Más leal y ecléctico: así se compara el segundo gabinete de Trump con el primero
Donald Trump advirtió que su regreso a la Casa Blanca, que ocurrirá en apenas unos días, significaría un sismo para Estados Unidos. Y los miembros que ha elegido para su gabinete son muestra de ello. A diferencia de su primer mandato , en el que tomó casi dos meses conocer al gabinete con el que gobernaría por primera vez, Trump anunció antes del final de noviembre a la mayoría de las personas que lo acompañarán en su gobierno. “Lealtad, lealtad, lealtad” El presidente ha favorecido la lealtad sobre cualquier otra cualidad en la selección de su gabinete, pues busca evitar lo que pasó hace ocho años, cuando terminó de manera amarga con varios de sus elegidos. «El mayor error que cometí fue elegir a gente (…) que no debería haber elegido», personas «desleales o malas», dijo Trump en octubre al podcaster Joe Rogan. Entre las personas a las que apuntaba su comentario está su exvicepresidente Mike Pence, que el 6 de enero de 2021 se negó a bloquear la certificación de la victoria de Joe Biden por parte del Congreso, en contra de las órdenes del entonces presidente Trump. Esta vez, el presidente electo espera haber elegido a un vicepresidente que le siga hasta el final: J.D. Vance. Desde su victoria, el 5 de noviembre, «lealtad, lealtad, lealtad» ha sido la consigna de Trump a la hora de componer su gobierno, explicó a la AFP Julian Zelizer, profesor de la Universidad de Princeton. En particular, el presidente electo nombró a Kash Patel, exfuncionario de alto nivel del Pentágono durante su primer mandato, para dirigir la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). En 2023, Patel aseguró que si asumiera cargo del FBI, las agencias policiales «perseguirían» a los periodistas, así como a ciertos funcionarios de la administración Biden. Variedad ideológica Donald Trump se rodeó su primer mandato de políticos conservadores con experiencia en sus carteras. Aunque ha mantenido esta base, Trump también ha hecho una combinación que incluye a varios multimillonarios con exestrellas de televisión y algunos nombramientos bastante polémicos. “En su primer gobierno se rodeó de pensadores más conservadores y los resultados mostraron que, en general, remamos en la misma dirección. Este es más ecléctico”, dijo Marc Shot, jefe del despacho del vicepresidente Mike Pence (2017-2021), a la agencia AP. Al igual que en su primer gobierno, Trump eligió a una mayoría personas blancas en su gabinete y a muy pocas mujeres para puestos clave. Esta amalgama de multimillonarios y fieles da como resultado un gobierno con perfiles a veces muy diferentes y una ideología un tanto heterogénea, sobre todo en lo que respecta al derecho al aborto y al calentamiento global. Zelizer pone el ejemplo de la elección de Lori Chávez-DeRemer como secretaria de Trabajo: esta exlegisladora republicana tiene fama de ser cercana a los sindicatos, en contraste con las posiciones de muchos de los jefes del nuevo gobierno de Trump. Para el profesor, sin embargo, «la mayoría de ellos siguen formando parte de la coalición ideológica» de la que Trump «dependía para ser elegido», y el nuevo gobierno debería mantener una línea uniforme. Nombramientos polémicos En este segundo gabinete, Donald Trump no ha eludido la polémica, pues varias de sus propuestas para encabezar puestos clave en su gabinete han sido cuestionadas por su pasado, o por su falta de experiencia en la cartera. El ejemplo más claro era el de el excongresista republicano Matt Gaetz, quien retiró su candidatura para encabezar el Departamento de Justicia tras las acusaciones de mantener relaciones sexuales con una menor de edad. Pete Hegseth, exmilitar y presentador de Fox News, fue elegido para ser secretario de Defensa, pero ha sido acusado de agresión sexual y abuso de alcohol. Robert F. Kennedy Jr., sobrino del presidente asesinado JFK, fue propuesto como ministro de Salud, a pesar de su falta de formación científica y su postura antivacunas. Setenta y siete premios Nobel escribieron una carta abierta oponiéndose al nombramiento. La Constitución estadounidense establece que el presidente «nombrará» y el Senado dará su «consentimiento y designará» a ciertos altos cargos del país, como los miembros del gabinete y embajadores. Cada uno de los nominados debe recibir el apoyo de una mayoría simple de senadores. Antes de ello, deben comparecer en persona ante los comités pertinentes —como el Comité Judicial en el caso del fiscal general— y responder preguntas sobre sus objetivos en el puesto o su trayectoria. El Partido Republicano cuenta con una mayoría apretada en el Senado, de apenas 53 de los 100 escaños. ]]>
Fiscal especial de EU defiende la causa penal contra Donald Trump
El fiscal especial de Estados Unidos Jack Smith llegó a la conclusión de que Donald Trump participó en un «esfuerzo criminal sin precedentes» para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2020, pero su intento de llevar el caso a juicio se vio frustrado por la victoria electoral del presidente electo en noviembre, según un informe publicado este martes. El informe detalla la decisión de Smith de presentar cuatro cargos contra Trump acusándole de conspirar para obstruir la recogida y certificación de votos tras su derrota en 2020 ante el presidente demócrata, Joe Biden. El documento concluye que las pruebas habrían sido suficientes para condenar a Trump en un juicio , pero su inminente regreso a la presidencia, fijado para el 20 de enero, lo hacía imposible. Smith, que se ha enfrentado a las implacables críticas de Trump, también defendió su investigación y a los fiscales que trabajaron en ella. «La afirmación del señor Trump de que mis decisiones como fiscal fueron influenciadas o dirigidas por la Administración Biden u otros actores políticos es, en una palabra, risible», escribió Smith en una carta en la que detallaba su informe. Tras la publicación, Trump, en una publicación de su red Truth Social, calificó a Smith de «zoquete que no pudo llevar su caso a juicio antes de las elecciones». Los abogados de Trump, en una carta al fiscal general, Merrick Garland, hecha pública por el Departamento de Justicia, calificaron el informe de «ataque motivado políticamente» y dijeron que publicarlo antes del regreso de Trump a la Casa Blanca perjudicaría la transición presidencial. Gran parte de las pruebas citadas en el informe ya se habían hecho públicas anteriormente. No obstante, incluye algunos detalles nuevos, como que los fiscales consideraron acusar a Trump de incitar el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos en virtud de una ley estadounidense conocida como Ley de Insurrección. Los fiscales concluyeron finalmente que tal acusación planteaba riesgos legales y que no había pruebas suficientes de que Trump pretendiera el «pleno alcance» de la violencia durante el motín, un intento fallido de una turba de sus partidarios para impedir que el Congreso certificara las elecciones de 2020. La acusación señalaba a Trump de conspirar para obstruir la certificación de las elecciones, defraudar a Estados Unidos impidiendo unos resultados electorales precisos y privar a los votantes estadounidenses de sus derechos de voto. La oficina de Smith determinó que los cargos podrían haber estado justificados contra algunos cómplices acusados de ayudar a Trump a llevar a cabo el plan, pero el informe dice que los fiscales no llegaron a ninguna conclusión. Varios de los antiguos abogados de Trump habían sido identificados previamente como coconspiradores, a los que se hacía referencia en la acusación. Una segunda sección del informe detalla el caso de Smith acusando a Trump de retener ilegalmente documentos sensibles de seguridad nacional después de dejar la Casa Blanca en 2021. El Departamento de Justicia se ha comprometido a no hacer pública esa parte mientras continúen los procesos judiciales contra dos asociados de Trump imputados en el caso. Smith, que dejó el Departamento de Justicia la semana pasada, abandonó ambos casos contra Trump después de que ganara las elecciones del año pasado, citando una política de larga data del Departamento de Justicia contra el enjuiciamiento de un presidente en el cargo. Ninguno de los dos llegó a juicio. ]]>
Plan México; palomean inversión realista, pero falta darle certeza
Un cambio en la meta de inversiones del Plan México anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo dejó como realista y alcanzable . Sin embargo, especialistas advierten que la estrategia sigue dejando una pregunta clave sin responder: ¿cómo garantizar certeza jurídica a los inversionistas? En un primer documento que circuló antes de la presentación oficial del plan, se propuso un objetivo de 100,000 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) para 2030, una meta que muchos consideraron inalcanzable. En su lugar, se optó por priorizar un aumento sostenido en la proporción de inversión respecto al PIB: superar el 25% a partir de 2026 y alcanzar el 28% para 2030. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que la presidenta revisó minuciosamente las cifras y ajustó gran parte de las metas. “Nos ha hecho preguntas sobre detalles que a veces ni nosotros habíamos considerado”, reconoció. De la confianza al crecimiento El objetivo de lograr que la inversión represente más de 25% del PIB para 2026 es visto como un mensaje de confianza en medio de un panorama marcado por la Reforma Judicial y la desaparición de organismos autónomos, señala Adriana García, coordinadora de análisis económico en México, ¿cómo vamos? . Según datos del Inegi, en el tercer trimestre de 2024, la inversión alcanzó el 24.3% del PIB, a precios corrientes, una cifra cercana al objetivo de 2026. En el cuarto trimestre de 2011, la inversión llegó a un pico del 26%, lo que indica que alcanzar el 28% para 2030 será ambicioso, pero no imposible. Para García, fijar metas basadas en la inversión como porcentaje del PIB es más realista que apuntar a cifras exorbitantes de IED. “Esta meta refleja un enfoque en fortalecer la infraestructura, implementar tecnología y transformar la economía, en lugar de depender exclusivamente de montos elevados de inversión extranjera”, explica. Acciones como el Plan México o acciones que estén concentradas en política industrial y en atender variables que son importantes para que el país atraiga inversión, independientemente de la entrada de Donald Trump en Estados Unidos. Ana Gutiérrez, coordinadora de comercio exterior y mercado laboral del IMCO, comenta que si bien Estados Unidos es el principal inversionista en México, con más de 40% de la IED, también hay inversiones muy significativas de España, de países de la Unión Europea, de Japón entre otros. “Entonces sí es importante mantener el ojo sobre la relación de México con sus socios comerciales y en particular con los del T-MEC, pero también no perder de vista el elemento de la infraestructura y de la estructura económica a nivel nacional, donde se puede hacer mucho para volvernos más atractivos para las inversiones extranjeras, pero también domésticas”. ¿Y la certeza jurídica? Aunque el Plan México ofrece una dirección clara, las especialistas advierten que no aborda cómo garantizar la certeza jurídica que necesitan los inversionistas privados, quienes aportan la mayor parte de la inversión total. Esto no solo implica respetar los contratos, sino también asegurar condiciones clave como seguridad pública, acceso a energía e insumos indispensables para las operaciones. La participación del sector privado será crucial para alcanzar las metas planteadas, ya que los recursos públicos son limitados y deben destinarse a prioridades como salud, educación y seguridad. Las inversiones estratégicas contempladas en el Plan México presentan altos riesgos, pero también un potencial de rentabilidad que solo puede materializarse con la confianza y colaboración del sector privado. Ambas especialistas coinciden en que la certidumbre jurídica para las inversiones es importante y no necesariamente se va a poder resolver con los ejes del Plan México. Eso también tiene que ver con las señales que envía el gobierno mexicano y de cómo se van dando las cosas en los cambios al Poder Judicial y la eliminación de los organismos autónomos. Dentro de los puntos positivos que destaca la experta del IMCO está el impulso del contenido regional no solo a sectores, también de las exportaciones, porque ese es un tema estancado durante varias décadas en México. “Creo que esos elementos podrían verse como positivos. Pero sin duda depende de cómo se llevan a cabo las acciones y de qué tanto se dan inversiones en infraestructura y en los sectores estratégicos, que sean productivas”, señala Gutiérrez. ]]>
AWS inaugura su región de datos en México y dará créditos a Pymes
Si con algo han inaugurado los sexenios de la cuarta transformación, ha sido informando avances e inversiones en torno a Cloud. En febrero de 2024, AWS anunció una inversión de 5,000 millones de dólares en el país, que contemplaba la construcción de una región de datos localizada en Querétaro y que a poco menos de un año de este anuncio han dicho que ya está operativa. De acuerdo con Paula Bellezia , presidenta de AWS en América Latina, a diferencia de otros proyectos que se han anunciado en el país, se trata de una región que contempla tres centros de datos y que se ejecutó en menos de un año, pues las empresas ya podrán migrar su información. “Todos los clientes que quieran elegir a México ya lo pueden hacer. Arrancamos con una parte súper importante de todos los servicios que AWS ofrece, que son más de 240 servicios”, precisó Bellezia. Para incentivar que empresas pequeñas y medianas transiten sus operaciones a la nube, la empresa anunció que tendrá créditos de hasta 2,500 dólares para aquellas compañías que tengan menos de 250 empleados y que no facturen más allá de 70 millones de dólares al año. “Vemos mucho interés en el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial generativa y en general de digitalizar muchos procesos, por ello es que estamos incentivando a las empresas más pequeñas, con el fin de que prueben y vean los beneficios de este tipo de infraestructura en el país”, apuntó la ejecutiva. La empresa de nube busca traer su programa paralelo de AWS in Community, que en este caso representa una nueva inversión de 300,000 dólares para impartir capacitaciones en habilidades digitales y así empujar el crecimiento de empresas, proyectos e iniciativas gubernamentales en temas digitales. “En todas las comunidades donde están nuestras infraestructuras siempre miramos a las comunidades para ver cómo avanzar en habilidades, educación y crecimiento económico”, indicó Bellezia. Aunque la empresa no precisó cuántos créditos dará en total en el país, se tratará de un programa al que podrán acceder distintas firmas mexicanas. Además de AWS, Microsoft y Google Cloud han anunciado centros de datos en el país. En el caso de la empresa liderada por Satya Nadella, el 24 de febrero de 2021 dio a conocer que haría una inversión en México que contemplaría un programa de educación, uno más de infraestructura y el apoyo al país en temas ambientales. Su región se estrenó dos años y dos meses después, el 2 de mayo de 2023. En el caso de la empresa de Google, el anuncio se dio a conocer en julio de 2022 y dos años y cinco meses después indicó que estaba listo su data center para operar. Nearshoring de software se mantiene en México Dentro de los cambios que más han preocupado al sector privado en el país es la imposición de aranceles por parte de Donald Trump, una vez que se vuelva presidente de Estados Unidos por segunda ocasión, sin embargo los planes de cloud en el país siguen y de acuerdo con Bellezia, se trata de decisiones que han llevado tiempo gestionar y que son de largo plazo. “Tenemos equipos locales, talentos locales y ahora una infraestructura local. Entonces, nuestro compromiso es trabajar muy de cerca con todos los gobiernos, buscando que la inversión que estamos haciendo en México se traduzca en desarrollo”, precisó la ejecutiva. Datos de Statista señalan que los ingresos de nube pública alcanzarán los 10,140 millones de dólares en 2025 en México, y se espera que la infraestructura como servicio domine este mercado, con un volumen proyectado de 2,797 millones de dólares en 2025. Además, se anticipa que los ingresos en el país exhibirán una tasa de crecimiento anual del 16.97%, lo que generará un volumen de mercado de 18,980 millones de dólares para 2029. ]]>
Los obstáculos del plan de deportaciones de Trump
Este martes, Gonzalo Soto y Patricia Tapia comentan los obstáculos que tendrá el gobierno de Donald Trump para implementar el plan de deportación masiva que el presidente electo de Estados Unidos ha prometido desde su campaña. Además explican estos temas importantes: – Con Plan México se buscan concretar 277,000 millones de dólares de inversiones – La industria automotriz se prepara para el regreso de Donald Trump a Estados Unidos – Inseguridad en Sinaloa golpea a los sectores de la construcción e inmobiliario – Guerra de precios entre automotrices frena la rentabilidad de los distribuidores ]]>
Soberanía y seguridad energética
En 2014, la reforma energética en nuestro país impulsó profundos cambios en la operación de la industria petrolera, del gas y de la electricidad. A grandes rasgos, uno de los objetivos era mejorar las capacidades (operativas y financieras) de Pemex para poder competir de mejor forma en el mercado internacional y, al mismo tiempo, buscaba diversificar las fuentes de generación eléctrica y crear un mercado mayorista para reducir el precio de la electricidad. Todo con la intención de incrementar la oferta energética en pro del crecimiento económico del país. La estrategia buscó implementar nuevas normas de gobierno corporativo para promover una gestión eficiente en Pemex y CFE. Asimismo, se buscó aumentar la producción de gas y petróleo (y con ello las reservas nacionales) e intentó transformar la matriz energética incorporando proyectos de generación de electricidad renovables. También consolidó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía como órganos reguladores, y propuso cambios en las contribuciones fiscales de Pemex que llevó al establecimiento del Derecho de Utilidad Compartida. Indudablemente, el sector privado representaba una pieza importante para el logro de estos fines. Si bien algunos objetivos de la reforma se alcanzaron, en mi opinión tenemos que reconocer que, 10 años después de su entrada en vigor, nuestra industria energética sigue transformándose. De hecho, la estrategia del presidente López Obrador, para afrontar los desafíos que no se lograron resolver, cambió. Entre estos desafíos estaban el manejo del nivel de endeudamiento y la procuración de finanzas sanas tanto para Pemex, como para CFE. En este sentido, la administración federal inyectó capital a Pemex, hizo grandes inversiones, propuso modificar la Ley de Hidrocarburos y le dio exenciones fiscales. Mientras que, para apoyar a la CFE se presentó una reforma que priorizaba el despacho de energía de la empresa estatal. Durante la administración federal anterior, la política energética privilegió más la “autosuficiencia” y menos la apertura al mercado. Muestra de esto fueron las cancelaciones de las rondas petroleras y de las subastas de energía eléctrica, lo que llevo a que Pemex y CFE fueran recuperando su posición preponderante dentro del sector energético nacional. Sin embargo, esta estrategia abrió otros frentes, ya que Estados Unidos y Canadá iniciaron un proceso de arbitraje argumentando que esto obstaculizaba la competencia y no cumplía con los compromisos del T-MEC. Bajo esas circunstancias, empezamos a escuchar y a hablar cada vez más del concepto de soberanía y seguridad energética. Conceptos que ciertamente, en mi opinión, resultan ser muy diferentes. El primero sin duda tiene un carácter más conceptual, arraigado en el imaginario colectivo y que poco tiene que ver con lo que ocurre en el mercado. La idea de que los hidrocarburos (y en general los recursos naturales) son propiedad de México aparecía incluso en la reforma de 2014, pero tomó un nuevo impulso en el gobierno del presidente López Obrador. El segundo implica la capacidad de mantener una oferta de energéticos (confiable, barata y suficiente) que satisfaga los requerimientos sociales y de toda actividad económica en el corto y mediano plazo. Lograr esta seguridad energética, a mi juicio, es y seguirá siendo un gran pendiente para nuestro país. Y es que la seguridad energética plantea un sin número de temas en los que hay que reflexionar. Entre ellos podemos mencionar: 1) la ampliación de nuestra red de transmisión y, paralelamente, el mantenimiento de la red de distribución eléctrica, 2) la importación más barata de gas natural desde los Estados Unidos para el uso de la industria, 3) el rezago en términos de almacenamiento de hidrocarburos, 4) la participación de los proyectos renovables en nuestra matriz energética, 5) el creciente mercado de la electromovilidad y apertura a la generación distribuida, entre otros. Ahora bien, este ejercicio de reflexión nos lleva a tratar de responder preguntas como: ¿Cuáles serían los proyectos prioritarios? ¿Podemos mantener nuestra oferta de energéticos con recursos internos o estamos dispuestos a voltear al exterior? ¿Hay cabida para la inversión privada en los proyectos de energía? ¿Cuál sería el mejor modelo de inversión? ¿El gobierno federal deberá seguir apoyando a Pemex y CFE? ¿Cuál sería el origen de los recursos, en términos presupuestarios, para atender estas necesidades? ¿Soberanía o seguridad energética? El Plan Nacional de Energía que presentó el nuevo gobierno de México, hace unas semanas, se compromete a fortalecer nuestra capacidad de generar y satisfacer la demanda interna de energía y, al mismo tiempo, da continuidad al concepto de soberanía energética. Asimismo, busca no incrementar los precios y tarifas energéticas (en términos reales). Pero lo que para mí son buenas noticias es que se abren las puertas a la participación privada (dentro del marco de las nuevas reformas constitucionales) y se pretende impulsar la oferta vía energías limpias. No obstante, pese a este aparente cambio en la política energética, la aprobación de las recientes reformas constitucionales no resolverá, según algunos participantes del mercado, algunos problemas históricos. Por ejemplo, la decisión de absorber a ciertos organismos autónomos dentro de la administración pública federal (particularmente en la Secretaría de Energía) aún genera opiniones divididas. A mi juicio, podríamos esperar buenos resultados siempre y cuando este proceso fortalezca el marco regulatorio de la industria; no obstante, hoy en día sigue la incertidumbre. Otro par de asuntos, que generan discusión y podemos mencionar, son: el apoyo a Pemex y la inversión en el almacenamiento de hidrocarburos. En el caso de la petrolera, aunque los últimos cambios fiscales que simplifican y consolidan los derechos que paga, así como las exenciones que se le otorgan, son de cierta ayuda; creo que se necesita un régimen fiscal que pueda despertar interés y hacer viables muchos proyectos. Sobre el tema del almacenamiento de hidrocarburos podemos decir lo siguiente. Bajo condiciones de escasez de combustibles, Perú cuenta con 60 días de reservas y Estados Unidos de 3 meses, pero nosotros (según los expertos) tendríamos sólo para 5 días. La inversión en almacenamiento, además de abonar a nuestra seguridad energética, podría generar beneficios sobre los precios, ya que podría ofrecer soluciones a
2025: geopolítica electoral
Este 2025 promete ser trascendental en el escenario político mundial, marcando un momento de transición crucial para diversas naciones en diferentes continentes. Mientras algunos países ya tienen programadas elecciones generales y presidenciales, otros podrían sumarse inesperadamente al calendario electoral debido a crisis políticas o colapsos gubernamentales. Francia, por ejemplo, podría enfrentar elecciones presidenciales si las divisiones actuales en su gobierno persisten, y Corea del Sur podría realizar comicios anticipados dependiendo del fallo final sobre la destitución de su presidente. Estas elecciones no solo reflejarán las dinámicas internas de los países, sino que también podrían generar impactos significativos en el panorama político global, luego de que en 2024, 80 países celebraron elecciones en medio de un marcado rechazo al statu quo y bajo la furia del regreso trumpista. La continuidad o ruptura de ese sentimiento podría determinar el futuro de varias democracias, desde aquellas que buscan consolidarse hasta las que enfrentan una erosión democrática. En Europa, el escenario político está marcado por la crisis política en Alemania y Francia, el dúo francoalemán que destapa el cajón de las inseguridades geopolíticas y económicas del máximo ente supranacional, cuya política exterior se verá desafiada por el regreso de Trump a la Casa Blanca y el futuro de Ucrania, Medio Oriente y la presión por la política de desvinculación de China. Líderes centristas, liberales y representantes de partidos tradicionales están perdiendo posiciones y se ven doblegados por la ola de derechización del continente. Para botón de muestra: la caída del gobierno socialdemócrata de Olaf Scholz en Alemania y la convocatoria a celebrar elecciones anticipadas y, sobre todo, lo que está sucediendo con la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), una facción escindida del partido de izquierda que ahora se presenta como partido independiente con principios y valores conservadores y que defiende abiertamente los valores del mercado, la competencia y la propiedad privada, deslinándonse de cualquier indicio socialdemócrata. Resulta sintomático que las etiquetas políticas se desvanezcan en el afán de capturar votos a la extrema derecha. El impulso de Trump dará más brillo a los partidos de ultraderecha que participan en las elecciones europeas de este año: Alternativa para Alemania (AfD), el frente de derecha de Andrej Babis en República Checa, quien ha cuestionado los compromisos de Praga con la OTAN y atestiguado duros enfrentamientos con la Unión Europea y el partido Ley y Justicia (PiS) de Polonia que amenaza con retener la presidencia. Lo mismo sucede en Canadá con la caída de Justin Trudeau y el prometido de ascenso de Pierre Poilievre como próximo primer ministro, líder conservador, y a quien ya se le etiqueta por su modus trumpista. Este fenómeno toca terreno también en Australia con la posible caída del liberal Anthony Albanese, así como en Chile con el progresista Gabriel Boric, quién no participará en la contienda y considerando las preferencias de los votantes a favor del ultraderechista Antonio Cast, cercano al círculo de Javier Milei en Argentina. Otros procesos que atraen la atención son las intermedias en Japón, las generales en Singapur, la posible reelección de Daniel Noboa en Ecuador, así como la continuidad de Xiomara castro en Honduras. En Bolivia, el foco mediático se centrará al interior del MAS con las diferencias entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales. Las elecciones de 2025 representan un momento crucial para evaluar tendencias globales como el ascenso del populismo, la estabilidad de democracias consolidadas y los retos emergentes en economías en desarrollo. Los resultados no solo definirán el futuro de los países involucrados, también tendrán implicaciones significativas para el equilibrio político y económico mundial. ____ Nota del editor: Rina Mussali es analista internacional. Síguela en X como @RinaMussali. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión ]]>
El mundo corporativo es de competencia constante; los CEO, sus atletas de élite
Piensa en un atleta de alto rendimiento: un velocista de 100 metros que, en una carrera de 10 segundos, resume años de sacrificio, entrenamientos incansables y una disciplina inquebrantable. Cada movimiento, cada respiro, cada decisión es el resultado de una preparación minuciosa. Ahora, imagina a un CEO enfrentando los retos de liderar una organización global: lidiar con mercados cambiantes, motivar equipos diversos y cumplir expectativas de accionistas, todo mientras toma decisiones que impactan miles de vidas. ¿La similitud? Ambos necesitan algo más que talento para llegar a la cima: necesitan un coach. Así como un atleta necesita un entrenador para refinar su técnica y superar sus límites, un CEO necesita un coach ejecutivo que lo ayude a alcanzar su máximo potencial. Este coach no solo se enfoca en mejorar habilidades profesionales, sino también en equilibrar las dimensiones personales. Porque, en el mundo de los negocios, un líder desequilibrado puede perder tanto como un atleta fuera de forma. El coaching ejecutivo se convierte en ese espacio seguro y estratégico donde el CEO puede detenerse, reflexionar y recalibrar. Es como afinar la postura de un corredor o ajustar la brazada de un nadador: el coach ayuda al CEO a perfeccionar habilidades críticas como la comunicación efectiva, la gestión emocional y la toma de decisiones bajo presión, entre muchas otras. Basado en un proceso que llevé este pasado año, consideremos, a quien vamos a llamar Aída, una CEO de una empresa tecnológica que enfrentaba un crecimiento rápido y descontrolado. Su equipo directivo trabajaba en silos, la cultura organizacional era reactiva y Aída estaba al borde del agotamiento. Aunque había alcanzado muchos logros, sentía que algo faltaba. Al igual que un atleta que busca una ventaja competitiva, Aída decidió iniciar un proceso de coaching ejecutivo. Con el acompañamiento, identificó patrones de liderazgo que necesitaba optimizar, aprendió a delegar con eficacia, incrementó la cultura de rendición de cuentas y priorizó su bienestar. Con el tiempo, su liderazgo evolucionó: su equipo directivo comenzó a operar como una unidad cohesiva, los resultados financieros demostraron más sostenibilidad y Aída se convirtió en un modelo de resiliencia y claridad. Su organización no solo sobrevivió, sino que prosperó. El coaching ejecutivo no es un lujo, es una inversión imprescindible para aquellos que aspiran a ser líderes extraordinarios. Entre muchos, ofrece beneficios concretos que impactan tanto al líder como a la organización, tales como: – Incremento en la efectividad: Desarrollo de competencias clave como la delegación, accountability, la gestión efectiva de conflictos y una comunicación clara y asertiva. – Balance personal y profesional: Ayuda al líder a manejar las demandas sin comprometer su salud o vida personal. – Optimización de resultados: Refuerza la toma de decisiones, el pensamiento estratégico y la capacidad de inspirar a otros, incluso en entornos volátiles o BANI. Las ventajas competitivas son amplias. Entre muchas, un proceso efectivo de coaching ejecutivo impacta en múltiples niveles: 1. Mayor retorno de inversión para los accionistas: Decisiones más acertadas generan mayor valor y retorno de la inversión. 2. Sostenibilidad a largo plazo: Un liderazgo alineado garantiza la consecución de metas duraderas, alineadas a una Visión. 3. Estrategia clara y accionable: El coaching ayuda al líder a establecer prioridades y a mantener el enfoque en lo que realmente importa. 4. Cultura organizacional fortalecida: Líderes inspirados transforman equipos y logran mejor accountability. 5. Atracción y retención de talento: Un liderazgo efectivo atrae a los mejores talentos y fomenta la lealtad. 6. Capacidad de innovación: Un CEO con mentalidad de crecimiento impulsa la creatividad y el cambio. 7. Resiliencia en tiempos de crisis: Líderes preparados y con balance navegan las adversidades con confianza y determinación. El mundo corporativo es de una competencia constante, y los CEO son sus atletas de élite. Por cuanto, el CEO no solo es un atleta, también es un estratega que, como un ajedrecista, debe anticipar movimientos y actuar con precisión. En este desafío, el coaching ejecutivo no es opcional: es la diferencia entre participar y ganar. Al igual que un velocista no alcanza el podio sin un entrenador que lo desafíe y apoye, un CEO necesita un coach que lo impulse a alcanzar su mejor versión. Esta inversión no solo impacta positivamente en el líder, sino también en la organización y en todos los que dependen de ella. Al final, el legado de un CEO no se mide solo en logros, sino en la excelencia que inspira y deja tras de sí; su legado. ¿Cuál es, o será, tu legado? ¿Cómo quieres que te recuerden? Te invito a la reflexión. ____ Nota sobre Autor: Milton Rosario es cofundador y Socio Director de The OD Consulting Group. Es experto en Cultura Organizacional, Estrategia, Gobierno Corporativo y Desarrollo de Liderazgo Ejecutivo, además de desempeñarse como Consejero Independiente. Como Coach Ejecutivo especializado en el C-Suite, ha trabajado con líderes de alto nivel para impulsar su efectividad y legado. Fue Presidente del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes, A.C. (CNCPIE). Síguelo en LinkedIn. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión ]]>
Aranceles de Trump impactarán precios de internet y telefonía
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha encendido las alertas en México. El republicano -que tomará protesta como presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero- ha advertido al país con imponer aranceles, pero esta política afectaría a las telecomunicaciones ante un posible aumento de costos a insumos como la fibra óptica, trayendo consigo incrementos en los servicios de conectividad fija y móvil. La fibra es uno de los insumos más importantes para las compañías de telecomunicaciones debido a su capacidad de transmisión de datos a altas velocidades, para saciar la demanda de conectividad de los consumidores como de industrias. Los operadores de esta industria han apostado por desplegar mayores kilómetros de fibra para mejorar los servicios de internet y desarrollar 5G. Sin embargo, este tipo de cable para telecomunicaciones es un material hasta 10 veces más costoso que el cobre, que además implica mayores gastos para su instalación, como reparación al requerir mano de obra especializada por ser un material delicado. En el país algunos operadores de telecomunicaciones adquieren este insumo de Estados Unidos, aunque también existen compañías dedicadas a su fabricación en México, como Prysmian Group, pero parte de los materiales para su manufactura son importados, por lo que no podría evitarse el sobrecosto de gravámenes. Alberto Arellano, director de la unidad de infraestructura de la consultora IDC, comentó que aplicar una política arancelaria contra México traería problemas para los consumidores para pagar los servicios de conectividad, además restaría competitividad en la industria, debido a que pequeños operadores no podrían absorber de manera sencilla un impuesto para seguir tejiendo sus redes, en comparación con los grandes operadores como América Móvil, AT&T o Izzi y Megacable. “Si se aumentan los precios de la fibra óptica por temas de aranceles haría poco atractivo que un grupo de inversionistas quieran apostar por México y esto traería un impacto importante en el mercado de conectividad, en el que hemos visto que en los últimos años han entrado más jugadores trayendo consigo más competencia y opciones para los consumidores”, advirtió Arellano. En el país, las empresas de telecomunicaciones sortean los gravámenes de 35% a la fibra óptica por parte de la Secretaría de Economía en mayo pasado. Esto ha traído como consecuencia que los operadores fijos incrementen sus precios a los consumidores. Solo en 2024, Totalplay, Izzi y Megacable aumentaron sus tarifas hasta 50 pesos, pero la amenaza arancelaria de Trump podría aumentar de manera considerable las tarifas. Expansión solicitó postura sobre el tema a América Móvil, pero declinó hacer comentarios, mientras que AT&T y Megacable no estuvieron disponibles. Según el Observatorio de la Complejidad Económica (OEC), en 2022 México se colocó como una de las naciones que más importa fibra óptica a nivel mundial generando. Gabriel Navarro, CEO de Neutral Networks, firma de infraestructura crítica de fibra óptica, explicó que derivado de las amenazas del republicano, algunas compañías dedicadas a la fabricación de fibra en el país, pero con miras a su exportación o comercialización interna- sin detallar sus nombres- han comenzado a analizar si aumentarán su producción en el país o abrirán más fábricas para soportar la demanda que requiere México. “La política que quiere impulsar Trump es algo que se monitorea para evitar impactos en las operaciones, algunas compañías estudian la posibilidad de abrir una fábrica en México o en otras naciones en donde tengan otros convenios o donde no haya problemas de aranceles”, dijo Navarro. ]]>
Más leal y ecléctico: así se compara el segundo gabinete de Trump con el primero
Donald Trump advirtió que su regreso a la Casa Blanca, que ocurrirá en apenas unos días, significaría un sismo para Estados Unidos. Y los miembros que ha elegido para su gabinete son muestra de ello. A diferencia de su primer mandato, en el que tomó casi dos meses conocer al gabinete con el que gobernaría por primera vez, Trump anunció antes del final de noviembre a la mayoría de las personas que lo acompañarán en su gobierno. “Lealtad, lealtad, lealtad” El presidente ha favorecido la lealtad sobre cualquier otra cualidad en la selección de su gabinete, pues busca evitar lo que pasó hace ocho años, cuando terminó de manera amarga con varios de sus elegidos. «El mayor error que cometí fue elegir a gente (…) que no debería haber elegido», personas «desleales o malas», dijo Trump en octubre al podcaster Joe Rogan. Entre las personas a las que apuntaba su comentario está su exvicepresidente Mike Pence, que el 6 de enero de 2021 se negó a bloquear la certificación de la victoria de Joe Biden por parte del Congreso, en contra de las órdenes del entonces presidente Trump. Esta vez, el presidente electo espera haber elegido a un vicepresidente que le siga hasta el final: J.D. Vance. Desde su victoria, el 5 de noviembre, «lealtad, lealtad, lealtad» ha sido la consigna de Trump a la hora de componer su gobierno, explicó a la AFP Julian Zelizer, profesor de la Universidad de Princeton. En particular, el presidente electo nombró a Kash Patel, exfuncionario de alto nivel del Pentágono durante su primer mandato, para dirigir la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). En 2023, Patel aseguró que si asumiera cargo del FBI, las agencias policiales «perseguirían» a los periodistas, así como a ciertos funcionarios de la administración Biden. Variedad ideológica Donald Trump se rodeó su primer mandato de políticos conservadores con experiencia en sus carteras. Aunque ha mantenido esta base, Trump también ha hecho una combinación que incluye a varios multimillonarios con exestrellas de televisión y algunos nombramientos bastante polémicos. “En su primer gobierno se rodeó de pensadores más conservadores y los resultados mostraron que, en general, remamos en la misma dirección. Este es más ecléctico”, dijo Marc Shot, jefe del despacho del vicepresidente Mike Pence (2017-2021), a la agencia AP. Al igual que en su primer gobierno, Trump eligió a una mayoría personas blancas en su gabinete y a muy pocas mujeres para puestos clave. Esta amalgama de multimillonarios y fieles da como resultado un gobierno con perfiles a veces muy diferentes y una ideología un tanto heterogénea, sobre todo en lo que respecta al derecho al aborto y al calentamiento global. Zelizer pone el ejemplo de la elección de Lori Chávez-DeRemer como secretaria de Trabajo: esta exlegisladora republicana tiene fama de ser cercana a los sindicatos, en contraste con las posiciones de muchos de los jefes del nuevo gobierno de Trump. Para el profesor, sin embargo, «la mayoría de ellos siguen formando parte de la coalición ideológica» de la que Trump «dependía para ser elegido», y el nuevo gobierno debería mantener una línea uniforme. Nombramientos polémicos En este segundo gabinete, Donald Trump no ha eludido la polémica, pues varias de sus propuestas para encabezar puestos clave en su gabinete han sido cuestionadas por su pasado, o por su falta de experiencia en la cartera. El ejemplo más claro era el de el excongresista republicano Matt Gaetz, quien retiró su candidatura para encabezar el Departamento de Justicia tras las acusaciones de mantener relaciones sexuales con una menor de edad. Pete Hegseth, exmilitar y presentador de Fox News, fue elegido para ser secretario de Defensa, pero ha sido acusado de agresión sexual y abuso de alcohol. Robert F. Kennedy Jr., sobrino del presidente asesinado JFK, fue propuesto como ministro de Salud, a pesar de su falta de formación científica y su postura antivacunas. Setenta y siete premios Nobel escribieron una carta abierta oponiéndose al nombramiento. La Constitución estadounidense establece que el presidente «nombrará» y el Senado dará su «consentimiento y designará» a ciertos altos cargos del país, como los miembros del gabinete y embajadores. Cada uno de los nominados debe recibir el apoyo de una mayoría simple de senadores. Antes de ello, deben comparecer en persona ante los comités pertinentes —como el Comité Judicial en el caso del fiscal general— y responder preguntas sobre sus objetivos en el puesto o su trayectoria. El Partido Republicano cuenta con una mayoría apretada en el Senado, de apenas 53 de los 100 escaños. ]]>