despliegue, cuando existen, están acotados a bandas y licitaciones específicas, no a un mandato nacional—. En otros países, esa diferencia se resuelve con aportaciones obligatorias a un fondo de servicio universal; en México, a falta de ese fondo, el pago elevado del espectro es, en la práctica, lo más parecido que existe a esa contribución, aunque nadie lo haya diseñado así. Bajarlo sin crear, a
Nuevos impuestos: cómo deben responder las empresas
Hoy inicia uno de los periodos del año que más atención exige de las empresas: la discusión sobre los ingresos necesarios para financiar el presupuesto de 2027. Y con ello, el riesgo de que México aplique nuevos impuestos o derechos con la justificación de mejorar la salud, modificar hábitos de consumo, proteger derechos o redistribuir recursos. Para las industrias afectadas, se viene la lucha narrativa para definir quién pagar un impuesto, definir si es justo, a quién beneficia y qué intereses están detrás de quienes lo apoyan o rechazan. Es una disputa de reputación y comunicación porque una empresa puede tener argumentos económicos sólidos y, aun así, perder el debate. En este escenario, las industrias pueden considerar seis pasos: 1. Anticiparse: la comunicación comienza antes de que exista el impuesto . Si se espera a que una iniciativa llegue al Congreso, parte de la batalla puede estar perdida. La industria necesita un monitoreo permanente que identifique quién promueve la medida, qué causa pública la sustenta y cómo comienza a ser nombrada. El nombre importa porque contiene una interpretación. Expresiones como “impuesto saludable”, “impuesto verde” o “moche digital” predisponen a la audiencia. Una vez instalado el encuadre, revertirlo es mucho más difícil. 2. No discutir solamente el impuesto: discutir su justicia. Una empresa que responde exclusivamente con cifras corre el riesgo de hablar un idioma que no impacte a la opinión pública. Puede explicar porcentajes, costos y márgenes, mientras los promotores del gravamen hablan de salud, cultura o justicia. La respuesta debe comenzar por reconocer la legitimidad del objetivo público y trasladar la discusión hacia otra pregunta: ¿el instrumento propuesto es la manera más justa y eficaz de alcanzarlo? Así, la empresa puede concentrar el debate en quién termina pagando y cuáles son las consecuencias para consumidores, inversión, empleo o competitividad. El argumento debe ser simplemente si no existe una mejor manera de conseguir el objetivo deseado. 3. Presentar una alternativa, no solamente una objeción. Las empresas ganan credibilidad cuando acompañan su rechazo con una solución. Puede tratarse de una implementación gradual, una salvaguarda para determinados consumidores, un mecanismo alternativo de recaudación o una política pública distinta para atender el problema. La contrapropuesta modifica la posición reputacional de la industria al presentarla dispuesta a contribuir a resolver un problema público. 4. Construir coaliciones y utilizar evidencia independiente. Las cámaras y asociaciones empresariales permiten demostrar que los efectos trascienden a una sola compañía y reducen la percepción de interés particular. Pero los argumentos necesitan validadores independientes: universidades, especialistas, centros de investigación y expertos sin vínculos financieros con las compañías. El origen de los datos importa tanto como los datos mismos. Hay que tener presente que la evidencia pierde capacidad de persuasión cuando la audiencia considera que alguien financió el resultado. 5. Cuidar quién habla y desde qué reputación. La discusión fiscal también pone bajo escrutinio al mensajero. Una empresa que argumenta que un impuesto es injusto debe asumir que su propio comportamiento tributario será escudriñado. Conviene considerar que la coherencia entre lo que una empresa exige al gobierno y lo que ella misma hace es parte de la credibilidad de su mensaje. También debe existir disciplina de vocería. Empresa, asociación empresarial y especialistas deben evitar contradicciones que debiliten el argumento. 6. Prepararse para perder la batalla sin abandonar la conversación. No todos los impuestos pueden detenerse. Si la medida avanza, la prioridad debe ser explicar con claridad sus consecuencias, evitar que el consumidor atribuya exclusivamente a la empresa un incremento de precios y mantener abierta la interlocución para eventuales modificaciones. Y si el impuesto se frena, tampoco termina el trabajo. Las propuestas fiscales reaparecen. Una iniciativa derrotada puede regresar años después bajo circunstancias distintas. El riesgo fiscal se ha convertido en una condición permanente del entorno. Prepararse para un nuevo impuesto ya no corresponde únicamente a las áreas fiscal, jurídica o financiera. También es responsabilidad de asuntos públicos y comunicación. Cuando una propuesta finalmente llega al Congreso, la discusión sobre cuánto se cobrará apenas comienza. La batalla por definir qué significa el impuesto, quién terminará pagándolo y si existe una alternativa mejor puede haberse decidido mucho antes. _______________________ Nota del editor: Antonio Ocaranza Fernández es CEO de OCA Reputación. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión ]]>
México aumenta 20.2% sus exportaciones a Canadá en plena tensión con EU
La pelea comercial entre Estados Unidos y Canadá empieza a mover las compras canadienses. México, aunque todavía ocupa un lugar muy inferior al de su vecino en ese mercado, avanza con mayor rapidez. Entre enero y junio de 2026, las exportaciones mexicanas a Canadá sumaron 12,258 millones de dólares, 20.2% más que los 10,200 millones registrados en igual periodo de 2025, según datos del Banco de México. Estados Unidos mantuvo una ventaja amplia, pero casi no creció. Sus ventas a Canadá pasaron de 172,617 a 175,826 millones de dólares, un incremento de 1.9%, de acuerdo con información de la Oficina del Censo. Estados Unidos todavía exporta a Canadá más de 14 veces lo que México, pero la diferencia está en el ritmo. Los envíos mexicanos crecieron a una tasa más de 10 veces superior a la estadounidense. Ese movimiento ocurre después de más de un año de fricciones entre Washington y Ottawa, ya que la relación se tensó desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, pero el trato hacia los dos socios del T-MEC no produjo la misma respuesta. México apostó por negociar y evitó una represalia inmediata, mientras que Canadá eligió otro camino. En marzo de 2025 impuso aranceles de 25% sobre mercancías estadounidenses. La lista alcanzó acero, aluminio, herramientas, computadoras, servidores y monitores, entre otros productos, y dejó fuera a los bienes de origen mexicano. Canadá ajusta sus compras Los primeros cambios aparecieron en 2025, pues las importaciones canadienses de bienes estadounidenses disminuyeron 3%, una pérdida de 14,600 millones de dólares canadienses. Las compras a México siguieron la dirección contraria: aumentaron 19.6% en un año. El informe State of Trade 2026 , de la Oficina del Economista en Jefe de Global Affairs Canada, identifica los productos que impulsaron ese avance: vehículos de carga, automóviles de pasajeros y unidades de procesamiento de datos. En el retroceso de las compras a Estados Unidos influyeron varios factores. El reporte menciona los aranceles de Washington, las represalias adoptadas por Ottawa y los problemas de la industria automotriz. Al mismo tiempo, las importaciones canadienses de bienes y servicios procedentes de otros países aumentaron 11.2%. Mark Carney heredó esa disputa y después la llevó a otra etapa. En julio de 2026, la administración Trump anunció aranceles de 50% sobre productos canadienses. Washington acusó a Ottawa de discriminar a sus vehículos, bebidas alcohólicas y lácteos. El intento de alcanzar un acuerdo terminó el 21 de agosto, cuando Carney suspendió las negociaciones después de que Estados Unidos modificó sus condiciones a última hora. A juicio del primer ministro, los nuevos términos eran injustos, carecían de sentido económico y ponían en duda la confiabilidad de cualquier pacto. “Estados Unidos cambió”, dijo Carney al anunciar la ruptura. También sostuvo que Canadá no volvería a la relación que mantuvo durante décadas con su principal socio y prometió responder dólar por dólar. La siguiente represalia entrará en vigor el 8 de septiembre. Canadá aplicará tasas de 15%, 25% y 50% sobre productos estadounidenses por 27,600 millones de dólares canadienses. Entre los bienes afectados aparecen acero, aluminio, lácteos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, papel, electrónicos, muebles y ropa. Los automóviles de EU continuarán sujetos a las medidas que ya estaban vigentes. Ahí se abre una oportunidad para México, ya que para un comprador canadiense, algunos proveedores mexicanos pueden resultar más competitivos frente a productos de Estados Unidos encarecidos por los aranceles. Una relación que crece El avance de México no nació del todo con la tensión entre Trump y Canadá. El comercio con Canadá ya recorría una trayectoria ascendente, interrumpida solo por el golpe de la pandemia. México exportó 14,080 millones de dólares a Canadá en 2018 y 14,316 millones en 2019. En 2020, los envíos se contrajeron 22.2% y bajaron a 11,139 millones, el menor monto del periodo analizado. La recuperación tomó fuerza a partir de 2021. Las ventas alcanzaron 13,060 millones de dólares ese año y subieron a 15,586 millones en 2022. En 2023 rebasaron los 18,000 millones; en 2024 llegaron a 18,906 millones y en 2025 marcaron un máximo de 22,168.8 millones , 17.3% más que un año antes. De 2018 a 2025, las exportaciones mexicanas a Canadá aumentaron 57.5%, con una tasa media anual cercana a 6.7%. El resultado de la primera mitad de 2026 confirma el impulso. Buena parte de la aceleración reciente proviene del capítulo de vehículos , tractores y sus partes. Sus exportaciones alcanzaron 6,982.8 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, 41.9% más que un año antes. El aumento fue de 2,060 millones de dólares, ligeramente superior al crecimiento de todas las exportaciones mexicanas a Canadá, que aportaron 2,058 millones. La aparente contradicción tiene una explicación sencilla: el avance de los vehículos y sus partes compensó las pérdidas de otros capítulos. Este grupo de productos ya aporta 57% de las ventas mexicanas a Canadá; un año antes representaba 48.3%. Su peso también creció con el tiempo: pasó de 6,120 millones de dólares en 2018 a 11,327 millones en 2025, un aumento acumulado de 85%. Otros productos acompañaron el avance, aunque con montos menores, por ejemplo, la exportaciones de máquinas, aparatos y material eléctrico subieron 16.3%, a 1,034 millones de dólares. Las piedras y metales preciosos crecieron 37.9%, a 434 millones; los muebles, 13.6%, a 312 millones, y los plásticos y sus manufacturas, 44.5%, a 109 millones. No todos los capítulos mejoraron. Las ventas de maquinaria mecánica, calderas y aparatos bajaron 31.9% y restaron 546 millones de dólares. Los productos farmacéuticos cayeron 53.9%; los instrumentos ópticos y médicos, 70.4%, y las frutas, 13.2%. El auge de los vehículos en Canadá tampoco libra a la industria mexicana de los aranceles de Trump. Estados Unidos aplica una tasa de 25% a los automóviles importados. Cuando una unidad cumple las reglas del T-MEC, el gravamen recae únicamente sobre el valor de su contenido no estadounidense. Las cifras ya reflejan presión, porque entre enero y julio de 2026, el valor de las exportaciones automotrices de México a Estados Unidos cayó 1.8%. En ese mismo
Tope a gasolina regular y diésel se extiende por otros seis meses
Los pactos establecidos por el gobierno federal y el sector gasolinero para mantener un precio máximo de venta al público de la gasolina regular y el diésel se extiende por seis meses más , justo en medio de las tensiones geopolíticas que elevan el precio del petróleo. Para la gasolina regular, a la que se le estableció un tope máximo de 24 pesos por litro desde febrero del 2025 , se mantiene la medida a fin de contener el aumento a los combustibles que deriva de la crisis internacional que volatiliza los energéticos. En ese momento, las autoridades y los empresarios gasolineros firmaron un primer acuerdo por un periodo seis meses , el cual se ha ido renovando con la misma vigencia hasta el presentado el día de hoy, todo con la finalidad de que sea cada vez un mayor número de estaciones de servicio las que venden la gasolina por no más de 24 pesos por litro. Mientras que la estrategia del diésel , para el que se estableció un pacto voluntario a finales de abril , el precio máximo sugerido es de 27 pesos por litro y en las zonas fronterizas se contempla que no cueste más de 25.39 pesos . Este acuerdo, a diferencia del de la gasolina regular, fue un pacto de palabra con el sector, de manera que no se hizo la firma oficial de un documento. “En medio de un entorno internacional complicado, marcado por una alta volatilidad y por incrementos súbitos en los precios del petróleo y sus derivados, este acuerdo ha contribuido a contener presiones inflacionarias y a preservar un entorno de estabilidad económica, además de brindar certidumbre al pueblo de México, tanto a los usuarios finales como a los sectores productivos del país”, expresaron en un comunicado conjunto la Secretaría de Energía y Hacienda. Dentro de las medidas que se han implementado por parte del gobierno federal para ayudar a los gasolineros con el cumplimiento del pacto están la reducción de comisiones con pagos por tarjeta, vales y medios electrónicos, reducción de plazos y simplificación de trámites para la obtención de permisos . También está la aplicación de estímulos fiscales sobre el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) , los cuales se ajustan cada viernes a través de las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación (DOF), según el precio internacional de los combustibles y la necesidad de subsidios que las autoridades consideren necesarios. Incluso se han realizado apoyos por parte de Pemex , quien ha vendido combustibles al mayoreo con precios competitivos , transporte de última milla y optimización de las cadenas logísticas de suministro en territorio nacional. Por último, el gobierno ha reforzado la seguridad pública en las estaciones de servicios y carreteras , a fin de combatir el mercado ilícito de hidrocarburos mediante acciones de trazabilidad y operativos conjuntos. ]]>
Acero mexicano se suma al contenido nacional que deben tener obras públicas
El acero mexicano ha logrado incorporarse al contenido nacional que deben tener las grandes obras públicas que se realicen por parte del gobierno. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió un acuerdo en el que se reforman las reglas de contenido nacional en las contrataciones públicas para la incorporación de materiales de acero mexicano que se debe usar en la construcción. En un comunicado, la dependencia señala que la reforma es un “importante avance” en la implementación del Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana que se firmó el pasado 29 de abril. La intención es básicamente una herramienta para fortalecer la producción y las cadenas productivas asociadas del país. Antes del acuerdo , la determinación del contenido nacional en obras públicas consideraba materiales distintos a los utilizados directamente en la construcción , así como maquinaria y equipo de instalación permanente. Con las nuevas reglas, también podrá contabilizarse el valor del acero nacional incorporado a la infraestructura, ampliando las posibilidades para que el gasto público impulse a la industria siderúrgica mexicana. El porcentaje de acero nacional se establecerá para cada proyecto considerando la disponibilidad de producción en México, la calidad requerida, los plazos de entrega y las características específicas de la obra. Todo a fin de promover una mayor participación de la industria nacional, pero sin comprometer las mejores condiciones de contratación para el estado, la viabilidad técnica y económica de los proyectos ,ni los tiempos de ejecución de la infraestructura. También se debe verificar el contenido nacional, para ello, las empresas adjudicadas deberán presentar documentación que acredite el cumplimiento de los porcentajes establecidos, donde las dependencias y las entidades verificarán que los materiales correspondan a los requisitos en el procedimiento de contratación. ]]>
Estos Samsung cuestan menos de 10,000 pesos y tendrán actualizaciones hasta 2032
Comprar un celular por menos de 10,000 pesos no necesariamente significa elegir un equipo que quedará desactualizado en pocos años, Samsung tiene actualmente dos modelos de su familia Galaxy A que combinan un precio por debajo de ese límite con una política de soporte que puede llevar sus actualizaciones de seguridad hasta 2032. Se trata de los Galaxy A37 5G y Galaxy A57 5G, dos de los modelos más recientes de la serie Galaxy A. ¿Es una buena compra el Galaxy A37 5G? Las características de Galaxy A57 5G Samsung señala que ambos cuentan con hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo Android y One UI , además de hasta seis años de actualizaciones de seguridad. El Galaxy A37 5G es el modelo más accesible de los dos. Samsung lo diseñó con una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas y batería de 5,000 mAh, además de conectividad 5G. Uno de sus principales atractivos es precisamente la duración del soporte, ya que la página de Samsung México establece que las actualizaciones de seguridad del A37 5G están contempladas hasta el 31 de marzo de 2032. El teléfono también cuenta con certificación IP68, que ofrece protección contra polvo y agua, y una cámara principal de 50 megapixeles con estabilización óptica de imagen. En Samsung México el equipo se comercializa en versiones de almacenamiento de 128 y 256 GB. En la página oficial de la empresa surcoreana, el precio de este dispositivo va desde los 7,999 pesos. Sin embargo, el precio puede variar dependiendo de la tienda y las promociones vigentes, ya que durante los últimos meses ha aparecido en promociones por debajo de los 10,000 pesos. El Galaxy A57 5G es el modelo superior de esta generación, también tiene una batería de 5,000 mAh y ofrece una pantalla Super AMOLED, conectividad 5G y resistencia al agua y polvo con certificación IP68. En materia de software mantiene la misma política de soporte, hasta seis actualizaciones del sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad. Samsung México establece como fecha de vigencia de las actualizaciones de seguridad el 31 de marzo de 2032. Y aquí aparece uno de los datos que vuelve atractivo al teléfono para quien busca un equipo de largo plazo. ¿Qué significa que tengan actualizaciones hasta 2032? No son los únicos Samsung con actualizaciones Durante agosto, Samsung México lo ofrece en 9,499 pesos , de acuerdo con su promoción de regreso a clases, por debajo del límite de 10,000 pesos. La promesa de soporte no significa que el teléfono vaya a recibir exactamente las mismas funciones durante seis años. Samsung distingue entre las actualizaciones del sistema operativo y las de seguridad. En estos modelos ofrece hasta seis generaciones de actualizaciones de Android y One UI, mientras que las actualizaciones de seguridad se mantienen durante hasta seis años. Las actualizaciones de seguridad son importantes porque corrigen vulnerabilidades que pueden poner en riesgo información almacenada en el teléfono o las aplicaciones que utilizas. Esto adquiere mayor relevancia conforme pasan los años, si un teléfono deja de recibir parches de seguridad puede seguir funcionando, pero queda progresivamente más expuesto a amenazas y puede perder compatibilidad con algunas aplicaciones y servicios. Por eso, al comparar celulares, el precio y las características de hardware no son los únicos elementos que conviene revisar. La duración del soporte también puede determinar cuánto tiempo resulta razonable conservar un equipo. La serie Galaxy A lanzada en 2025 también recibió hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad. Sin embargo, si el objetivo es encontrar un modelo que actualmente pueda comprarse por menos de 10,000 pesos y que tenga soporte de seguridad expresamente contemplado hasta 2032, los Galaxy A37 5G y A57 5G son los que destacan. La diferencia entre ambos está principalmente en sus características y en el precio. El A37 5G apuesta por ofrecer buena parte de las características de la gama media de Samsung a un costo menor, mientras que el A57 5G se coloca un escalón arriba en rendimiento, cámara y diseño. Así, un celular comprado en 2026 puede mantener soporte de seguridad hasta 2032, algo que hace unos años era mucho menos común en equipos de gama media. ]]>
Volkswagen y sindicato llegan a preacuerdo de última hora: buscan evitar huelga
Volkswagen de México y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (SITIAVW) llegaron a un convenio preliminar con el que se evita el estallido de una huelga con la promesa de un aumento salarial, garantía de utilidades y nuevas medidas laborales. Este preacuerdo entre ambas partes llega después de semanas de negociaciones ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), lo que reduce considerablemente el estallido de una huelga, principalmente en las instalaciones de la automotriz alemana en Puebla, Puebla . Promesa de aumento salarial evita estallido de huelga La promesa de aumento salarial fue crucial para evitar el estallido de una huelga en la planta armadora de Puebla. El preacuerdo contempla un aumento directo del 4.3% directo al salario tabulado por cuota diaria. Este aumento tendría efecto retroactivo al 18 de agosto, que además contempla un bono único de 16,300 pesos brutos que la automotriz deberá pagar vía nómina durante la primera semana de octubre. Otro punto importante es el de la cláusula de garantía de utilidades, donde se establece una base de 32 días de salario tabulado para el pago que recibirá el personal durante la última semana de mayo próximo. En caso de que la empresa no genere utilidades, o cuando el cálculo individual de cada trabajador resulte inferior al equivalente de esos 32 días de salario, la empresa estará obligada a cubrir la diferencia. Dentro de los acuerdos, también destaca la retabulación para los técnicos facilitadores de nivel R. Adicionalmente, tanto los trabajadores como la empresa elevarán sus aportaciones al fondo de ahorro, pasando de 10 a 10.8% semanal. Otros puntos contemplados en el convenio preliminar consideran el aumento de vales de despensa, ayuda para útiles escolares, permutas para matrimonio o defunción y fomento deportivo. Preacuerdo contempla medidas por el bienestar de trabajadores Además, el acuerdo provisional también contempla una cláusula enfocada en la prevención de riesgos relacionado con la llamada “Ley Silla” para aquellos trabajadores que permanecen de pie durante más de tres horas seguidas. VW deberá colocar sillas con respaldo ergonómico en las áreas que determine la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene a partir de evaluaciones técnicas. Como parte de este compromiso, los trabajadores que presenten molestias físicas relacionadas con su trabajo deberán ser canalizados para recibir la atención médica pertinente. ¿Cuándo se votará para aprobar el acurdo? Los empleados de Volkswagen de México someterán el convenio a votación el próximo 11 de septiembre mediante voto personal. Con este proceso, terminará el proceso de revisión contractual, siempre y cuando la mayoría de los empleados vote a favor de dicho acuerdo. Después que se certifiquen los resultados de la votación, el acuerdo mantendrá la vigencia indeterminada del contrato colectivo. Con la aprobación, quedará completamente descartada la huelga que por un momento parecía estallaría en la automotriz. De acuerdo con SITAIVW, la próxima revisión salarial está programada para antes del 18 de febrero de 2027 y la siguiente revisión contractual se llevará a cabo en agosto de 2028. ]]>